Ricardo Fuentes Lama
Ingeniero Comercial, Magíster en Ingeniería Industrial.
Director de Ingeniería Comercial – Director de Postgrados, Facultad de Economía y Negocios UNAB Concepción.
Tras cuatro años de tramitación en el Congreso, finalmente, el Senado aprobó la adhesión de Chile al TPP-11. Ahora, para su entrada en vigencia, solo resta la ratificación del Presidente de la República. Una decisión que, hasta la hora de escribir esta columna, aún no tenía fecha.
¿Por qué la demora en su tramitación y por qué la espera del Gobierno? La respuesta está en diferencias ideológicas sobre su conveniencia, las que se han profundizado en el último tiempo, generando dudas en la opinión pública sobre las implicancias de este acuerdo.
El TPP-11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), conformado por 11 países, es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico, que busca facilitar el comercio regional y establecer para ello marcos legales predecibles; promover el crecimiento sostenible, y reducir y eliminar aranceles y barreras no arancelarias, delimitando reglas comerciales vinculantes.
De los 11 países que lo integran, nueve ya lo firmaron. Solo Brunei y Chile lo tienen pendiente. Mientras, Reino Unido, China, Corea del Sur y Uruguay buscan sumarse.
Pero, ¿por qué genera controversia? Entre los principales argumentos que se han oído, están los aspectos asociados al mecanismo de solución de controversias. Y es que, en caso de conflicto entre inversionistas y estados receptores, se crearán tribunales ad hoc y no habría instancias de apelación. Hay quienes que señalan que dichos tribunales no gozan de buena reputación y, otros, que estos tratados son entre países con desarrollos asimétricos, con distintas regulaciones y estándares, y que su concreción no implicaría un aumento en las exportaciones, pues su impacto sería marginal.
En este punto hay que aclarar que dichos mecanismos de resolución de conflictos existen en todos los tratados previos que tiene nuestro país, y que son instrumentos necesarios, que en la “historia de conflictos” han favorecido mayoritariamente a Chile.
“Lo cierto es que este tratado moderniza y mejora redacciones anteriores en materia de resolución de conflictos, abre etapas para acuerdos y fortalece la autonomía de la voluntad de las partes al permitir escoger instituciones y árbitros”.
También se argumenta que suscribirnos compromete nuestra soberanía, lo que es incomprensible, pues el tratado señala que el Estado puede establecer sus propias regulaciones y políticas públicas, como ya lo hizo Nueva Zelanda en su reforma a la inversión extranjera.
Lo cierto es que este tratado moderniza y mejora redacciones anteriores en materia de resolución de conflictos, abre etapas para acuerdos y fortalece la autonomía de la voluntad de las partes al permitir escoger instituciones y árbitros.
Observando las perspectivas de crecimiento del PIB en Latinoamérica y el Caribe para 2023, entregadas por el Banco Mundial, podemos ver que, de los 18 países considerados, Chile tiene el peor indicador, con un crecimiento proyectado de -0,5%, menor incluso que el de Haití (-0,1%). El resto de la región, en tanto, crecerá a distintas tasas, con peaks de hasta 5%.
Ahora, si vemos la situación de nuestros competidores en materia de exportaciones, Perú tiene una proyección de crecimiento de 2,6% y México, de 1,5%.
“Se trataría del acuerdo más importante de la historia, pues considera temas tan relevantes como equidad de género, derechos laborales, protección ambiental, medidas anticorrupción, pymes y responsabilidad social empresarial”.
Viendo esto, ¿estamos en condiciones de “restarnos” del tercer tratado de comercio más importante del mundo? ¿De renunciar a mejorar nuestras condiciones comerciales con los países firmantes y tener una plataforma comercial común en el Asia Pacifico? ¿De seguir dándoles ventajas a países suscritos y que ya gozan de esta realidad?
Con una economía tan golpeada, con una inflación que no da tregua, con la caída de la actividad y un aumento en el desempleo, la respuesta es no.
El TPP-11 es una oportunidad para combatir este complejo escenario. Permite dar señales, entre otras, de estabilidad y de inversión. Además, debemos recordar que la política exterior y económica de Chile han sido fundamentales -desde el retorno a la democracia- para grandes avances en materia de desarrollo nacional. Por tanto, un país pequeño como el nuestro no debe desaprovechar instancias estratégicas como esta.
Los TLC suscritos nos han llevado a ser competitivos en los mercados internacionales, por lo que ser parte de este acuerdo es situar a Chile en la discusión sobre las futuras reglas de la zona económica mundial más dinámica, el Asia Pacífico, hasta donde llega más del 50% de nuestras exportaciones.
Este acuerdo nos significa mejorar el acceso de más de tres mil productos, con nuevas preferencias arancelarias, en sectores como el agrícola, forestal, lácteos, carnes, productos del mar. También permite diversificar nuestras exportaciones, que hoy dependen de nuestros principales socios (EE. UU y China), destacando aperturas de Japón y Vietnam.
Es una oportunidad para sentarse a la mesa y conversar -con un tratado progresista y un marco jurídico moderno-, por ejemplo, sobre comercio electrónico. Asimismo, desde el punto de vista de los elementos sociales, se trataría del acuerdo más importante de la historia, pues considera temas tan relevantes como equidad de género, derechos laborales, protección ambiental, medidas anticorrupción, pymes y responsabilidad social empresarial.
Finalmente, el TPP-11 también brinda la oportunidad de encadenamientos productivos, pues cambia las reglas de origen, considerando como nacionales insumos que vengan de otros países, lo que permitiría a Chile importar materias primas sin aranceles, elaborar insumos, agregarles valor y reexportarlos sin impuestos.
