Mario Valenzuela Silva
Vicedecano Facultad de Economía y Negocios
Universidad San Sebastián
Nuestro sistema de educación superior se halla en un estado de incertidumbre por la reforma. Particularmente, por las condiciones a las cuales deberán someterse las universidades. Entre las interrogantes de carácter económico están el tipo de financiamiento a las estatales, la gratuidad universal o para ciertos tramos, el establecimiento libre de aranceles o, en su defecto, determinados bajo algún criterio, algoritmo y norma legal, y los regímenes de ayuda a los estudiantes. También habría que mencionar la naturaleza (origen y composición) de su financiamiento. A estos aspectos se suman otros de carácter más cualitativo, tales como la vigencia o cambio del sistema de acreditación, la eventual creación de una superintendencia y el sistema de selección.
Este análisis se inserta en un contexto más amplio relativo a la discusión de políticas públicas vinculadas a la transparencia en el manejo de la información, equidad en el tratamiento de las instituciones, su contribución a la distribución del ingreso y riqueza de la población, y el rol que deben asumir el sector público y el privado.
En relación con las universidades privadas, su contribución es indiscutible. No sólo por la ampliación en cobertura, sino también por su rol inclusivo y generador de una tremenda movilidad social.
Basta señalar que de las 60 universidades, 43 son privadas (71,7 %). En el 2005 se matricularon 442.806 estudiantes en el sistema. De ellos, 277.021 (62,6 %) lo hicieron en universidades privadas. Esta participación mejoró en el 2014, puesto que de un total de 636.417 matriculados, 466.258 (73,3 %) lo hicieron en instituciones privadas. En 10 años las universidades privadas han matriculado a 3.891.614 alumnos, es decir, al 71 % de quienes estudiaron en alguna universidad del país.
Una de las críticas que se formulan a estas universidades es su focalización en la docencia, sobre todo de pregrado, “descuidando” la investigación. Sin embargo, se omite que es la tendencia. A modo de ejemplo, la Carnegie Foundation de EE.UU. considera de 4.500 instituciones de educación superior, a 800 de ellas como universidades con algún tipo de investigación que trascienda, es decir, sólo un 17,8 %. Aquellas dedicadas a la investigación pura no serían más de 200. Un estudio de la OCDE señala que entre las universidades iberoamericanas, si se analizan las publicaciones científicas, sólo un 2 % realizaría investigación, otro 2 % algún tipo de investigación, un 7 % correspondería a universidades emergentes en esta materia y un 23 % haría investigaciones esporádicas. Esto es, las universidades con algún tipo de investigación no superarían el 34 %.
Por último, desde un punto de vista económico, la educación no es más que inversión en capital humano fundamental para sostener y elevar la trayectoria de crecimiento de largo plazo. Si la oferta fuese excesiva, el mercado laboral tendría que corregir tal distorsión o desajuste entre oferta y demanda, pero ello toma tiempo y costos sociales. Es ahí donde se justifican la regulación y fiscalización del Estado, a través de normas claras y parejas para todos.