El reportaje central de nuestra edición Nº 120, en noviembre de 2005, daba cuenta de la violenta situación que se apoderaba de las riberas del lago Lleu Lleu y que remataba el año con un atentando incendiario contra propiedades de la Forestal Mininco en las cercanías de Tirúa.
“Lleu Lleu es un polvorín”, advertía el título de nuestro artículo para graficar la tensión instalada en la zona a instancias de las autoridades de turno que se limitaban a calificar el conflicto como “incidentes o delitos comunes”, tal como lo venían haciendo desde 1997, a propósito de los primeros ataques atribuidos a la Coordinadora Arauco Malleco.
En estos días, cuando el foco de este conflicto alumbra hacia La Araucanía a raíz de la muerte de un estudiante mapuche durante un enfrentamiento con Carabineros en Vilcún y de la violenta reacción acontecida luego de este hecho, la situación sigue siendo básicamente la misma.
Comunidades mapuche que denuncian la militarización de sus territorios, tensión permanente entre la policía y comuneros, ataques contra la propiedad privada de agricultores y forestales que permanecen en los territorios en conflicto, las críticas de los partidos la Alianza por el mal manejo de la crisis y la misma actitud de las autoridades centrales que insisten en judicializar el tema sin asumir las consecuencias que podría tener el profundo descontento social que existe entre algunas comunidades mapuche que dicen no haber encontrado respuestas, en ninguna de las políticas gubernamentales, a sus reivindicaciones históricas.
Los mapuche señalan al Ejecutivo como defensor de los derechos de los grandes agricultores o los conglomerados forestales; la derecha lo acusa de bajar el perfil a la situación por miedo a la mirada siempre atenta de organizaciones de derechos humanos internacionales.
Como sea, nuestras autoridades deben dejar de golpear la puerta del derecho penal para solucionar los problemas que como sociedad no hemos sido capaces de resolver. Y el anuncio de la creación de un equipo especial de ministros para enfrentar la crisis y de la eventual designación de un coordinador de políticas indígenas podría ser el primer paso, siempre y cuando, se incluya en la búsqueda de soluciones a todos los involucrados en el tema.