Dr. Jorge Maluenda Albornoz.
Académico, Facultad de Ingeniería.
Universidad de Concepción.
Los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) saltaron a las noticia por la paralización del sector de educación pública en la región de Atacama.
El caso se destapó producto de supuestos acuerdos incumplidos entre el ministerio de Educación y el magisterio, los que tienen que ver con una serie de problemas que fuero dados a conocer en marzo de este año, pero que persisten hasta la fecha.
Mucho se ha hablado sobre la calidad de la política iniciada por la expresidenta Michelle Bachelet el año 2017 a partir de la ley 21.040, que crea y regula el Sistema de Educación Pública. Sin embargo, los problemas citados por los profesores y las autoridades relacionadas se focalizan principalmente en temas asociados a la falta de recursos para afrontar deficiencias de infraestructura crítica y superar las brechas educativas existentes.
Pero las raíces de este impasse son más profundas y de larga data. Desde el año 2019, tanto informes propios del Consejo de Evaluación de los SLEP como externos de universidades han dado cuenta de estas falencias.
En 2019, el Consejo de Evaluación indicaba sobredotación y falta de profesionalización en el sistema educativo, lo que tempranamente daba luces de la falta de recursos para su implementación. Solo un dato: la Contraloría detectó que, a la fecha, el SLEP de Puerto Cordillera tiene un déficit presupuestario de $4.953 millones.
Otro estudio del mismo año, efectuado por diversas universidades y titulado “El primer año de los Servicios Locales de Educación Pública”, informó problemas serios relacionados principalmente con gestión y recursos. En el primer aspecto se evidencian problemas de planificación, articulación entre entidades públicas (Mineduc, superintendencias, departamentos provinciales de Educación, municipios, etc.), desconocimiento de los nuevos procesos de gestión, rotación de directivos, por citar algunos. En cuanto al tema de los recursos, aparece la falta de personal y de recursos económicos para mejorar la infraestructura y los servicios básicos, deudas, entre otros.
En 2021, el Centro de Políticas Públicas UC volvió a advertir sobre los problemas de gestión y personal vinculados con capacitación y liderazgo de los SLEP; mala articulación entre sistemas públicos para lograr el traspaso adecuado de la información administrativa y académica, y deficiencias de infraestructura, cuya propiedad en muchos casos no está acreditada.
“La situación duele. Por el derroche suntuoso de recursos públicos y por la desidia de los políticos que llegaron al gobierno enarbolando la relevancia de la educación. Pero, sobre todo, duele porque miles de niños… llevan meses sin clases, y otros millones, llevan años en una precariedad educativa, cuyos efectos les acompañarán toda la vida”.
El mismo año, el propio Consejo de Evaluación confirmó los problemas de infraestructura relacionados con ampliaciones sin permisos municipales y de mantenimiento en general.
En 2022, la misma entidad volvió a emitir alarmas sobre la gestión del capital humano contratado, advirtiendo que muchos funcionarios “reabsorbidos” de la educación municipal fueron ubicados en cargos para los cuales no tenían las competencias. Si a ello le sumamos el cuoteo político y la burocracia excesiva del sistema, tenemos un cóctel perfecto para el fracaso. Era la crónica de una muerte anunciada.
Algunas conclusiones generales. Primero, el problema no es nuevo y se viene acumulando de manera progresiva gobierno tras gobierno, ministro tras ministro y presidente tras presidente, y parece no tener color político.
Segundo, la profundidad de esto excede los recursos y tiene asidero, principalmente, en las decisiones y gestión de las autoridades encargadas de planear, dirigir y controlar la adecuada implementación y desarrollo de la ley, la que no ha logrado ser una política de estado.
Finalmente, parece ser que la displicencia tanto de las autoridades políticas como de los gestores escogidos para dar vida a esta ley -tanto a nivel político como gerencial- es el centro del problema.
Como excusa ante esta problemática, el ministro Cataldo indicó que “no existe presunción de dolo; quizá, un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema de administración pública”, pero acá están involucradas decisiones sobre el uso de los recursos, contratos, articulación entre entidades públicas y muy posiblemente nepotismo, aspectos de la más alta responsabilidad política y administrativa.
La situación duele. Por el derroche suntuoso de recursos públicos y por la desidia de los políticos que llegaron al gobierno enarbolando la relevancia de la educación. Pero, sobre todo, duele porque miles de niños que carecen de otras opciones llevan meses sin clases, y otros millones, llevan años en una precariedad educativa, cuyos efectos les acompañarán toda la vida.
