Conversamos con la líder ecologista sobre los alcances del megaproyecto, su propuesta para la matriz energética chilena, y también le consultamos qué sucede con los “pequeños hidroaisenes”, esas otras controversias ambientales que pasan inadvertidas en el resto del país. Apasionada, no deja títere con cabeza: reparte culpas y responsabilidades tanto al gobierno de Sebastián Piñera como a las administraciones de la Concertación; acusa a Daniel Fernández de ser un “mentiroso” y critica, ácidamente, el accionar de Bolívar Ruiz por su votación en Coyhaique. Además, asegura que la discusión sobre construir una línea de transmisión a lo largo de siete regiones, en pleno año de elecciones municipales, vaticina un “sombrío” pronóstico al futuro del proyecto HidroAysén.
Sara Larraín ha tenido en el último tiempo una agenda full time de marchas ciudadanas, seminarios, entrevistas a los medios y asistencia a programas de televisión. Es que, aunque junto a su ONG Chile Sustentable sigue muy de cerca desde hace cinco años el desarrollo del proyecto HidroAysén, no fue sino hasta la resolución aprobatoria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coyhaique, el pasado 9 de mayo, que las cosas explotaron.
El fallo de la comisión, compuesta por 12 seremis y la intendenta Pilar Cuevas, dio el sí a la construcción de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, en la Undécima Región, que demandarán una inversión de 3.500 millones de dólares. El proyecto, único en sus dimensiones y envergadura, está orientado a surtir un total de 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central (SIC), generando un debate de pasiones encontradas como desde hace años no se veía en Chile.
Una controversia que para muchos está en sus inicios, pues “el plato fuerte” vendrá cuando se discuta y evalúe la línea de transmisión de la energía eléctrica que recorrerá 1.912 kilómetros desde la Región de Aysén hasta Santiago, y cuyo costo, se estima, bordearía otros 3.800 millones de dólares.
Conversamos sobre los alcances del megaproyecto con la ecologista, miembro fundadora de la oficina para América Latina de Greenpeace, colaboradora de organizaciones como la Red Nacional Ecológica y ex candidata presidencial en 1989.
-Cuando fue invitada a Tolerancia Cero discutieron mucho sobre qué matriz energética era más conveniente, pero poco sobre el impacto ambiental que podría provocar HidroAysén …
-El enfoque del diálogo de Tolerancia Cero no estaba restringido a los impactos ambientales, que es lo más conocido. Pero es importante destacar que el proyecto HidroAysén con sus cinco represas inundará no “solamente seis mil hectáreas”, como dice la empresa, “no solamente el 0,03% de la Patagonia chilena”, como argumentan ellos. El primer tema es que hay que decir: seis mil hectáreas es el 70% de los valles de la provincia de Capitán Prat, que es el lugar donde están los mayores valores paisajísticos y la mayor actividad turística. Por otro lado, tiene un tremendo impacto ambiental, a futuro, porque si tú haces una línea para extraer la energía hidroeléctrica de los ríos de la Patagonia, a la larga estás pavimentando el camino para sacar toda la energía posible de esa zona, y eso significa que se represen todos los ríos de la Patagonia buscando este potencial hidroeléctrico, porque ya vas a tener la carretera de la energía.
-La defensa de HidroAysén ha sostenido que el principal objetivo es asegurar el abastecimiento del Sistema Interconectado Central…
-Esa es otra mentira de Daniel Fernández, porque el SIC abastece desde el sur de Antofagasta hasta Puerto Montt y, por lo tanto, Caserones, Pascua Lama, El Morro, Pelambre, cada una de ellas con su expansión están en el SIC. Al sur de Tal Tal está la Región de Atacama, donde hoy se está planteando la expansión minera más grande del país, a la cual se suma la expansión de Andina, en el Valle de Aconcagua; la expansión de Angloamerican o antiguo Los Bronces (…) Lo que el duopolio formado por Endesa y Colbún pretende a través de HidroAysén es consolidar el dominio del SIC. Ellos dominan más del 70% de la generación de ese sistema, lo que les permite una presencia que hace que en todas las licitaciones se adjudiquen todos los paquetes de energía, porque se bajan un centavo y dejan a todos los demás fuera de mercado (…) eso, a la larga es muy negativo para el país. Primero, porque impide la entrada de proyectos con fuentes diversificadas como pudieran ser eólicas, geotérmicas, etc y, por otro lado, porque agravan la actual distorsión en el mercado eléctrico chileno.
