El proyecto crea un registro nacional de personas sancionadas por delitos y conductas consideradas incívicas, como daños al espacio público, rayados no autorizados o afectaciones a servicios esenciales. La iniciativa contempla restricciones y pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados a la nómina.
Un período de exclusión de entre uno y cinco años de ayuda estatal contempla el diseño del proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que ya se encuentra en las comisiones de la Cámara de Diputados para su debate.
El proyecto busca identificar y sancionar a personas que participen en conductas que afecten la convivencia ciudadana, los espacios públicos y la infraestructura comunitaria. La propuesta establece diferencias entre delitos e incivilidades, e incorpora sanciones asociadas a la inscripción en este registro.
Conductas que ingresarían a la nóminaEntre las conductas consideradas se encuentran los ataques contra funcionarios de Carabineros y trabajadores de servicios de salud, la interrupción o afectación del transporte público, el tráfico de sustancias ilícitas y el daño a monumentos nacionales.
Además, la iniciativa incluye una categoría de “incivilidades”, entendidas como acciones que, sin necesariamente constituir delitos, deterioran los espacios comunes o alteran la convivencia en barrios y ciudades.
Dentro de estas conductas se incluyen, entre otras, los rayados sin autorización en bienes públicos o privados, la destrucción o daño de equipamiento comunitario, como luminarias, bancas, juegos u otros elementos ubicados en plazas y parques, el consumo de drogas en la vía pública y la venta ilegal de alcohol.
Sanciones asociadas Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la inscripción en este registro tendría consecuencias relacionadas con el acceso a determinados beneficios sociales. Según el proyecto impulsado por el Ejecutivo, las personas incorporadas podrían perder la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o subsidios estatales, durante un período determinado.
La duración de la permanencia en el registro dependería de la gravedad de la conducta. De acuerdo con los detalles conocidos de la iniciativa, las sanciones podrían extenderse entre uno y cinco años, con condiciones específicas para casos de reincidencia o cuando se trate de menores de edad.
El proyecto también plantea la creación de una base de información que permita reunir antecedentes sobre las personas sancionadas y las resoluciones asociadas a sus casos.
