Estos últimos cinco meses han sido violentos, impredecibles y de cambio desde todo punto de vista.
Hace unas semanas, un diputado del Partido Regionalista Verde Social, elegido con apenas 10.063 votos, solicitaba a la Cámara Alta dar cuenta de los mecanismos establecidos en la Constitución para inhabilitar por impedimento mental al Presidente de la República. Cuando escribía esta columna veía en la televisión el anuncio de que se suspendían las clases para los estudiantes por la pandemia más grande del último siglo. Todo esto mientras el dólar superaba los 860 pesos y los economistas del mundo ya anunciaban una inminente recesión.
Yo simplemente decidí apagar el televisor, que jamás debería haber encendido, para dedicarme a analizar las últimas modificaciones legales que empezarán a regir en nuestro país.
En lo electoral se aprobó la ley que garantizará la paridad de género para un eventual órgano constituyente. Esto permitiría que la nueva Constitución, de ganar el apruebo, sea elaborada por igual número de hombres y mujeres. Un experimento que, en lo personal, me parece poco afortunado, a menos que se crea que el vestido o el pantalón son más importantes que las ideas.
Respecto al voto obligatorio, no aparece ninguna nueva ley bajo el sol. Sin embargo, los congresistas parecieran estar a punto de lograrlo. Si me preguntan a mí, el derecho a “no votar” debería ser un derecho fundamental.
“En materia procesal tributaria se avanza en forma inédita. Por primera vez en la historia, el Servicio de Impuestos Internos deberá probar sus pretensiones en el tribunal, al modificarse el artículo 132 del Código Tributario. Bienvenido debido proceso”.
En lo social, se aprobó el ingreso líquido mínimo garantizado de $300.000 y el gobierno anunciaba más de once mil millones de dólares para paliar la “gran depresión” que se viene.
En lo que toca a impuestos, comenzó a regir una nueva ley tributaria que curiosamente trae una serie de beneficios para los contribuyentes. El más atractivo: la rebaja de contribuciones para los propietarios de la tercera edad.
En materia procesal tributaria se avanza en forma inédita. Por primera vez en la historia, el Servicio de Impuestos Internos deberá probar sus pretensiones en el tribunal, al modificarse el artículo 132 del Código Tributario. Bienvenido “debido proceso”.
En temas de abusos se presentaron cuatro proyectos de ley destinados a terminar con los vicios del empresariado. Se propone aumentar las facultades investigativas de la Fiscalía Nacional Económica, se elevan las penas por delitos de colusión, de uso de información privilegiada, y se crean otras figuras penales, como la Denuncia anónima. Veremos en qué terminan estos proyectos.
A nivel judicial, destacan dos sentencias: la de la corte de Apelaciones de Santiago, que impuso la prisión preventiva para 28 sujetos integrantes de la “primera línea”, y la sorprendente sentencia de Ia corte de Apelaciones de Talca, que acogió el recurso de protección que ordenó a una AFP entregar a un afiliado sus fondos de capitalización individual. Veremos si pasa el cedazo de la Corte Suprema.
En fin, tiempos violentos, impredecibles y de cambio que, curiosamente, parecieran estar modificando la ley para bien. Tiempos Modernos II.
