Cristian Araos Díaz, psicólogo jurídico forense y perito delitológico: “En la coartada del personal de la Cucaracha para ocultar la golpiza a Matute, en la interrupción de la cadena de custodia de las muestras de sangre que iban al FBI, en el tráfico telefónico desde el OS-9 a testigos oculares y en los nexos de los protagonistas que hicieron suya la investigación del caso para su encubrimiento están las respuestas de quién lo mató”.
La edad de Cristo crucificado tendría hoy Jorge Matute Johns, el universitario muerto el 20 de noviembre de 1999 y de cuyo impactante caso ocurrido en la discoteca La Cucaracha, en Talcahuano, pronto se cumplirán 10 años.
Todavía lo llora su madre. Y es que nítida está en su memoria la última frase del hijo amado antes de encaminarse a festejar a uno de los amigos convertido en padre, en San Pedro de la Paz. “¡Mami, yo voy y vuelvo!” le dijo, y ella le pasó $1.500; nunca le habló de ir a la discoteca.
Con sus huesos se reencontró cinco años después -el 12 de febrero de 2004- tras el accidental hallazgo de las osamentas en el kilómetro 22,6 de la Ruta de la Madera. Nunca fue incinerado en el Hospital Clínico Regional ni enterrado bajo toneladas de cemento, como dijo el párroco Andrés San Martín, el 26 de febrero de 2003 en su homilía. El agustino colgaría después los hábitos.
María Teresa Johns llevaba años de reclamar a viva voz a quien quisiera escucharla por el paradero de “Coke”, el primer “desaparecido” en la recién recuperada democracia chilena.
Y aunque la familia pudo dar cristiana sepultura al ex alumno de Ingeniería Forestal de la U. de Concepción, la causa de su muerte sigue siendo indeterminada para los tribunales. No hay procesados en el caso y la investigación judicial a manos del ministro en visita Juan Rubilar Rivera -antiguo sistema de justicia- está sobreseído desde hace más de un año.
“Una sola vez pude hablar con el ministro Rubilar y me dijo que había sido amenazado de muerte. Nunca más me dio una audiencia”, evoca esta ex enfermera de la Fach que se casó un 30 de diciembre de 1972 y pidió su baja. El marido, Jorge Matute Matute, “quería una mujer para la casa y no una enfermera para los aviadores”.
Misas, marchas, súplicas, llantos, amenazas, declaraciones de prensa, investigaciones de ambas policías con resultados disímiles y de la Cámara de Diputados para indagar el trabajo policial; tres jueces dirigiendo a su turno las pesquisas y cientos de declaraciones contradictorias engrosan el expediente de 20 mil fojas que en el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción comenzó a tramitar la jueza Flora Sepúlveda Rivas.
En estos años, prestigiosos abogados confrontaron estrategias e hicieron su defensa en estrados y, desde veredas opuestas, la familia Matute y las de los 7 jóvenes procesados por obstrucción a la justicia dijeron lo suyo. La opinión pública tomaba partido.
Sin embargo, el presunto delito se extinguió para los jóvenes sospechosos: Oscar Araos, Federico Homper, Jorge Bañados, Carlos Alarcón, Cristián Herrera, Ignacio del Río y Jaime Rojas. ¿Y si no fueron ellos- tal como apuntó en su línea investigativa el comisario de la PDI Héctor Arenas en tres años de dedicación exclusiva – quién entonces?
Todo está ligado
A un resultado distinto llegó en sus indagaciones el mayor (R) de Carabineros Andrés Ovalle Aguilera. En poco más de 200 páginas de su libro -aún en borrador y bajo el título “Enfermos de cobardía, testigo y protagonista de una investigación”- da cuenta de los pasos que dio en busca de la verdad, del nulo respaldo judicial e institucional que le impidieron acreditar la participación de “agentes externos” en el caso y de la vinculación que hay entre las muertes de “Coke”, del cabo Martínez (oficialmente un suicidio en la Tercera Comisaría de Coronel) y el llamado cartel del carbón que lideró Manuel Hernández.
