Dos proyectos de ley establecen agravantes por delitos en recintos educacionales e incorporan medidas, como revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y exigencias de identificación, lo que abre debate entre las comunidades escolares.
El Gobierno presentó dos proyectos para enfrentar los hechos delictivos en establecimientos educacionales, con un enfoque que combina mayores sanciones penales y medidas preventivas. Las iniciativas buscan reforzar la seguridad en colegios y ordenar la convivencia escolar, en medio de un debate activo entre docentes, estudiantes y apoderados.
El primer proyecto modifica el Código Penal para aumentar las penas cuando los delitos afecten a la comunidad educativa o se cometan en recintos escolares. En concreto, incorpora como agravante: delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, dentro del establecimiento o en actividades extracurriculares. También, delitos contra la infraestructura o bienes escolares. La medida apunta a reconocer la gravedad de estos hechos y su impacto en el funcionamiento del sistema educativo.
Escuelas Protegidas
El segundo proyecto introduce herramientas específicas para prevenir la violencia y resguardar la convivencia, las que deberán quedar establecidas en los reglamentos internos de cada establecimiento.
Revisión de mochilas
Los sostenedores podrán implementar la revisión de bolsos, mochilas y pertenencias para impedir el ingreso de objetos peligrosos o que puedan usarse para agredir o dañar infraestructura.
Mayores atribuciones para docentes
El proyecto permite a los profesores aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias inmediatas, de cumplimiento obligatorio para los estudiantes, con el fin de asegurar el orden en la sala de clases.
Sanciones por interrupción de clases
Se califican como faltas graves los actos que provoquen la suspensión total o parcial de las clases o alteren de forma significativa la jornada escolar.
Restricción a la gratuidad
Quienes tengan condenas por delitos graves contra personas o infraestructura pública no podrán acceder a la gratuidad en la educación superior, según la propuesta. Además, los reglamentos deberán impedir el uso de capuchas, pasamontañas u otros elementos que dificulten la identificación, salvo casos justificados. También se prohíbe la vestimenta que haga apología de la violencia, drogas o conductas delictivas.
