La vivienda para las 4.500 familias de las 84 aldeas y de una docena de edificios en el Gran Concepción que colapsaron y que están siendo demolidos por graves fallas estructurales, conforman la gran deuda de la reconstrucción a dos años del terremoto y tsunami. En función de la información que recabamos en terreno y de las propias autoridades, les entregamos un acotado diagnóstico de los avances de una reconstrucción que muchos habitantes califican como “lenta” en contraposición al optimismo de las autoridades de gobierno que destacan que sólo en la recuperación del borde costero se ejecuta una inversión que alcanzará a los 500 millones de dólares. Y en la construcción de los nuevos puentes Chacabuco e Industrial, el monto superará los 400 millones de dólares.
Una titánica y unitaria batalla siguen dando a dos años del terremoto del 27-F, cientos de familias damnificadas de sectores medios de una docena de edificios del Gran Concepción que colapsaron o que, por sus daños estructurales, están en proceso de demolición, para recuperar su vivienda perdida. En su gran mayoría, compraron sus departamentos con subsidio estatal. Dicen sentirse aún en la indefensión y denuncian el permanente abandono que sufren por parte del Estado mientras que las 3.446 familias de las 84 aldeas transitorias de la Región del Biobío se muestran resignadas a pasar hasta dos inviernos más en condiciones adversas, pero llegar a tener una vivienda digna.
Las casas para más de 4.500 familias constituyen la gran deuda del país para con esta región tras el sismo grado 8.8 en la escala Richter, puesto que las inversiones en materia conectividad, de recuperación del borde costero, de veredas e infraestructura básica y entrega de subsidios de reconstrucción y reparación ya se han hecho efectivas y la zona luce avances significativos.
Una sociedad que dio resultados
“Las inmobiliarias y las autoridades apostaban a que nos íbamos a cansar y aburrir y que no tendríamos energía para seguir peleando por recuperar nuestros departamentos, pero se equivocaron”, sentencia la psicóloga Mónica Molina Ravanal (42), sobreviviente del colapsado edificio Alto Río (15 pisos y 113 departamentos), quien coordina la organización de las familias de ese edificio y en coordinación con dirigentes de otros tres más.
Cuenta que desde el dramático rescate del colapsado edificio se han sentido “en la indefensión”, no sólo por la falta de respuesta de las inmobiliarias y constructoras, sino también porque las autoridades locales de gobierno declinaban intervenir bajo el argumento de que su situación era un problema entre privados. “El proceso, como familias damnificadas de clase media post terremoto es todavía muy intenso. Habernos asociado con los habitantes de los otros edificios que vivían el mismo problema para dar la batalla juntos fue muy importante; de lo contrario, la situación sería hoy bastante más dramática”, enfatiza.
Después de muchas gestiones fallidas con las autoridades locales, cuenta que lograron acercarse al Ministerio del Interior para obtener y postular a un subsidio mejorado en relación a los que se entregaban a sectores medios. “Fue la unidad y persistente lucha que dimos como damnificados, la que nos permitió lograr un subsidio bastante mejorado de 430 Unidades de Fomento”, precisa.
Mónica destaca que otro desafío no menor fue el asunto de las demoliciones de los edificios, situación que analizaron directamente con el Ministerio del Interior “por la falta de gestión para abordarlo” de parte de las autoridades locales. Tras agotadoras e inútiles reuniones para tener respuesta de las inmobiliarias involucradas, finalmente optaron por interponer acciones legales, especialmente en su edificio donde hubo ocho víctimas fatales.
“Con las experiencias vividas nos sentimos en absoluto desamparo, porque hemos descubierto que hay vacíos legales y normativas que facilitan el abuso por parte del sector construcción”, precisa.
La psicóloga cuenta que en lo personal fue muy importante su fe religiosa y su formación profesional para enfrentar sin mayores secuelas la situación tan extrema vivida en el Alto Río. “Yo tuve que esperar hasta el sábado en la mañana para que me rescataran”, recuerda, y como profesional advierte que muchas personas que resultaron con trastornos sicológicos, adaptativos, cuadros de ansiedad y problemas de sueños tuvieron que endeudarse para recurrir a terapias particulares, porque no hubo apoyo de las autoridades de salud: “Sentimos que todavía hay en Chile muchas deudas, especialmente con los sectores medios, para los cuales no hay tanto apoyo del Estado”, sentencia.