Lo apodan el Mañungo, un hombre católico, de oración diaria (rosario) y siempre rodeado de imágenes de santos, que participaba de retiros espirituales incluso en un colegio ABC1, próximo a Chiguayante, pero que se hacía pagar deudas pendientes mediante métodos poco doctos. El grupo de Hernández, conocido como el cartel del carbón o cartel de Coronel, operaba desde hace varios años en la zona, comercializando cocaína adquirida en Perú y el norte de Chile para consumidores de Chillán, Concepción y Temuco.
En julio de 2000, Susana, su amante -testigo protegida- lo implicó en la desaparición de Jorge Matute, versión que luego de ser conocida por Flora Sepúlveda, jueza que investigaba el caso, fue desestimada por la policía. Manuel Hernández fue dejado en libertad bajo fianza en 2001. El caso fue sobreseído en 2004.
Mayor Andrés Ovalle: Telenovela de principio a fin
-En los últimos meses TVN ha difundido con éxito la telenovela ¿Dónde está Elisa? ¿Tiene alguna similitud con el caso de Jorge Matute Johns?
– El caso Matute fue una telenovela desde el principio; yo lo veía todos los días sentado en el living de mi casa en Concepción. Por TV sabía las diligencias policiales y lo que decretaba el tribunal, pero nunca pensé que de testigo pasaría a ser protagonista luego que mi general (R) Francisco Smith, director de Orden y Seguridad, me pidiera tres cosas al encargarme el caso: recuperar la confianza del tribunal, enderezar la investigación (la llevaba el comandante (R) Henry Pincheira) y esclarecer qué le había pasado al universitario. Y nos acercamos bastante a la verdad.
– ¿Está o no relacionado este caso de Jorge Matute con la muerte del cabo Martínez y el cartel del carbón?
-Por supuesto que sí. Está todo ligado. Hay una mujer (testigo protegida por el Primer Juzgado de Talcahuano) que tiene información relevante. Hay una ronda de reconocimiento a funcionarios, incluso en Carabineros se instruye un sumario administrativo. Después, todo se separó y generó en los respectivos tribunales causas distintas: el caso Matute lo estaba investigando la jueza Flora Sepúlveda, el tráfico de drogas, el Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, y la muerte del cabo Martínez la Fiscalía Militar, en circunstancias que los dos últimos hechos surgieron como consecuencia del primero, es decir, por la información que decía relación -hasta julio de 2000- con la desaparición de Jorge Matute.
-¿Qué cree usted que se proponía la testigo protegida Susana (cartel de Coronel) en la escena que usted describe en su libro? ¿Fue instruida para seducirlo a usted?
-Nunca he pensado que ella se propusiera algo así, ella dio a conocer un hecho del cual tuvo conocimiento. Pienso y creo que Susana no tiene necesidad de ser instruida para seducir, esa condición es parte de su ser y así es como también obtuvo la información que nosotros conocimos.
-¿Cuál fue esa información específica?
-La participación de Hernández y su red de protección para el tráfico de drogas que hizo desaparecer en definitiva el cuerpo por instrucciones específicas de agentes externos. A Matute le pegaron, pero en otro momento se involucran personas ajenas a la Cucaracha porque quisieron fingir un accidente. De la discoteca lo sacaron vivo, pero se les murió en el trayecto. Con mi equipo determinamos que murió entre 30 y 45 minutos después de la golpiza. En octubre de 2000 y sin el cuerpo obtuvimos esa respuesta y con los peritajes a las osamentas así quedó demostrado. Un año después de los hechos, hicimos una reconstitución de escena a las 4.30 de la madrugada, a la misma hora que tuvo lugar la golpiza, y el recorrido inicial que se hizo para simular el accidente. Es toda una historia y Gerardo Roa (el amigo de Jorge Matute que fue a buscarlo para un asado a su casa y a quién María Teresa Jonhs le insiste que hable) dijo todo: tal y cual como pasó.
-¿Hay carabineros comprometidos?
-Sobre eso no me puedo pronunciar.
-Usted ha dicho que no existen crímenes perfectos sino malas investigaciones. En el caso Matute ¿está en condiciones de revelar ya los nombres de los agentes a los que se refirió el 1 de junio de 2008 en El Sur?
– Detrás de un hecho circunstancial no puede haber una planificación. Por ello no comparto lo que algunas personas encargadas de administrar justicia han justificado diciendo que en el caso actuaron “profesionales”; es una torpeza por cuanto el crimen o el delito no es una profesión. Al decirlo se fomenta precisamente ello, si no veamos lo que está pasando hoy con niños que delinquen. Yo preguntaría a aquellos que tienen que juzgar o procesar a personas: ¿Van a procesar de acuerdo con el grado académico del delincuente? ¿Master en violaciones, diplomado en pedofilia o doctorado en homicidio?
