Héctor Sánchez Rodríguez
Director Instituto de Salud Pública UNAB.
Estamos ad portas de un plebiscito inédito en la historia de nuestro país, y la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención constitucional es materia de debate obligado por parte de la ciudadanía, siendo la salud un área especialmente sensible para las personas.
Desde el Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, quisimos conocer cuál es la percepción de los habitantes de la región de Biobío acerca de la propuesta. Asimismo, de las políticas públicas anunciadas por el gobierno: un sistema de salud único y universal, integrado y de carácter público, con un sistema único estatal de gestión del financiamiento, e integrado preferentemente con el sistema estatal hospitalario y de atención primaria.
El sondeo en la región fue realizado en conjunto con la empresa de investigación IPSOS. Los temas abordados fueron las percepciones generales sobre la salud en la propuesta de nueva constitución, la creación del sistema universal de salud y su financiamiento, el destino de la cotización del 7%, las preocupaciones respecto del nuevo sistema y la libertad de elección, además de la forma de implementación de los cambios, entre otros.
Como primer punto, la encuesta destaca que las personas de Biobío están preocupadas, pues creen que de aprobarse la nueva constitución podría empeorar el sistema de salud. Un 33% de la población opina que el sistema de salud estará peor; un 16%, que seguirá igual y un 32% considera que dependerá de cómo se definan las leyes.
El sondeo también arroja que un 57% de los encuestados señala no estar de acuerdo con que exista un sistema de salud universal único y público, al cual deban pertenecer todos los chilenos de forma obligatoria. Asimismo, una amplia mayoría no está de acuerdo con que su cotización vaya a un fondo de salud común y solidario, y un 77% no está de acuerdo con no poder escoger quién le administra su cotización.
Por otra parte, se constata que un 66% de las personas de Biobío quiere un sistema de salud único, pero basado en los principios de la seguridad social, no dependiente del gobierno y con participación de trabajadores y empleadores, y que solo un 22% prefiere que sea administrado por el Estado y dependiente del gobierno.
A pesar de que la opción de la mayoría (66%) no es una de las alternativas discutidas ni en la convención constitucional ni por el gobierno, hay que considerar que es una opción válida que existe en muchos países con bastante éxito y que responde con mayor naturalidad a lo que es el uso-costumbre de los chilenos. Por lo tanto, es importante tenerlo presente como modelo a futuro.
Por otra parte, al observar las preocupaciones puntuales de las personas, vemos claramente que su mayor temor es no tener cobertura financiera en enfermedades de alto costo (90%). Un 88%, por no tener atención oportuna en enfermedades catastróficas. Un 86%, que se haga una mala administración de su cotización, y un 86%, que no pueda recibir tratamiento de forma oportuna.
En ese mismo sentido, las cifras arrojan que un 63% no está de acuerdo con perder la libertad de elegir para pertenecer al sistema de salud universal, y un 66% prefiere un sistema mixto con posibilidad de atenderse en centros privados. Es decir, las personas no quieren un sistema cerrado obligatorio, que se ajuste solo por listas de espera, pues saben que eso implica demora en la atención, y en muchos casos riesgo de fallecer.
Con todas estas cifras sobre la mesa, podemos ver que el mayor temor de las personas, más allá del sistema de salud que se implemente, es no poder elegir dónde atenderse. La congestión del sistema público aumentará inevitablemente si no se toman las medidas adecuadas para evitar que las listas de espera sigan incrementándose, lo que va de la mano con la falta de especialistas.
Por lo mismo, es imprescindible una reforma bien orientada y que se formule a partir de la realidad del actual sistema, con una transición que considere la variable “tiempo” pero, además, aquellas relacionadas con el desarrollo y maduración institucional del sector asegurador y prestador en el sistema público y privado. Y, sobre todo, poniendo en el centro la calidad y oportunidad de la atención que reciben los pacientes, y no los sesgos ideológicos que lamentablemente han teñido el debate.