-Daniel Fernández protestó por el alto nivel de exigencias que el SEA de Coyhaique le puso a HidroAysén, entre ellas, que se realice una auditoría independiente; 50% de rebaja a tarifas eléctricas de los ayseninos; financiamiento total a plan de márketing de la Región; 6 a 7 auditorías temáticas. ¿No fueron suficientes?
-O sea, la reducción de tarifas la plantearon ellos mismos, como parte de la canasta de regalos que hizo HidroAysén a la Región. Yo creo que aquí, en el fondo, lo que está generando Daniel Fernández es que ellos también están afectados por una evaluación excesivamente exigente. Cuando la verdad, a estas alturas, nosotros pensamos que la resolución de calificación ambiental la deben haber hecho ellos mismos, porque se lleva a una persona de la Octava Región para que haga su pega sucia y después se va.
-¿Se refiere a Bolívar Ruiz?
-Sí, que además es PS, o sea que no tiene nada que ver con el bloque de Gobierno, sino que además se le lleva como funcionario para que haga la pega sucia y después se vuelve a su Región (la Octava).
-Respecto de su voto a favor de HidroAysén, Bolívar Ruiz argumentó que no había otra posibilidad que aprobar el proyecto porque éste acreditaba el cumplimiento de la normativa ambiental. “Si ésta es buena, mala, insuficiente, es un juicio que escapa a las labores del SEIA”, señaló…
-No, pero es que eso es sacarse el pillo. Lo que tiene que hacer el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el ente coordinador del procedimiento, es verificar que cada uno de los informes esté conforme a la normativa sectorial. Si aquello no ocurre o si hay cambios en los textos que no son coherentes, tiene que señalar que no corresponde, devolverlo al servicio, y decirle: “mire, aquí hay dificultades, incoherencias, por lo tanto, califique como corresponde”. Nosotros creemos que es absolutamente cobarde la posición de Bolívar Ruiz. Si no quería prestarse para este circo debió haber atribuido razones de salud, cualquier cosa. Porque, la verdad es que terminó siendo, junto con la intendenta, el verdugo de la Patagonia.
-Son acusaciones fuertes…
-Bueno, pero es que eso es, viejo. Mira, por algo la gente flota tantos años y en tantos gobiernos…
-¿Usted está cuestionando la idoneidad o capacidad de Bolívar Ruiz?
-No. Pero por qué una persona que estaba en la Octava Región, pasando de Conama a ser director del SEA, una persona que se supone que tenía una legitimidad técnica, se presta para un proceso viciado. Si es serio no debió haberlo hecho.
-¿Si no se construyen esas centrales, cómo mejorar el desarrollo de esa zona? No basta con el impulso del turismo.
-¿Pero qué es lo que va a aportar HidroAysén? Generación de algunos empleos; por la baja calificación de la Región seguramente serán algunos empleos mínimos de $180 mil o $200 mil… ponte tú que alguien pague un poco más, serán $300 mil durante un cierto periodo. El proyecto no ha asegurado apalancar recursos para servicios adicionales, por lo tanto, como lo dijo claramente el seremi de salud, que se abstuvo en la votación, este proyecto tiene una serie de impactos que no están considerados: la presión que significa gran cantidad de trabajadores para los servicios de salud, educación, hasta los aspectos más complejos, como es la convivencia de un enorme contingente masculino de trabajadores, por ejemplo, la estabilidad familiar, o la vida sexual de ellos (…).
-Se habla de energía más barata también.