-¿La muerte de Jorge Matute quedará impune?
– No si existiera la voluntad de investigar. Y en ello incluyo a la propia familia Matute.
-Tras la entrevista de junio de 2008, el abogado Fernando Saenger pidió al ministro Juan Rubilar la reapertura del sumario a propósito de sus dichos y la petición fue desestimada. ¿Qué pasa con nuestros jueces? ¿Les falta decisión, valor, interés o las amenazas de muerte, como pasó a los jueces Flora Sepúlveda y Juan Rubilar, pesan más?
– Quienes administran justicia tienen y deben estar preparados para todo, incluyendo la capacidad para resolver y decidir en la forma que corresponde. Una decisión errada puede cercenar la vida, las profesiones de mucha gente, situación que en este caso aconteció. Todavía se puede hacer mucho, pero para ello deben estar las personas capacitadas.
-Usted, que ha perseverado en la investigación del caso Matute ¿Qué más ha descubierto?
-Lo que me ocurrió a mí por presentar al tribunal la maqueta de La Cucaracha -lo hice de buena fe- y no acepté un retiro forzado al que se me estaba obligando. Hay muchas irregularidades. Después de ir a declarar al Tribunal, al Cuartel de Investigaciones me di cuenta que esa investigación (que llevaba el comisario Héctor Arenas y la jueza Sepúlveda) no tenía destino ni sentido de acuerdo a como se estaba llevando, me ratificó que lo nuestro estaba en la dirección correcta y que apuntamos a los verdaderos responsables. Creo que la PDI no se equivocó en el caso, se equivocó en designar al investigador.
-¿Qué pasó con el libro Enfermos de cobardía…?
-No se ha publicado por una razón específica y ésta dice relación con una demanda civil que interpuse en contra del Estado. Pienso que es necesario darlo a conocer para que la gente se dé cuenta del porqué ocurren muchas situaciones que, incluso, en un momento determinado les pueda afectar.
Familia Araos: “Fuimos instrumentalizados por grupos corruptos”
A nombre de la familia Araos, Cristian Araos Díaz, psicólogo jurídico forense y perito delitológico -quien dice conocer al dedillo el voluminoso expediente- habló del caso, de sus propias indagaciones y de cómo a 5 años del crimen del universitario, con el hallazgo casual de las osamentas en el camino a Santa Juana, en 2004, el carabinero Marcos Martínez y el bombero Hugo Díaz fueron reivindicados. El sitio del hallazgo del cuerpo era “tal cual lo habían manifestado estas dos personas antes de ser asesinados impunemente”. En estas líneas les ofrecemos parte de la entrevista.
– ¿Qué fuerzas o corrientes han intervenido para que 10 años después aún los tribunales no dictaminen responsables del caso?
Fuerzas corruptas del Estado de Chile, nos referimos específicamente a un grupo de civiles relacionados con la judicatura, a funcionarios públicos ligados a ambas instituciones policiales, y a un grupo proveniente del ámbito político, cuyos personeros son adictos y por tanto dependientes del abastecimiento de drogas a través de focos del narcotráfico.
– Con la caída de los autos de procesamiento por obstrucción a la justicia se extinguió el delito que afectaba a los 7 jóvenes. En el caso de la familia Araos cuyo hijo Oscar aparecía como líder del grupo, cómo les afectó la resolución del tribunal. ¿Cómo superó la familia este contratiempo?
-Después de mucho esfuerzo, análisis y dedicación familiar, al punto que llegamos incluso a prescindir de la colaboración de asesorías externas de juristas, nunca dudamos que jurídicamente pudiéramos ganar, debido a que cada uno de los fundamentos del auto de procesamiento por obstrucción a la justicia habían sido tergiversados y adaptados a las necesidades de los verdaderos responsables.
Nadie a la fecha conoce mejor que nosotros el proceso denominado caso Matute, respecto de la participación de cada uno de los personajes que intervienen en lo sucedido a Jorge Matute Johns antes, durante y después de su desaparición y posterior aparición en forma de osamentas.
