Las pruebas psicológicas se han hecho cada vez más comunes en los procesos de reclutamiento de personal dentro de las empresas. Los empleadores necesitan saber si sus postulantes reúnen las competencias para el perfil del cargo ofrecido y, por eso, las líneas de evaluación buscan detectar la aptitud del aspirante o bien descubrir las contraindicaciones que presenta para las funciones ofertadas.
Por eso no dejan de llamar la atención aquellas denuncias de abusos o maltratos que cometerían algunos funcionarios de los centros pertenecientes a la red de apoyo del SENAME, donde encuentran refugio los menores que han sido vulnerados física o psicológicamente o aquellos que deben iniciar la rehabilitación que contempla la ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
El caso del administrativo ligado a un centro infanto juvenil de Laja que fue sorprendido abusando de un menor en el baño de un centro comercial. O las denuncias de dos internos del mismo establecimiento donde murieron 10 internos en Puerto Montt, quienes aseguraron haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por un educador del centro, son suficientes para que la opinión pública se pregunte qué está ocurriendo con los mecanismos de selección de personal en esas entidades.
Son casos aislados, pero de todas maneras indican que hay algo que falla en sus métodos de reclutamiento. Si bien las autoridades del SENAME sostienen que todos sus trabajadores deben pasar por test psicológicos antes de entrar a la institución, quizás habría que cautelar que ese requerimiento se extendiera a todos los centros que conforman su red de colaboradores acreditados. Aún en los casos de los funcionarios que no trabajen directamente con los niños.
Pero aunque esta etapa estuviese controlada, todavía queda precaver que se cumpla con la supervisión, con la evaluación de sus programas y con la capacitación permanente de sus trabajadores como se hace en todo proceso organizacional y que en este tipo de entidades -donde se trabaja con niños en situación de riesgo, con problemas de conducta o de delincuencia- son esenciales, porque se trata de ambientes proclives a los abusos de poder, ya sea entre los mismos internos o de parte de los funcionarios que detentan la autoridad.
No basta que sean exigencias que estén planteadas en el papel, hay que resguardar que efectivamente se ejecuten, para que de esta manera se asegure que el SENAME y toda su red esté cumpliendo con sus objetivos de entregar protección, cuidado y rehabilitación a niños y adolescentes que llegan hasta ellos para tener una nueva oportunidad de reinsertarse en la sociedad.
Pamela Rivero, Editora General