En estos días se ha suscitado una interesante controversia respecto de la necesidad de establecer mecanismos de control de la calidad profesional y ética de los abogados en nuestro país. Los Decanos de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Arturo Yrarrázaval, y de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, propusieron la instauración de un mecanismo de examinación, similar al que están ahora sometidos los egresados de medicina. Por su parte, el Senador Víctor Pérez ingresó un proyecto de ley (08 de julio de 2008) que, en lo sustancial, busca establecer una Prueba de Aptitud Profesional ante la Corte Suprema como un requisito para obtener el título de Abogado
Esta discusión es producto de la preocupación con que se observa el número cada vez mayor de abogados que se titula cada año. Se alega por algunos que ello ha llevado al desmedro de su calidad profesional, afectando, de paso, la credibilidad de todas las universidades, públicas o privadas. Se necesita un control o barrera de salida a la profesión, argumentan, y el proyecto mencionado así lo establece en su justificación.
Pero cabe preguntarse ¿este mayor número de abogados implica necesariamente una menor calidad profesional y ética de las nuevas generaciones? Creemos que no, ya que un joven egresado de la carrera de Derecho tendrá la mayor o menor sapiencia y principios éticos que su universidad le haya logrado inculcar durante sus estudios, y si el año que jura ante la Corte Suprema lo hacen otros dos mil colegas, verá más difícil su progreso económico o profesional, pero no podemos extraer de ello su necesaria ignorancia ni ética flexible.
Se duda que dos mil nuevos abogados al año estén capacitados para ejercer como tales: “son demasiados, algo debe estar mal en muchos de ellos”, dicen los entendidos. Pero no se conoce ningún estudio objetivo que avale esta “sensación”, que parece surgir de los orígenes elitistas y exclusivos que esta profesión alguna vez tuvo: no cualquiera era abogado, pues se requería altos puntajes de bachillerato o PAA para ingresar a las escasas escuelas de Derecho y, una vez aceptado, el estudiante debía demostrar su capacidad académica, obteniendo al titularse un premio: prestigio social y un buen nivel de ingresos. Se entendía en esa época que el control de calidad estaba dado por las barreras de ingreso a la carrera y la alta exigencia académica que “aseguraba” un profesional de alta calidad. A modo de ejemplo, en Concepción, en 1933 existía sólo 23 abogados; en 1951 esa cifra se había incrementado a 152 profesionales. Hoy esta cifra se acerca a los dos mil.
Los tiempos han cambiado, pues si un joven no quiere o no puede acceder a las facultades de Derecho más exigentes en puntaje, siempre puede ingresar a otras de menor exigencia de entrada pero, cualquiera sea su opción, al egresar se encontrará con que la profesión ya no asegura prestigio y altos ingresos, deberá pelear por ellos. Así las cosas, hoy no existe un baremo de la calidad, sólo el prejuicio de que las antiguas facultades de Derecho educan mejores abogados. Y ésta es una “sensación” que no está apoyada en estudios y que se ve refutada por hechos: varias de las facultades de Derecho nuevas o privadas han realizado importantes aportes al quehacer jurídico nacional. Por el contrario, antiguas facultades no logran innovar en sus mallas y estilos de enseñanza.
Me parece que alegando la supuesta deficiente calidad de los nuevos egresados, se busca limitar su número a través de diferentes mecanismos, con el fin de asegurar el prestigio de la profesión y los ingresos económicos de sus miembros. Este es un fin gremial, del que otras profesiones han hecho gala, pero no es el fin de la sociedad.
Por ello, aunque a los que somos abogados nos duela, no podemos dejar de reconocer que el mayor número de profesionales del derecho ha traído también resultados benéficos para la sociedad: los servicios jurídicos no son ya privilegio de una minoría que puede pagarlos sino que, por número y precio, mayor cantidad de personas pueden acceder a ellos, sea privadamente, sea a través de las clínicas universitarias o de la Corporación de Asistencia Judicial; el fisco se ve beneficiado de tener mayor número de profesionales disponibles y preparados para asesorar y asegurar que sus actividades propias se lleven a cabo con apego a la ley; el país, en definitiva, goza de una cantidad de profesionales deseosa de aprender, perfeccionarse y modernizar la legislación nacional, logrando, de paso, que gran cantidad de personas accedan a una efectiva defensa de sus derechos: no es tan fácil infringirlos cuando existen más profesionales dispuestos a defender y demandar.