Baste recordar que apareció en el mismo lugar que indicaba un mapa dejado sólo tres meses después de la desaparición de Matute por un buen policía de Carabineros que fue “silenciado” a través de un suicidio mal simulado materializado por sus propios “colegas” al interior de un recinto policial.
La imputación en los hechos a los 7 jóvenes, también denominada la “hipótesis del encubrimiento” es del ahora profesor de la PDI, Héctor Arenas Díaz, era, es y será ridícula y mendaz.
Planteaba -luego de un año de haber desaparecido JMJ- que un grupo de jóvenes asistentes al recinto, desde donde fue visto por última vez el universitario, tenían dentro de sus “filas” a un grupo criminal organizado que surge de manera espontánea y cuyos 7 miembros sólo alcanzaban entre los 17 y 19 años, los que sin mediar aviso ni premeditación se organizan para ocultar una riña con resultado de muerte, y encubrir a uno de ellos, supuestamente el autor material. Fueron torturados y privados ilegalmente de sensopercepción. Estuvieron encerrados 12 días en celdas con el propósito de que se autoinculparan.
-¿A qué están dispuestos ustedes como familia para que en la sociedad penquista no quede ni el más mínimo asomo de duda respecto del grado de participación o no participación de Oscar en el caso?
-A pesar del daño, nuestra disposición siempre será apoyar cualquier camino que permita que la verdad- ya conocida pero no difundida- salga a la luz y se haga pública. Ofrecemos la experiencia y sabiduría de quienes han logrado sobrevivir a un plan maquiavélico, catastrófico y gratuito. Fuimos instrumentalizados para satisfacer requerimientos corruptos de un grupo de individuos con poder político, policial, cuyas ramificaciones alcanzan también a algunos elementos del poder judicial.
Después de esta dura experiencia, el mensaje para la sociedad penquista y nacional es que debemos ser más críticos y analistas de lo objetivo (hechos) antes de prejuzgar. Gracias a Dios hoy existe internet lo que facilita la instantaneidad de la información global.
Llamamos a no ser ciudadanos temerosos a la hora de denunciar hechos de corrupción y a personas corruptas. No es posible que existan numerosos testigos de la golpiza que recibió Matute a manos del personal de la Cucaracha y ninguno de ellos, salvo un par de excepciones, a la fecha y por temor no elijan decir la verdad y vaciar sus conciencias.
-¿Cuál fue la intención de ayudar al mayor Ovalle con la maqueta de la Cucaracha que, a la postre, le costó ser marginado de la institución por una supuesta “cofradía” con ustedes?
-Nuestra intención sólo fue aportar un elemento técnico y necesario para comprender lo que había sucedido aquella noche y del cual carecían las policías. O sea, aportar una réplica exacta de la Cucaracha (prueba objetiva). El resto es parte de la burda estrategia de “anular” a cuanto elemento se acercase a la verdad o apuntar en contra de la hipótesis del encubrimiento que al mismo tiempo que dirigía la atención mediática hacia un grupo de jóvenes, protegía la identidad y las responsabilidades individuales de aquellos personeros corruptos que fueron protagonistas de lo ocurrido con JMJ.
– De sus indagaciones como psicólogo jurídico forense y perito delitológico ¿dónde está la clave dentro del mismo proceso que avala que Matute recibió la golpiza al interior de la discoteca?
-a) En la coartada del personal de la Cucaracha para ocultar la golpiza a Matute. Simplemente cambiaron la descripción física de JMJ y suplantaron su identidad mientras éste era golpeado, por la descripción de otro joven llamado “el Mota”, quien jamás fue agredido. El Mota responde una pregunta específica de la jueza Flora Sepúlveda -pregunta acreditada dentro del mismo proceso- cuya respuesta tajante radica en que a él nadie nunca lo golpeó. Todos los funcionarios de la Cucaracha describieron un par de golpizas con sangramiento incluido, donde a medida que prestaban declaración iban personificando al tal Mota.
-b) Ruta de la sangre: La cadena de custodia para enviar a USA (FBI) muestras de sangre encontradas al interior de la Cucaracha (sótano) y determinar por análisis de ADN la correspondencia genética de JMJ fue rota por orden explícita de un alto mando de Carabineros de Santiago involucrado en el encubrimiento de los hechos.