Proceso duro y frustrante
El higienista Guillermo Ruz Moncado, uno de los residentes en el edificio Plaza del Río dice que las 138 familias que perdieron sus departamentos aquí viven un proceso “duro y frustrante”, porque todavía no tienen su situación totalmente resuelta. De ellas, 18 no tenían seguros y 13 son personas de la tercera edad que financiaron los departamentos con su jubilación.
El 90% de las familias restantes han ido avanzando con el pago de los seguros, pero también “con una incertidumbre tremenda”, porque se han demorado hasta un año y medio en cancelarlos, pese a que tenían que responder en tres meses. “A ello se suman muchas irregularidades en las liquidaciones. Hicimos las denuncias a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, pero no se ha aplicado ninguna multa”, denuncia.
Ruz señala que los representantes de la inmobiliaria Futuro se han portado “muy mal, porque jamás se acercaron a la gente para darle una solución. Tenían los recursos para hacerlo, pero, incluso, nos demandaron por jactancia en el año 2010 (denuncia que el edificio estaba mal construido sin tener las pruebas necesarias) pero ganamos”. Ellos sólo en enero pasado pudieron interponer una demanda civil con la firma de 110 propietarios, porque les fue difícil –dice- conseguir abogados que los patrocinaran e ingenieros que firmaran los peritajes.
Demolición de edificios
Hace un año sólo uno de los ocho edificios del Gran Concepción que estaban con decreto municipal de demolición se había concretado: el Palacio del Deporte en Talcahuano, tarea que representó un gasto de 305 millones de pesos.
En la actualidad, ya están regularizadas las de la Torre O’Higgins de Concepción con un costo de 1.178 millones de pesos, y lo propio ocurre con el colapsado Alto Río, que representó un gasto de 146 millones de pesos. En tanto, la Torre Libertad ya fue derribada (689 millones de pesos) y el edificio Alto Arauco II también. Demandó un gasto de 749 millones de pesos.
La segunda etapa de demolición, con un costo de mil millones de pesos, que contempla los edificios Plaza del Río, Centro Mayor y Rodrigo de Triana, se encuentra en proceso de adjudicación para comenzar obras en marzo. Los fondos para los ocho inmuebles fueron aportados por el Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto de 12 mil millones de pesos.
El drama de las aldeas
La principal falencia del proceso de reconstrucción, según expresan los afectados se vincula sí con el incumplimiento del plazo presidencial en el sentido de que la gran mayoría de las 3.446 familias de las 84 aldeas transitorias no pasarían más de dos inviernos en esas condiciones y aún no tienen sus viviendas definitivas.
Las autoridades justifican esa demora en la complejidad del proceso para comprar los terrenos y lograr los consensos necesarios con los distintos pobladores sobre el tipo de vivienda y su futuro emplazamiento. Por ello tampoco hay una fecha clara para la erradicación definitiva de todas las aldeas. Lo concreto es que, a partir de este mes de febrero, se inicia un proceso paulatino de construcción y de entrega de viviendas que podría culminar a fines de 2013 o a principios de 2014.
Esa falta de claridad genera frustración, impotencia y resignación en las 3.446 familias de damnificados que todavía permanecen en las 84 aldeas transitorias que hay en la Región del Biobío. A su lucha inicial por mejorar las deplorables condiciones de esos emplazamientos de emergencia, como dicen “a punta de reclamos y protestas”, se suma ahora la incertidumbre por el incumplimiento y cambio de los plazos para tener la vivienda definitiva.
“Con los plazos nos han mentido mucho y el proceso ha sido muy lento. Yo creo que dejaremos este lugar en dos años más”, sentencia Cecilia Vallejos. Ella es dirigente de la aldea El Morro, en Talcahuano, donde residen 116 familias damnificadas y asegura que ya no les importa esperar, porque en esa ubicación transitoria no viven tan mal. “Sólo queremos que las cosas se hagan bien, con las nuevas viviendas que se nos construirán en la caleta El Morro”, agrega resignada.
