Cada verano, el centro sur de Chile entra en una temporada que ya no admite sorpresas: altas temperaturas sostenidas, sequía estructural, vientos intensos y una matriz territorial altamente combustible configuran un escenario donde los incendios forestales no son una posibilidad remota, sino un evento probable. Pero lo ocurrido en enero de 2026 en Ñuble y Biobío confirma, una vez más, que el país sigue enfrentando estas emergencias como si fueran excepcionales, cuando hace años dejaron de serlo.
Las voces expertas que han reflexionado durante los últimos días coinciden en el mismo diagnóstico: el problema no radica solo en la magnitud del fuego, sino en la persistente incapacidad de asumir que estos episodios forman parte de un patrón conocido. Las condiciones que los favorecen están identificadas, los territorios de mayor riesgo, también, y los impactos humanos, sociales, productivos y ambientales se repiten con una regularidad que debería haber derivado en políticas más robustas de prevención y planificación.
Como ya se advertía tras las catástrofes de 2017 y 2023 en el Biobío, el debate público suele concentrarse, en los momentos más críticos, en la eventual intencionalidad de algunos focos. Si bien determinar responsabilidades penales es una tarea imprescindible del sistema de justicia, ese foco no puede eclipsar la discusión de fondo: incluso sin acción dolosa, el territorio chileno está hoy preparado para arder. Y eso es resultado de decisiones acumuladas, o de la ausencia de ellas, en materia de ordenamiento territorial, modelo forestal y gestión del riesgo.
Se ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad de la interfaz urbano-rural, donde viviendas, plantaciones y vegetación de alta inflamabilidad conviven sin zonas de resguardo efectivas. También se ha insistido en que la homogeneidad del paisaje, producto de décadas de sustitución del bosque nativo por especies de rápido crecimiento ha elevado de forma sostenida la carga de combustible. Nada de esto es nuevo. Todo ha sido documentado, advertido y, en gran medida, postergado.
El cambio climático no hace más que tensionar este escenario. Frente a este contexto, seguir apostando casi exclusivamente al combate del fuego es una estrategia insuficiente y tardía.
La experiencia acumulada muestra que la clave está antes: en sistemas de alerta temprana, en planificación territorial, en diversificación del paisaje y en una educación persistente de la población, pero no como campañas estacionales, sino como una política permanente, especialmente, si se considera que la gran mayoría de los incendios tiene origen humano.
Tres años después del editorial publicado en esta misma revista dando cuenta de los problemas tras los incendios que devastaron Santa Jana, el balance es desalentador por su familiaridad. Cambian las fechas y los lugares específicos, pero el guion se mantiene. Por eso, planificar ya no es una opción técnica: es una obligación ética frente a territorios y comunidades que, año tras año, vuelven a quedar expuestos al fuego.