-c) En el expediente se encuentra el tráfico telefónico de las dependencias del OS-9, ubicado en Salas con San Martín, Concepción. Analizados se puede observar el amedrentamiento de policías en servicio activo a testigos oculares de la golpiza a Matute y los nexos con los protagonistas que hicieron suya la investigación del caso para su encubrimiento.
-d) Los otros dos homicidios a pocos meses de la desaparición de JMJ y antes de figurar los jóvenes procesados; el del bombero Hugo Díaz, quien escucha una conversación entre policías al interior de cuartel policial en Coronel, en la que se manifestaba que el paradero de JMJ se encontraba en el camino a Santa Juana, el bombero fue descubierto y le costó la vida. Y el falso suicidio de Marcos Martínez, quien hábilmente antes de ser ejecutado, logra infiltrar dentro de las capas rasgadas de su chaqueta una libreta que contenía el nombre de los asesinos del bombero y el mapa con la ubicación casi exacta de JMJ en la Ruta de la Madera. A pesar del esfuerzo de muchos por ocultar la verdad, ambos mártires fueron reivindicados casi 5 años después y al momento exacto de ser descubiertas de manera casual las osamentas de Matute tal cual lo habían manifestado públicamente estas dos personas antes de ser asesinadas impunemente. (www.casomatute.blogspot.com)
-¿Por qué no fueron consideradas por el tribunal?
La jueza Flora Sepúlveda, que sustanció el caso, veraneaba en la casa de Bruno Betanzo, en las cercanías de las Termas de Chillán. Prohibió a Carabineros interrogarlo, a su pareja, al “Oso” o a cualquiera de los guardias. En cambio autorizó al grupo de Fernando Saenger, que representaba y defendía a la familia Matute, al desmantelamiento de la Cucaracha una semana después de la desaparición, y antes de realizar su propia inspección ocular al sitio del suceso.
Otros miembros del Poder Judicial no lo consideraron quizás por temor a represalias, por compromisos políticos, por tráfico de influencias o simplemente por denegación consciente de justicia. En todo caso es un crimen de Lesa Humanidad, que no prescribe, si participan agentes del Estado de Chile.
-Según la propia ruta del crimen que han seguido ¿quién o quiénes están detrás de la muerte de Matute y por qué Oscar Araos Díaz y sus amigos se ven involucrados?
-Detrás del crimen está un grupo de consumidores y traficantes de droga coludidos con policías en servicio activo, quienes actuaron con total impunidad, traicionando sus placas y/o la investidura que les fuera otorgada por la ciudadanía.
Quien diga lo contrario, que se haga un examen de pelo o que apruebe una ley que obligue a los funcionarios públicos a realizarse lo mismo.
¿Que por qué los Araos?, porque cumplíamos con el perfil de una familia bendecida por la vida, pero desconocida por la sociedad a la cual con la ayuda de más de mil millones de pesos en mala publicidad, no sería tan complicado atribuirle un rol perverso al estilo de la mafia italiana, donde la estrategia de anulación consistía en transformar en sospechosas todas nuestras actividades y logros de los que somos plenamente orgullosos.
-¿Qué le diría hoy a la familia Matute?
-Que lamentablemente para muchas personas es más fácil descomponer un átomo que romper con un prejuicio.
Araos y Matute a Washington
La familia Araos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. La misma intención declaró el 11 de enero de 2009 el abogado de la familia Matute, Fernando Saenger Gianoni, pero no se ha concretado. “Agotadas todas las instancias internas, vamos a Washington”, dijo entonces. Iban a viajar en febrero. María Teresa Johns asegura hoy: “voy a pelear hasta el último momento y si hay que vender la casa de mi mamá para costear ese viaje de don Fernando a Washington, lo haré. Por mi hijo soy capaz de dar la vida”.
Si la comisión internacional acogiera una u otra solicitud, el Estado estaría obligado a proseguir la investigación de la muerte del universitario hasta hallar la verdad.
“Chile tiene que cumplir”, precisa el constitucionalista Saenger, tras hacer presente que Rubilar no dio lugar a ninguno de los peritajes que se intentaron hacer fuera del país. “Es cierto que la causa de muerte no está determinada, pero por el sistema chileno” –recalca- lo que podría revertirse si hubiese predisposición a pagar exámenes especializados y con tecnología de punta.