El terremoto y maremoto que asoló la zona centro sur del país demostró que no estábamos preparados para enfrentar una catástrofe de esa magnitud e incluso una inferior. Todo fue caos, confusión y aislamiento. No resulta lógico que la máxima autoridad regional del momento, Jaime Tohá, reconociera que estuvo 48 horas sin poder comunicarse con el gobierno central. También lo es la confusión generada entre la Armada y la Onemi sobre la ocurrencia de un tsunami que llevó a la Presidenta de la República a descartarlo por la información errónea recibida.
Los chilenos no sólo están molestos, sino que no logran entender tanta falta de rigurosidad en relación con las víctimas fatales. Cifras preliminares hablaban de 790 fallecidos, ahora se reconoce poco más de 350. Y sin ninguna explicación en menos de 24 horas, se modifica el número, ya que había hasta 17 personas repetidas o los Rut no eran coincidentes, en una misma lista oficial.
Sólo la intuición de miles de ciudadanos que huyeron hacia lugares altos y que salieron oportunamente de sus viviendas, en las zonas costeras, evitó que los muertos fueran miles. Está el caso de la provincia de Arauco, en las caletas de Llico y Tubul, donde los pescadores y sus familias permanecieron en los cerros, pese a que la policía les señalaba bajar de ellos, tras el comunicado de la Onemi.
El colapso que sufrieron las comunicaciones no puede repetirse. Debemos tener un sistema que opere eficientemente frente a este tipo de fenómenos naturales. Es inconcebible que las principales autoridades de Gobierno, Fuerzas Armadas, policías y la Onemi ni siquiera tuvieran teléfonos satelitales y que, algunos, insistieran en bajar el perfil a lo ocurrido desde un escritorio en Santiago. El suponer que la tecnología no fallaría, incluso como lo reconocieron posteriormente los altos mandos de las Fuerzas Armadas, nos llevó a dejar de lado seguros y tradicionales sistemas como la radiocomunicación y el morse, que pudieron ser de gran ayuda para mantener la conectividad de las zonas más golpeadas por el sismo con el resto de país y poder así dimensionar lo que estaba pasando. Sólo días después se supo que Dichato y la mayoría de las caletas de la provincia de Arauco habían sido devastadas por la acción del mar.
Hay que destacar el esfuerzo hecho por la radio Bío Bío que, pese a las dificultades iniciales para salir al aire, se convirtió en la única fuente informativa para miles de ciudadanos y las propias autoridades quienes, a través de sus micrófonos, daban a conocer algunas medidas, en su mayoría insuficientes, para lo que se vivía. Por medio de sus despachos no sólo conocíamos historias dramáticas, sino que nos imponíamos de la ola de destrucción que iba más allá de lo que podíamos observar en nuestro entorno. Incluso, con el aporte de sus auditores se creó una farmacia de emergencia y la comunicación necesaria que permitió salvar muchas vidas de quienes necesitaban un medicamento o equipo especial. Un trabajo sacrificado, pero que ha recibido el reconocimiento de toda una comunidad, especialmente, por el sistema de mensajes para saber de parientes que estableció cuando todas las comunicaciones formales no operaban.
Es lamentable para el equipo periodístico de Revista NOS haber tenido razón cuando, en un reportaje de enero de este año, advertimos con motivo de los 5 años de un falso tsunami que dejó dos muertos, que no había ningún plan de contingencia para enfrentar un fenómeno real. Todo lo prometido, como señalizaciones, zonificación de lugares seguros, rutas y operativos masivos de evacuación, nunca se ejecutaron.
Resulta también impresentable que aún no se financie una red de estaciones sísmicas en la Región del Biobío, pese a que científicos, entre ellos Adriano Cecioni, de la Universidad de Concepción, vengan insistiendo en el tema desde hace muchos años, sin ningún resultado, considerando que se producen diariamente unos 2.000 temblores -de los cuales percibimos sólo los de mayor intensidad- y que estamos en una falla geológica extremadamente activa con un gran historial de terremotos y tsunamis.