-Es lo único, pero acá no se ha dicho que ellos van a hacer hospitales para los miles de trabajadores que llegarán. Es decir, ellos llegan a la Región, y el Estado, o sea, tú, yo, todos los chilenos, tenemos que hacernos cargo del resto de la cuenta. Distintos parlamentarios han hecho saber que no hay que creer en las ilusiones que están vendiendo. Ximena Rincón, que es la senadora que cubre Colbún –donde está la hidroeléctrica más grande que tenemos en Chile- sostiene que es la comuna más pobre de la Séptima Región. Los senadores de más al sur han agregado que Ralco, que, es justamente desde donde está saliendo un porcentaje importante de la energía del SIC, tenemos los índices sociales más bajos. Y allí se generó empleo, se generaron fundaciones, se supone que quedó instalada una infraestructura… mentira.
Entonces, la verdad es que no hay antecedentes.
-El ministro Cristián Larroulet afirmó que la actual administración ha aprobado inversiones por US$ MM 5.097 en promedio por año “distribuidas equitativamente entre fuentes renovables y termoeléctricas”, a diferencia del período 2000-2009, en que se aprobaron en promedio US$ MM 1.256 al año -equivalentes a 1.068 mega watt de capacidad instalada- distribuidas en 177 mega en energías renovables y 890 mega watt en termoeléctricas” ¿Comparte este análisis?
Ahí hay una manipulación de la información entregada por el Ministro que corresponde a una propuesta comunicacional, probablemente del grupo Tironi o de Walter Marcelo, que son los asesores de HidroAysén, porque hemos oído las mismas palabras de parte del Ministro Golborne, aparentemente todos repiten un mismo libreto. La Ley Eléctrica, decretada en el gobierno militar, establece la ausencia del Estado en la determinación de la política energética. Según sus mecanismos, los privados comunican al Gobierno los proyectos que van a construir, seleccionados dentro de la cartera de proyectos, de acuerdo con los que son más lucrativos en ese momento. Y lo que hace el Gobierno es que los pone en orden de entrada de ingreso al sistema eléctrico, en lo que se llama el plan indicativo de obras, que siempre son un periodo de diez años, y en relación al cual el Gobierno determina el precio de nudo. Eso se hace dos veces al año.
-Pero esto no es llegar y ponerse en la fila, se supone que hay una institucionalidad y un procedimiento…
-No, no, se ponen en la fila (…) no hay ninguna intervención del Estado que diga “mira cabrito, acá necesito un 30% de renovables no convencionales; necesito un 10% de hidráulica –como se hace en Brasil- un 15% de carbón”. Cuando tú te metías a la página web de la CNE (Comisión Nacional de Energía) el 2004 -en medio de la crisis del gas- veías en el plan de obras 2003-2013 ocho centrales a gas natural. Y resulta que no había gas natural, pero como era el combustible más barato de turno, todos los proyectos más rentables para las empresas ofrecían eso y lo comunicaban al Estado. Yo le dije al Ministro Rodríguez Grossi “Ministro… ¡saque ese mamarracho! de la página web!”. Eso muestra que hoy no hay un protagonismo del Estado en la determinación de la política energética.
-Hace poco, el ex presidente Ricardo Lagos realizó una controvertida intervención en este tema: postuló que no era razonable aprobar la construcción de las represas cuando la línea de transmisión no está aprobada ¿Cómo cree que se viene la mano en las etapas que siguen?
-A qué se refería Lagos: se refería a que los proyectos no se pueden evaluar en forma parcializada. HidroAysén debió haber evaluado sus centrales y el tendido como un proyecto único, porque tú no puedes hacer energía sin evaluar la línea en la cual la vas a sacar. Esto hubiera significado una evaluación de la institucionalidad a nivel nacional, porque cuando un proyecto afecta a más de una región se evalúa nacionalmente (…) Las empresas no van a hacer nada (respecto de la construcción de las represas) mientras no tengan aprobado el tema de las líneas, nadie va a dar plata con esa incertidumbre. Ahora, la línea, desde nuestra perspectiva, es prácticamente imposible que salga. Piensa tú que Daniel Fernández o HidroAysén la va a plantear en diciembre. Es una línea que cruza siete regiones, 52 municipios, en un año donde hay elecciones municipales, o sea…si Sebastián Piñera quiere perder todos los municipios de Chile, que siga con la tontera ésta.
