MsC. Pablo Fuica Almonte y Dr. Jorge Maluenda Albornoz
Académicos Universidad San Sebastián.
Cada año, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (PcD), instancia que tiene por objetivo visibilizarles como sujetos de derechos, junto con promover su bienestar en todos los ámbitos de desarrollo humano y en cada etapa del ciclo vital.
Desde 2010, Chile cuenta con la ley 20.422, política pública que -desde diversas directrices- pretende materializar la igualdad de oportunidades en torno a este colectivo, buscando garantizar su plena inclusión social y su no discriminación.
En el mismo sentido, hoy contamos con leyes focalizadas en las PcD en temas como educación, trabajo, justicia, salud, entre otros, las cuales pretenden acortar la brecha entre personas con y sin discapacidad en cuanto a acceso y desenvolvimiento. Por dar un ejemplo, desde 2015 se han implementado acciones en torno a la inclusión laboral de este grupo, partiendo con la ley 21.015, que garantiza la participación de un 1% de PcD en empresas con 100 o más trabajadores y, más recientemente (2022), con la ley 21.275, que exige a estas empresas contar con personal capacitado en inclusión laboral.
“Han transcurrido siete años desde la última aplicación de la ENDISC, por lo que urge el desarrollo de mediciones que permitan conocer los efectos de las nuevas políticas públicas hacia la inclusión de las PcD”.
Otro hito de 2015 fue la aplicación de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC II), la cual refirió que aproximadamente un 20% de la población chilena presenta alguna situación de discapacidad. Dicho estudio concentró sus resultados en caracterizar a este segmento, aunque sin contemplar sus experiencias en materias de inclusión. Sin embargo, hasta hoy, la encuesta sigue siendo un referente en cuanto a decisiones en política pública en esta materia.
A pesar de los esfuerzos, las brechas entre personas con y sin discapacidad siguen perpetuándose. Al parecer, no basta con la instauración de políticas puntuales que promuevan su participación en la sociedad. Estas también deben ser acompañadas de acciones como la educación y la capacitación, que permitan una transformación sociocultural más amplia.
Además, existe una gran deuda en cuanto a intensificar medidas en accesibilidad e igualdad de trato, ya que, actualmente, los mitos y prejuicios hacia las PcD abundan y se continúan replicando. Esto pues no se ha logrado implantar en la sociedad la noción de que la accesibilidad permite que toda persona -con o sin discapacidad- pueda desenvolverse en igualdad de condiciones ante una misma situación.
A estas dificultades se suma que han transcurrido siete años desde la última aplicación de la ENDISC, por lo que urge el desarrollo de mediciones que permitan conocer los efectos de las nuevas políticas públicas hacia la inclusión de las PcD. Pero desde la voz de sus protagonistas, es decir, de quienes presentan discapacidad o, bien, de quienes conviven con ella diariamente. Es imperativo que como comunidad avancemos decididamente hacia una sociedad inclusiva, y dejemos de ser una que aparenta serlo.
El Índice de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad (IIPeSD), estudio liderado por la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián Concepción y financiado por el Gobierno Regional Biobío, pretende contribuir a resolver esta deuda realzando la experiencia de inclusión de este colectivo en los distintos ámbitos de la vida, contemplando su carácter idiosincrático y la directa relación que este tiene con las diversas categorías sociales que se vivencian.
De igual manera, la iniciativa tiene por objetivo focalizar el accionar de la política pública en aquellas dimensiones críticas para, de esta forma, orientar un correcto uso de la inversión en esta materia, así como la toma de decisiones público-privadas que cumplan con el impacto que pretenden generar.
Es menester desarrollar estudios profundos y rigurosos que evidencien las deudas en materias de pleno goce de derechos de las Personas con Discapacidad y, así, avanzar hacia la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Especialmente, desde su visibilización como colectivo en las agendas políticas, de modo de impactar positivamente en su bienestar y calidad de vida.