Tenerla nos permitiría conocer de manera oportuna la magnitud de cada sismo y poder de inmediato comunicar una alerta temprana de maremoto para las evacuaciones que correspondan, siendo un antecedente que se podría conocer entre siete y quince minutos después de ocurrido el movimiento telúrico, señalan los expertos. Paradojalmente, hoy, para saber la intensidad de un terremoto debemos esperar la información emanada de Santiago, específicamente de la Universidad de Chile y de las oficinas centrales de Onemi, o la proveniente de Estados Unidos, situación que se complica si los sistemas de comunicación colapsan, como ha acontecido en estas emergencias. Y lo más increíble y que nunca puede volver a ocurrir es que la Oficina Regional de Emergencia del Biobío operara sólo con un director y menos de cinco funcionarios.
Otro gran desafío es asumir ¿qué pasó con la calidad y seguridad de las edificaciones en la zona del Gran Concepción?, donde más de 70 edificios, en su mayoría nuevos, presentan graves problemas estructurales y no menos de una docena deberá ser demolido, como también más de 6.000 viviendas.
Nos golpea y nos duele a todos que la imagen del terremoto que recorrió el mundo sea la del edificio Alto Río, torre de 15 pisos, que colapsó de manera inexplicable dejando 8 víctimas fatales y otras 79 que en su mayoría escaparon por sus propios medios. Un edificio vendido por la inmobiliaria Socovil a quienes lo moraban como antisísmico, que se partió en dos, cayendo de espalda al río Biobío. Habrá explicaciones, como las dadas por la Cámara Chilena de la Construcción, delegación Concepción, muy válidas para ellos -tras la renuncia de su presidente, propietario de Socovil- en el sentido que la evaluación de lo ocurrido con las edificaciones es positivo, en términos generales, considerando que de 970 edificios en altura, sólo uno colapsó. No obstante, ese argumento resulta inaceptable para cientos de personas propietarias de casas y departamentos que sufrieron graves daños y que en su mayoría no han tenido de parte de las inmobiliarias y constructoras una actitud de acercamiento. No estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, sino que de algo más simple: la responsabilidad económica, es decir, que se le garantizara el estándar de la solución habitacional que habían comprado, sin importar su valor ni el sector donde se emplazaban.
Llamamos a la reflexión y a la responsabilidad de toda la comunidad para esta vez hacer las cosas bien, porque es evidente que la prevención adecuada, como está probado mundialmente, permite reducir los impactos de fenómenos telúricos y maremotos, en muertes y menos destrucción. Es claro que no podemos reconstruir ciudades y barrios en zonas de riesgo, especialmente en las costeras, donde gran parte de ellas desaparecieron, como también en terrenos donde hay fallas geológicas. Los ejemplos son múltiples como lo ocurrido en la zona del edificio Alto Río, donde también presenta serios problemas otra torre colindante, un molino y el acceso del puente Llacolén. Lo mismo ocurrió en Los Ángeles, donde en una misma cuadra resultó destruida la mayoría de las construcciones, lo que no sucedió con otras donde las edificaciones eran aún más vulnerables.
Las normas de construcción, en su mayoría diseñadas para resistir bien sismos de hasta 7,5 grados de Richter, ya son insuficiente considerando la magnitud de los sismos, porque si ahora tuvimos uno de 8,8 grados, hay que pensar que podrían venir otros de hasta 10 grados.
Asimismo, se requiere de un profundo debate de toda la sociedad respecto del llamado terremoto social con una ola de saqueos y vandalismo que no tuvo ninguna justificación a horas de ocurrido el terremoto y maremoto. Más aún cuando en esas acciones también participaran personas de todos los sectores sociales y no fueron la mejor postal de Chile que recorrió el mundo, imagen muy lejos del país casi desarrollado que creíamos ser. Y lo mismo con la negativa de las autoridades de Gobierno a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, para asegurar el orden público, luego que se desatara la expresión de mayor miseria humana de cientos de chilenos que no sólo saquearon establecimientos comerciales, sino incluso viviendas de quienes ya lo habían perdido casi todo.