-Un tema actualmente en debate es que este proyecto debió rechazarse durante el Gobierno de Michelle Bachelet en 2009, durante su “fase temprana”¿Cuál es su postura?
-En 2009, no. Ese proyecto no debió haber sido acogido a su tramitación el 2008. Porque si le faltaba información de línea de base, se podía aplicar el artículo 24 de la Ley de Bases del Medioambiente, que significa que el estudio de impacto ambiental carece de línea de base para ser evaluado, y por lo tanto se le devuelve a la empresa y se le dice que quedó para marzo ¿Por qué no se aplicó ese artículo? Por presiones, particularmente de Pérez Yoma. Lo que ocurrió es que la autoridad tuvo que trabajar en la región, prestarle apoyo a todo el país, para que los servicios hicieran 2.000 observaciones. Esas observaciones, prácticamente, es decirle “quedó para marzo”.
-¿Usted le atribuye responsabilidad política al Gobierno de Michelle Bachelet por la actual aprobación de la primera etapa de HidroAysén?
-Desde nuestra perspectiva hay una responsabilidad política, porque lo que debió haber ocurrido en el 2008, que era aplicar el artículo 24 no sometiendo a tramitación, porque lo que ha ocurrido es que tú has utilizado el aparato público durante tres años enteros, a los funcionarios, sacando tres Adendas. O sea, en el fondo, todo el aparato público pagado por nosotros le ha ido mejorando el proyecto a la empresa.
“Resolver el problema de Temuco es barato”
-Después de 10 años, en junio de 2010, la entonces Conama de la Novena Región aprobó un plan de descontaminación para Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, en el invierno de 2010 el lugar ya había superado más de 34 veces la norma de lo permitido ¿Quién responde por la efectividad de estos planes?
-Nadie, desgraciadamente, y es lo mismo que pasa en Santiago. Si tú te fijas, nosotros tenemos un plan de descontaminación que tiene más de diez años, y no están los temas solucionados. Particularmente, cuando tuvimos la crisis del gas tuvimos muchas situaciones de contaminación. Hay gente que estuvo grave. Lo mismo ocurre en Calama, allí se planteó un plan de descontaminación y en este momento ese plan no está ocurriendo. En Temuco, lo mismo, que finalmente no hay ningún responsable político por los planes de descontaminación, por lo tanto, si fracasan, no hay nadie que se vaya para la casa. Estamos entrampados por un problema serio porque debiera haber un responsable político de los planes de descontaminación. En este momento debiera ser el Ministerio de Medio Ambiente y el fiscalizador debiera ser la Superintendencia, pero hasta hoy todo el mundo pasa piola, en el Gobierno pasado renuncia el gerente del aire, todo queda en nada, y nadie se responsabiliza.
-En Temuco, el 93% de las emisiones contaminantes corresponden a combustión de leña. Es una ciudad que posee altos índices de pobreza y cesantía, y donde la leña es la fuente de energía más barata ¿Qué proponen para solucionar este problema?
-Hay una solución que se les ha señalado en todos los tonos, no es cara y tiene dos requisitos fundamentales: el primero es mejorar la calidad del combustible, es decir, la leña más seca, etc, y segundo, es mejorar los aparatos de combustión. Hay un atraso en la tecnología que quema la leña. Se tiene que ir hacia un tipo de estufa y cocina que tenga doble cámara y que reduzcan la contaminación. La leña es un combustible renovable, puede ser una bendición. Pero en Chile es una maldición, porque se quema sin secarse en un aparato de combustión antiguo que tiene muchas emisiones. En Europa la leña se corta el año anterior, y tú tienes que tener cierta humedad para poder venderla, si no, no puedes. Y después hay aparatos de combustión que son más eficientes. Acá, desgraciadamente hay una falta de voluntad política, porque resolver el problema es barato, en relación con los impactos positivos sociales de reducción de costos de salud.
-¿Por qué no se ha prestado atención a otros proyectos que también han generado descontento en algunos ciudadanos, como la construcción de una central hidroeléctrica en el río Picoiquén, por parte de la empresa HidroAngol (del grupo italiano Hidroenergía)? En la zona temen que afecte a la agricultura.