Señala que han advertido a la autoridad que fiscalizarán muy bien como se construyan las viviendas (casas y departamentos) para no estar el primer invierno con problemas.
El Molino
“Gracias a Dios que salimos a la calle para pelear por tener una nueva vivienda, si no todavía no habría una solución. A partir de febrero se entregarán 200 soluciones y las restantes 255 deberían estar listas entre diciembre de este año y fines de 2013 “, enfatiza Ana Muñoz, dirigente de El Molino de Dichato. La aldea es la más grande de la región con 453 familias y más de 2.000 personas.
Dice que la gente “tiene entre comillas un poquito de esperanza”, pero también hay mucha frustración porque no se cumplen los plazos ni muchas otras cosas que les prometieron. “Las autoridades nos dicen que la reconstrucción avanza, pero basta con mirar cómo está Dichato todavía para darse cuenta que no hay más de un 20% de lo prometido”, señala con evidente frustración.
No obstante, advierte que nadie se moverá de la aldea hasta no tener una vivienda definitiva. “Ya pasamos lo peor y la gente quiere irse de aquí directamente a su vivienda definitiva, pero si no cumplen saldremos de nuevo a la calle”, sentencia.
Una gran frustración es la que dice sentir también Alejandro Muñoz (69) residente de la Población Santa Clara y que hoy habita en una aldea en sector Las Higueras de Talcahuano, junto a su esposa Nancy Vuskovic, que se encuentra enferma. “Los plazos van y vienen como un festival por las distintas autoridades. Nos dijeron que después de dos años tendríamos una vivienda definitiva, pero todavía no hay nada claro para las 54 familias que vivimos aquí. Tenemos los subsidios de 12 millones de pesos que son una miseria, pero las casas no están construidas aún”, precisa.
En la Región del Biobío ya se entregaron 87 mil 229 subsidios cumpliendo así el 100% de la meta establecida en el plan de Gobierno para 2011; se iniciaron 50 mil 361 reconstrucciones de viviendas y se terminaron 27 mil 373 obras de reconstrucción. Además, durante el 2011, el gobierno concluyó la expropiación y adquisición del 100% de los terrenos necesarios para otorgar una solución habitacional definitiva a las familias de aldeas. También para mejorar las condiciones de habitabilidad de esos emplazamientos transitorios se destinaron 1.223 millones de pesos, a través de los distintos municipios. El mayor número de familias en aldeas se concentra en la provincia de Concepción con 2.445; en Arauco, con 869; Biobío, con 68 y Ñuble, con 57.
Los avances en un año
La conectividad en la región es de completa normalidad con tres puentes operativos en el Gran Concepción: dos para el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas (Llacolén y Mecano) y uno para 10 toneladas (Juan Pablo Segundo), que permiten el normal desplazamiento del transporte pesado y liviano entre las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz.
Puente Chacabuco
No obstante, el Ministerio de Obras Públicas construirá un puente definitivo donde se emplaza el actual Puente Mecano. El Puente Chacabuco es esencial no sólo para restablecer la conectividad entre las riberas Sur y Norte del río Biobío de acuerdo a un estándar previo al terremoto, sino que para complementar los requerimientos de desarrollo urbano futuro del Gran Concepción.
El jueves 17 de noviembre de 2011 se realizó la apertura económica del Puente y siete empresas presentaron sus ofertas con montos entre los 35 mil millones y 58 mil millones de pesos. Hoy, el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación. Su construcción debería iniciarse este año y terminarse en 2013. Este puente tendrá doble calzada bidireccional, con dos pistas por sentido, ciclovía y una vía peatonal, para atenuar los problemas de conectividad entre Concepción y San Pedro de la Paz, tras la clausura del tráfico por el Puente Viejo en 2002 y que colapsara, finalmente, por el terremoto del 27-F.
El Puente Industrial
Este viaducto es parte del proyecto “Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción”, cuyo llamado a licitación se hará durante el primer semestre de 2012 con un presupuesto estimado de 180 mil millones de pesos, aunque ese monto podría bajar. Su construcción debe iniciarse en 2013 y su término se contempla para 2015. Hace un año, los puentes Chacabuco e Industrial no tenían plazos de ejecución.
