Justo en la mitad del penúltimo mes del año, Concepción tuvo un gris despertar. Una máquina que se ocupaba en las faenas de construcción del puente ferroviario había sido quemada en un nuevo ataque incendiario en la capital regional. Habría sucedido a eso de las 6 de la madrugada, tras lo cual se inició una investigación para dar con sus autores. La policía encontró en el lugar un papel con un mensaje que decía: “En memoria de todxs los caidxs en manos del Estado $hileno capitalista asesino”.
El hecho, aunque sorprendente dadas sus características, lamentablemente no es el primero en la ciudad. Hace una semana, desconocidos también quemaron maquinarias de empresas que construyen la costanera que une Concepción y Chiguayante. Ambos atentados ocurrieron a menos de un kilómetro del Barrio Cívico y de importantes áreas de servicios.
El problema es que a estos dos ataques, se suman dos vehículos incendiados en la Universidad de Concepción, hecho que sucedió en octubre del año pasado; el atentado en contra de una automotora, también en octubre, pero del 2020, y la destrucción de tres torres de alta tensión, en septiembre último, en la comuna de Hualqui.
Delitos de las características de los dos últimos atentados, en la frontera norte del río Bío Bío, y fuera de lo que se considera la macrozona sur, no eran comunes. No obstante, sí esperables, dadas las situaciones similares que se venían sumando en nuestra zona.
De ahí que sorprende la candidez que se aprecia en el tono de las respuestas de las autoridades de gobierno en la región al hablar de “un conflicto que se mueve”, que debe tomarse con toda la preocupación que ello “merece”. Sin embargo, el ataque del 15 de noviembre, a solo metros de la oficina de la delegación presidencial, hace dudar que aquella preocupación se haya traducido en medidas urgentes que permitiesen, al menos, anticipar la ocurrencia de delitos similares.
Ya hay voces que se alzan para ampliar el estado de excepción constitucional de emergencia a la provincia de Concepción. Pero esta es una iniciativa que recae en el gobierno, y la decisión de proponerlo al Congreso solo está dentro de sus facultades.
Se desconoce también, si a largo plazo hay alguna política que prevenga y, con ello, obstaculice o decididamente frene nuevos ataques que podrían escalar en intensidad. Lo que sucede hoy en la macrozona sur es el mejor ejemplo de cómo la falta de medidas claras, específicas y correspondientes a las necesidades y realidades locales se transformó en un conflicto descontrolado sin luces de apaciguarse.
Hoy desde el gobierno central se trabaja en un acuerdo transversal sobre seguridad, y se adelanta una política nacional en contra el crimen organizado que se anunciaría próximamente. Y está bien, pero mientras eso sucede, desde la región del Biobío necesitan tomarse medidas que protejan a sus habitantes. No podemos seguir mirando hacia la región Metropolitana para encontrar las respuestas. Es hora de un trabajo mancomunado, eficiente y efectivo. Si el conflicto de la macrozona sur o uno de otro tipo y causa se “mueve” a nuestra zona, nosotros también debemos hacerlo, para reaccionar a tiempo, prevenir y protegernos.
