Alejandro Weber, decano Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS:“En 2024, Biobío perdió US$100 millones por el retraso en la aprobación de proyectos de inversión”

En solo un año, el costo de la permisología en Biobío creció un 25%, afectando más de 5.300 empleos. Con proyectos estratégicos entrampados en trámites que duran hasta 1.800 días, la excesiva burocracia se ha convertido “en un freno concreto para el desarrollo y la inversión en la región”, afirmó Weber en su visita a
Concepción.

El segundo Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), volvió a poner sobre la mesa una problemática que afecta seriamente el desarrollo económico de Chile: la permisología. Así lo reflejó el informe dado a conocer por el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno, Alejandro Weber, quien en un desayuno en la USS Concepción compartió con autoridades y actores clave del sector público y privado las cifras del estudio, que muestran el duro golpe a la inversión y al empleo que está sufriendo la región del Biobío.

La permisología, definida como la burocracia excesiva y los retrasos en los permisos que por ley debe entregar el Estado para proyectos de inversión, “significó una pérdida de 2.200 millones de dólares a nivel nacional en 2024, lo que equivale a 0,7 puntos del PIB”, informó Weber. Sin embargo, el panorama en Biobío es aún más preocupante: el costo de la permisología aumentó de 80 millones de dólares en 2023 a 100 millones
de dólares en 2024, afectando directamente la generación de 5.300 empleos.

En su exposición, la autoridad académica afirmó que el impacto de la permisología no es solo económico, sino que también frena el desarrollo social. “Cuando Chile no crece, las familias lo sienten en su bolsillo. A quienes buscan trabajo, les cuesta más encontrarlo, y quienes ya lo tienen, corren mayor riesgo de perderlo. Los salarios se estancan, los productos suben de precio, y la inflación erosiona los ingresos, haciendo
más difícil llegar a fin de mes”, señaló.

Una región golpeada por la burocracia

Uno de los datos más preocupantes aportados por el estudio es el tiempo promedio de evaluación ambiental en Biobío: mientras que en Chile los proyectos de mayor envergadura tardan mil días en ser evaluados, en nuestra región el plazo alcanza los 1.800 días. Casi el doble que el resto del país.
Esto se debería en parte, señala Weber, a la baja cantidad de proyectos en evaluación en la región. En 2024, solo 34 proyectos fueron sometidos a evaluación, 24 de los cuales se aprobaron. “Si hubiera 150 proyectos, los promedios se ajustarían, pero habiendo tan pocos, basta con que uno se retrase mucho para impactar fuertemente los indicadores”.

Añadió que lo más paradójico de la situación es que los proyectos que más tardan en aprobarse son precisamente los más necesarios para el futuro de Chile: las inversiones en energías renovables. Entre los casos emblemáticos de Biobío, Weber mencionó el Parque Eólico Junquillos, un proyecto de 570 millones de dólares que lleva 851 días en evaluación sin señales claras de una pronta aprobación. “Chile tiene que invertir 50
mil millones de dólares en los próximos 25 años para descarbonizar su matriz energética, pero -curiosamente- nuestro propio sistema le está poniendo obstáculos a esa inversión”, criticó el académico.

Urgente llamado a destrabar la inversión

La permisología impacta directamente el crecimiento económico del país, a la vez que debilita su capacidad para enfrentar futuras crisis, como terremotos, nuevas pandemias o ciclos de recesión. De ahí la relevancia de que las autoridades tomen
medidas inmediatas para reducir la burocracia y agilizar los proyectos de inversión. “Los buenos proyectos no pueden encontrar más barreras. Si seguimos así, el más perjudicado no es el inversionista, que va a terminar optando por desarrollarse en
otros países, que son más competitivos, sino las comunidades locales, que pierden empleos y oportunidades de desarrollo”, enfatizó.

En cuanto a la razón de los retrasos en la entrega de permisos esta no radicaría solo en la legislación, sino también en la gestión. “La permisología no es solo un tema normativo, es también de administración pública. Si un funcionario tuviera que cumplir plazos legales estrictos, con sanciones por incumplimiento o premios por eficiencia, estoy seguro de que el sistema sería mucho más ágil”.

Weber también plantea la importancia de una mayor transparencia en el proceso de evaluación de proyectos, y la creación de un mecanismo claro para destrabar los que cumplan con la normativa ambiental. “No estamos diciendo que deban aprobarse todos los proyectos. Aquellos que no cumplan
con la normativa, tienen que ser rechazados. Pero los buenos proyectos no pueden seguir encontrando barreras… Chile debe entender que la inversión y la protección del medio ambiente no son enemigos, sino que pueden ir de la mano”, sostuvo.

Contribución de la academia

El valor de este informe radica en que es el primer estudio realizado en Chile que cuantifica el impacto económico y en el empleo de la permisología, un tema que la USS abordó en el marco de su vocación con el desarrollo del país, pero en
particular con el de las regiones. De ahí que no solo contenga información nacional, sino también datos regionales. “Con este Índice, la Universidad San Sebastián quiere poner sobre la mesa la mejor información disponible para que los distintos actores sociales, desde el gobierno y el sector privado, puedan tomar decisiones que logren que las cosas cambien”.

Durante 2024, en la región del Biobío la inversión aprobada alcanzó apenas 540 millones de dólares, sobre un total de 20.700 millones USD en Chile, cifra que refleja un fuerte rezago si se considera que la región representa entre un 7 y 8% del PIB nacional, pero solo un 3% del total de la inversión del país.

Este letargo se traduciría en indicadores preocupantes: unatasa de desempleo del 9%, más alta que el promedio nacional; un mayor índice de morosidad, con un 25%, y una baja aprobación de proyectos de inversión. Para Weber, destrabar la inversión es clave para revertir esos números. “La inversión no es solo una cifra. Es el principal predictor de empleo y desarrollo. Si Biobío hubiese aprobado más proyectos, habría reducido
significativamente su tasa de desocupación y mejorado su economía regional”, aseguró.

En este sentido, el decano USS afirma que el ICEP no solo advierte sobre los riesgos de la permisología, sino que marca un punto de inflexión para la región. La tramitación de proyectos debe agilizarse, los plazos deben cumplirse y las barreras innecesarias tienen que eliminarse para fomentar el crecimiento.

“Estamos perdiendo oportunidades e, incluso, competitividad a nivel internacional. La permisología está afectando el bolsillo de las familias, la calidad de vida y la capacidad de Chile de enfrentar el futuro… Si el país quiere volver a crecer, tiene que destrabar la inversión, y debe hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde”, puntualizó.