Costanera a Chiguayante
Este año se licitará también el diseño de ingeniería y los estudios ambientales de la Costanera Concepción – Chiguayante, aunque todavía no existe un plazo concreto de inicio de obras y su término.
Costanera sur del río Biobío
En la ribera Sur del río Biobío, entre el futuro Puente Industrial y el Puente Chacabuco o Bicentenario se hará una vía Costanera que permita resolver el problema de conectividad en San Pedro, generado por las nuevas condiciones de la red de puentes sobre el Biobío. Sobre esa vía no hay precisiones sobre su inicio y término.
Reconstrucción del Borde Costero
El Plan de Reconstrucción del Borde Costero del litoral de la Región del Biobío, con una inversión de 500 millones de dólares (80% de fondos estatales y 20% privados), ya tiene definidos los 18 planes maestros para igual número de localidades afectadas por el terremoto y tsunami. Se trata de Cobquecura, caleta Perales, Purema, Dichato, caleta del Medio, caleta Los Morros, Penco, Lirquén, Talcahuano, caleta de Tumbes, Puerto Sur de isla Santa María, caleta Lo Rojas, Tubul, Llico, Lebu, Tirúa, Quidico e isla Mocha.
En estas localidades se desarrollarán cada uno de los 223 proyectos validados por sus comunidades y los organismos técnicos, de los cuales 71 ya se encuentran en ejecución, lo que representa un tercio de avance a dos años del 27-F.
Dichato
Entre las obras más relevantes está la ejecución de la principal defensa costera de Dichato, que representa una inversión de 2 mil millones de pesos y un avance del 16%. La fecha de término de esta obra, en tres etapas, está prevista para diciembre de 2013.
En cuanto a los proyectos estratégicos de mejoramiento de los espacios públicos, en esa misma localidad, el Bulevar Daniel Vera se terminará este mes, y constituye una intervención urbana que revitalizará el principal eje comercial y turístico de este balneario con una inversión de 1.600 millones de pesos. También se materializará la nueva avenida Costanera de Dichato con un monto de 5.700 millones de pesos y deberá concluirse durante el segundo semestre de este año. Registra un avance del 20%. En forma paralela se aborda el diseño del Parque Costero de Dichato, que reforzará las medidas de mitigación frente a un futuro tsunami. Su construcción se inicia este año y representa una inversión de 5.000 millones de pesos.
Talcahuano
En Talcahuano se aborda la segunda etapa del Corredor de Transporte por 18.000 millones de pesos y que ya tiene un 4% de avance. Su término se contempla para fines de 2013. A esta obra se suma la primera etapa del borde costero de la Poza de Talcahuano por un monto de 9.800 millones de pesos. Tiene un avance de un 16% y estará lista en junio de 2013. También se encuentra en etapa final la remodelación de la Plaza de Armas con una inversión de 600 millones de pesos. Estará lista en julio. Este año se inicia la construcción de los ejes cívicos que unirá la nueva Plaza de Talcahuano, a través de los bulevares Bulnes y San Martín con la avenida Blanco Encalada, y que costará 1.800 millones de pesos
Plataformas productivas
Este año se iniciarán las obras de recuperación del puerto de Talcahuano por un monto de 20 millones de dólares, lo cual constituye uno de los hitos productivos más importantes para el despegue económico de la ciudad. En Dichato parte la construcción del mercado artesanal con una inversión de 300 millones de pesos y el terminal pesquero artesanal de Villarrica por un monto similar, ambos con aportes privados.
Reparación de veredas
El problema de las veredas en mal estado en Concepción, que acentuó dramáticamente el 27-F, promete entrar en retirada como producto de los 1.100 millones de pesos que está invirtiendo la municipalidad penquista, como parte de un programa iniciado en 2009 que le permite intervenir 3.539 metros cuadrados de veredas en el casco urbano de Concepción.
Sólo el año 2011 se invirtieron 491 millones de pesos para mejorar 16.400 metros de veredas y en ese mismo período se destinaron 196 millones de pesos para reparar 4.000 metros de veredas del Boulevard Barros Arana. Actualmente, se ejecuta el proyecto Conservación de Veredas Centro Dos, el que contempla la intervención en las calles O’Higgins y Freire entre Tucapel y Aníbal Pinto.