-No lo conozco. No hemos tenido información acá ¿por qué no envían esa información a los medios nacionales?
-Incluso la Corte Suprema dio luz verde para la construcción de la central, tras rechazar un recurso de protección interpuesto por el alcalde de Angol.
-Ya. No, si el recurso de protección no sirve, eso se sabe, por eso se están creando los tribunales ambientales. No tenía idea de ese proyecto.
-En Argentina existe un movimiento muy fuerte en contra de la posibilidad de que Endesa construya una represa en la cuenca binacional del Río Puelo, señalada como Reserva Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acá, en Chile, es un tema que aún no cobra relevancia ¿Piensan tomar una postura al respecto?
-No tengo información de que haya ingresado ninguna evaluación ambiental de ningún proyecto en el río Puelo. Lo voy a averiguar.
-Daniel Fernández ha denunciado una fuerte campaña para desprestigiar a Hidroaysén, que sería financiado a nivel internacional ¿Ha recibido usted o su grupo dineros del extranjero para atacarlos?
-Lo primero que tengo que señalar es sí, nosotros recibimos financiamiento internacional de varias fundaciones, sin embargo, el primero que tiene que aclarar quién le paga es Daniel Fernández, porque él está contratado por una empresa trasnacional más el grupo Matte y, por lo tanto, el que tiene gran parte del financiamiento internacional es Daniel Fernández. Él recibe mensualmente $50 millones, que es prácticamente con lo que muchas de las ONGs viven durante todo el año.
-En un momento se rumoreó que el empresario Rodrigo Danús financiaba a “Patagonia sin represas”, dados sus intereses en construir centrales a carbón…
-En esa cuestión estás atrasado en las noticias, viejo. Esa es una denuncia que hizo Hidroaysén hace como tres años, no pudieron probar absolutamente nada.
-Según Danús, las hidroeléctricas son más contaminantes y provocan mayor impacto ambiental que las centrales a carbón…
-Eso es un problema de Danús (Nota de la R: gira el dedo frente a su oreja, en señal de locura). Es un personaje.
¿Qué matriz energética conviene más?
-Según la tesis del Gobierno y de Daniel Fernández, Chile tiene hoy una capacidad instalada de 13.000 mega watts. Si el país desea mantener un ritmo de crecimiento al 6%, en diez años más tendrá que duplicar su capacidad energética. Postulan que si no hay energía hidroeléctrica, se construirán más centrales a carbón ¿Qué alternativas ofrecen ustedes?
-Aceptemos que hay que duplicar la matriz para el 2020. Eso significaría un poquito menos de 22 mil megas, o algo así. Nosotros hicimos el ejercicio con Empresas Eléctricas, Fundación Chile, Fundación Avina, etc, de hacer un plan de obras al 2030, con una capacidad instalada de 35 mil megas, en el cual incluimos eficiencia energética y energías renovables como fuentes prioritarias. Nos dio un plan de obras con un costo de 17 mil millones de dólares, con aproximadamente 56% de energías renovables no convencionales: geotermia, pequeña hidráulica, solar, y eólica. Y nos dio un precio promedio de la energía de 75 dólares el mega watt; o sea, un tercio de lo que es hoy el costo de la energía.
-¿Quién dirigió este estudio?
-El que modeló los planes de obras fue Hugh Rudnick, de la Universidad Católica. El estudio que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez, que incluyó más electricidad, les dio un margen más o menos parecido, entonces acá hay una enorme distorsión en cuanto a la información, porque aquí lo que están presentando es que si Chile no aumenta las grandes térmicas y las grandes hidroeléctricas, prácticamente vamos a tener que apagar la luz. La última información que presentó el Ministro Raineri, antes de dejar el cargo, es que Chile en ese momento -fines de 2010- tenía proyectos por 8.900 megawatts con aprobación de impacto ambiental, posibles de ser construidos mañana. Por lo tanto, el mismo señaló: “Chile no enfrenta una crisis energética”.