Del nuevo ejecutivo se esperaba una determinación más rápida en la designación de los futuros intendentes en las regiones más afectadas por el sismo para que, junto con los titulares, tuvieran la información necesaria hasta el traspaso del cargo para una continuidad en las medidas para enfrentar la emergencia.
Todos los testimonios captados por el equipo periodístico de NOS ponen de relieve que tampoco existe un sistema de distribución de ayuda que sea expedito y que favorezca a quienes realmente lo necesitaban. En tal sentido, debe haber un organismo central que coordine todo ese proceso, en un trabajo conjunto con municipios y las organizaciones sociales, para la efectividad de la entrega, junto con establecer criterios generales que puedan implementarse en todas las zonas afectadas. Hay muchas personas que denuncian que a dos semanas del sismo no han recibido ayuda, porque no existen catastros efectivos.
Es prioritario que los organismos de Gobierno pertinentes modifiquen la legislación respecto de los seguros, porque su burocrática y compleja tramitación está complicando a la clase media y al sector industrial. Hay exigencias que resultan inaceptables en relación con la constatación de daños, ya que nadie puede mantener escombros o enseres destruidos por varios días hasta que llegue alguien de la compañía de seguros para constatarlo. Más aún que, frente a sismos de determinada magnitud se argumente que es imposible responder, porque “son hechos de Dios”. No resulta ético tener miles de personas pagando primas para que después no la puedan hacer efectivas por ese tipo de requisitos o argumentos sin ningún sustento lógico que aparecen cuando ocurren las tragedias, siendo desconocidos para la mayoría de las personas que los contratan.
Los miles de damnificados señalan que falta de parte del Estado chileno una legislación y normas más claras respecto de la responsabilidad ética y social en el ámbito de la construcción e inmobiliaria, para responder por lo ocurrido, especialmente por los daños en edificaciones nuevas. No sólo hay que criticar al Estado por sus deficiencias en su política habitacional para que sea modificada, sino que también los privados deben tener la misma coherencia para sus obras.
Este cataclismo debe terminar con la cultura de los chilenos de olvidar al poco tiempo lo ocurrido y no tener una actitud de fiscalización para que todo lo prometido se cumpla en el tiempo. Hoy, miles de familias víctimas del último terremoto en el norte, continúan habitando viviendas de emergencia, pese a la promesa que tendrían una definitiva a pocos meses de ese fenómeno de la naturaleza.
Hoy se espera del nuevo Gobierno que cumpla sus promesas de preocuparse de la clase media, pero hasta el momento no existe ninguna política hacia ese sector, como podría ser algún tipo de financiamiento bancario preferente y con tasas bajas para reconstruir sus viviendas o sus actividades productivas Y considerando la magnitud de lo ocurrido, donde sólo el sector pesquero industrial de la zona ha señalado que requiere una inversión de 300 millones de dólares para recuperar la actividad que tenía antes del sismo, y que ese proceso le tomará tres años, debe haber medidas estatales que faciliten la recuperación productiva e industrial de la zona.
Hoy es ineludible un debate nacional con altura de miras y con la participación de las universidades chilenas, respecto de las normas de edificación, especialmente en cuanto a elevar las exigencias de estudios de mecánicas de suelos y la fiscalización en las construcciones para que éstas se cumplan. De manera reiterada los científicos de las ciencias de la tierra han señalado que antes de edificar es necesario contar con estudios geológicos respecto de la mayor o menor falla que pueden tener determinados terrenos. A la luz de lo ocurrido ya no puede ser eludido.
En el Gran Concepción es necesario definir en función de lo ocurrido y de la opinión de expertos en el tema, un perfil arquitectónico respecto de la edificación en altura. Puede que lo más recomendable sea que no se construyan más de diez pisos, porque los mayores problemas se vivieron en torres que superan los quince pisos. En ese tema hay que tomar una decisión e imponer una norma clara que sea respetada, aunque ello signifique problemas de costo, ya que se debe privilegiar la vida y la seguridad, aceptando la realidad que somos una de las naciones con mayor actividad sísmica del planeta. Es hora de convivir con esa realidad y dejar atrás utopías que se caen con cada golpe de la naturaleza.