El resultado de las elecciones de convencionales para la redacción de una constitución nos alerta sobre el nacimiento de una nueva república, que será escrita sobre papel en blanco, con tinta de independientes.
Eso, porque sin duda, la gran triunfadora de las elecciones fue la diversidad del mundo de los independientes, que dejó en el pasado la hegemonía de los partidos que gobernaron el país durante los últimos 30 años. Algo que concuerda con la marcha del voto desde la crisis social que comenzó en octubre del 2019, en la que se escuchaba el “no ser de izquierda, ni de derecha”.
Con este escenario político, es altamente probable que el sistema económico que actualmente nos rige, sea reemplazado por otro en que el derecho de propiedad y el principio de no intervención del Estado en materia económica podrían sufrir cambios que se deberán analizar meticulosamente, una vez terminada la tarea de elaboración de la carta fundamental.
De acuerdo con un estudio realizado por un importante diario de la capital, el parlamentarismo y el semi presidencialismo sería la idea mayoritaria de los convencionalistas, la que superaría por muy poco el propósito de mantener el actual sistema presidencial.
Curiosamente, también triunfaría el mantener quórums supra mayoritarios para ciertas materias de ley. Y un principio que contaría con alto respaldo entre los constituyentes es conservar la autonomía del Banco Central, lo que sería una buena noticia para los que saben lo que significa la inflación. Dentro de los derechos sociales, el derecho a la vivienda y el acceso al agua concitarían la mayor cantidad de votos, y la idea de un estado plurinacional superaría los dos tercios de apoyo.
La suerte que correrá la economía se encuentra entregada, entre otras cosas, a lo que los constituyentes acuerden respecto del derecho de propiedad. La actual constitución garantiza este derecho, obligando al Estado a indemnizar a los particulares cuando sus bienes son expropiados. Lo que dirá la nueva carta fundamental es lo que hay que observar con detalle.
Desde hace un tiempo en el Congreso se escuchan voces que piden nacionalizar los fondos de capitalización individual. Es más, recientemente, las compañías de seguros se habrían visto afectadas en su derecho de propiedad por causa de la ley que estableció el derecho a los retiros para los beneficiarios de rentas vitalicias.
Estas materias son delicadas, pues provocan consecuencias económicas importantes.
Un Estado moderno, que pretende estar inserto en un mundo globalizado, no puede darse el lujo de poner en riesgo la inversión extranjera y nacional, hipotecando el futuro económico del país. Si se llegara a introducir en la nueva constitución la idea de “nacionalizar” sin pagar la indemnización, o bien, que el Estado tenga la facultad de fijar los precios, el resultado ineludible será el fracaso económico del país, pues nadie quiere hacer negocios con una nación que no respeta la propiedad.
Esperemos que la responsabilidad y el éxito guíen a los recién electos constituyentes en la redacción de un nuevo texto constitucional, cuyo trabajo tendremos el derecho de evaluar y votar favorable o negativamente en un tiempo más.
