El proceso constituyente (de hecho) en el cual hoy estamos inmersos no comienza con las movilizaciones sociales de octubre del presente año, sino que ve la luz en los cabildos convocados en 2016 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Allí las discusiones se dieron en dos frentes. Primero, en cuanto al contenido del nuevo texto, cuyas reflexiones fueron desde aquellos que defendían una constitución con un contenido mínimo pero fundamental, marco en el cual se encuadrará el legislador en su rol de regulador de la contingencia, versus aquellos que percibían aquel proceso como una oportunidad para ampliar no solo los derechos sociales y su tutela, sino que, también, el número de órganos constitucionales con carácter controlador.
Julio Muñoz Villa,
Abogado, cientista político, master en Democracia y Buen Gobierno, y master en Estudios Europeos. Director carrera de Derecho udla, Concepción.
Y, segundo, una discusión centrada en la aceptación o no de la asamblea constituyente como el mejor de los mecanismos para crear y aprobar una nueva carta fundamental. Importante es, con la perspectiva del tiempo, recordar cómo aquel proceso histórico de participación ciudadana, inédito y esperanzador, fue boicoteado por parte de la oposición política de la época, sepultando la valiosa oportunidad de escuchar a una sociedad agotada de abusos que reclamaba avanzar en la construcción de un Chile más justo, democrático e inclusivo. Cabildos que, paradójicamente, el gobierno de Sebastián Piñera ha expresado que podrían considerarse para el debate de una nueva constitución. Y ello porque fue justamente él quien irrumpió en aquel proceso, llamando en reiteradas ocasiones a restarse del mismo, emplazamiento que el comité político de Chile Vamos adoptó el 9 de mayo de 2016. Eso sí, con la crítica de Evópoli y sel senador Ossandón, quienes defendieron la legitimidad del proceso y la participación activa en los cabildos a lo largo de Chile.
Pero aquellas demandas ciudadanas convenientemente enterradas bajo el inocente convencimiento de su fenecimiento en 2016, estallaron este año, en un furioso octubre, en la cara de la complaciente clase política chilena. Hoy somos testigos cómo de nuevo la sociedad desde las calles les reclama, amparada en legítimas, pacíficas, multitudinarias y diversas movilizaciones, un nuevo pacto socio-político trazado y fundado en los intereses colectivos, recordándole a los detentadores temporales del poder político, cada día, luego de aquel despertar, que solo el pueblo constituye origen, control y destinatario del ejercicio de dicho poder.
Les exige además, hoy más que nunca, consecuencia, responsabilidad y sensibilidad política en las respuestas institucionales.
A esta altura es primordial no olvidar que requerimos necesariamente de la comunidad para subsistir y desarrollarnos. Comunidad en la que radican las más diversas discordias y antagonismos, originadas en la defensa de determinadas creencias, valores, comportamientos, privilegios o en el control mismo de los recursos. Esto eleva a la política, por sobre la fidelidad familiar o el intercambio económico, por ejemplo, como la vía por excelencia de respuesta colectiva eficaz y vinculante al desacuerdo y la tensión social. Allí radica la trascendencia de la actual reflexión constitucional, la que no es patrimonio de juristas sino de la sociedad toda. Porque la constitución como norma jurídica fundamental no solo tiene por objeto establecer valores, principios y normas básicas de la convivencia social, sino también regular la actividad política, principalmente la del Estado, organizándolo y estableciéndole fines y límites a sus actuaciones.
Este momento constitucional, esencialmente constituyente, nos invita democráticamente al desafío histórico de poner una lápida a la constitución actual, de instauración ilegítima y espíritu de sumisión de lo político a lo económico. Esto solo puede ser posible mediante un mecanismo que asegure por sobre cualquier otro, sin amarres, participación y decisión de todos en la creación de un nuevo orden constitucional, social y democrático de derecho, que traspase e identifique generaciones.