Paola Sanhueza Brevis
Presidenta de la Asociación Gremial
de Trabajadoras de la Industria Pesquera del Biobío.
¿Cuántos gobiernos más seguirán ignorando a las mujeres de la industria pesquera en sus políticas públicas? Una pregunta que resulta tan atingente en este momento, cuando se discute el proyecto de Ley de Fraccionamiento, que propone una nueva distribución de los recursos y las especies marinas en Chile. Una iniciativa deja en evidencia, una vez más, la urgente necesidad de una política de Estado que trascienda los mandatos de turno. Las trabajadoras del sector llevamos décadas exigiendo certeza jurídica, pero la incertidumbre persiste: ¿cuánto más tendremos que esperar?
En la región del Biobío, la capital pesquera del país, representamos más del 50% de la fuerza laboral, sosteniendo a más de 3.500 hogares. No somos solo operarias en plantas industriales; somos jefas de hogar, madres, cuidadoras y mujeres que desempeñamos un rol clave en la economía y en la sociedad.
En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reflexionar sobre la defensa de nuestros empleos formales y la estabilidad que estos nos otorgan. Llevamos 30 años de lucha constante, enfrentando a distintos gobiernos, gerencias y partidos políticos, siempre con el mismo obstáculo: la incertidumbre legislativa. Este 2025 es crítico, pues está en riesgo la continuidad de nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), el 50% de las mujeres que logran independencia económica pueden salir de situaciones de violencia. Acceder a un empleo estable no solo garantiza el sustento, sino que también es un recurso invaluable para romper ciclos de vulnerabilidad y construir un futuro con mayor seguridad. Y esa es nuestra verdadera batalla: sobrevivir y ser reconocidas en una industria históricamente masculinizada.
Hoy vivimos un contexto incierto, donde parece que a ninguna autoridad le importa lo que enfrentamos las trabajadoras de las plantas de proceso en el sector pesquero del Biobío. Solo promesas rotas y desconsideración han sido las respuestas a nuestras demandas. Por eso, proteger nuestros empleos es más urgente que nunca. No se trata solo de defender una industria, sino de resguardar la dignidad del trabajo y la estabilidad de miles de familias que dependen de nosotras.
“Hoy defendemos décadas de luchas sindicales que permitieron conquistar empleos formales con condiciones que costaron lágrimas, sudor y sangre”.
Según la Dirección del Trabajo, en octubre del 2024 la tasa de sindicalización en el sector privado alcanzó un 22,2%, superando el promedio de la OCDE, que es del 18%. En el sector pesquero industrial, esta cifra asciende al 65%, lo que refleja una fuerte organización sindical. Esta estabilidad es fruto de años de negociaciones colectivas que nos han garantizado condiciones justas, pero estas solo se mantendrán con políticas que protejan el trabajo formal, mantengan la plataforma social para trabajadores y no las sometan a decisiones coyunturales e ideológicas, como es el caso del actual proyecto de ley de pesca.
La falta de diálogo y la desproporción en el debate no solo invisibilizan a las mujeres del sector, sino que ahora amenazan con dejarnos sin sustento. Hoy defendemos décadas de luchas sindicales que permitieron conquistar empleos formales con condiciones que costaron lágrimas, sudor y sangre.
El mensaje es claro: sin estabilidad laboral, no hay equidad real. Este 8M, no basta con discursos, necesitamos políticas de Estado que protejan el empleo formal de las trabajadoras de la pesca. Menos promesas, más certezas. Miles de mujeres sostienen la producción pesquera en Chile y no pueden seguir en la incertidumbre. Exigimos compromisos concretos que resguarden sus derechos laborales y garanticen un futuro digno para sus familias y comunidades.
