Dr. Jorge Maluenda Albornoz
Académico, Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción.
La creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) nació como la respuesta estructural definitiva a décadas de una municipalización fallida.
El diagnóstico era claro: un sistema fragmentado, con brechas de financiamiento insostenibles y una gestión administrativa supeditada a la riqueza de cada comuna. Sin embargo, lo que se diseñó como un camino hacia la equidad técnica se transformó en un laberinto de incertidumbres que amenaza con colapsar, debido a la falta de una hoja de ruta coherente por parte de distintos gobiernos.
Los recientes anuncios del Ejecutivo indican una “pausa” en la implementación o ajustes discrecionales en el calendario de traspasos. Estas decisiones no son meros matices administrativos, sino que representan una fractura en la gobernanza de la política pública en educación. En este campo, el activo más valioso es la confianza. Cuando esta se arriesga por desatinos en la planificación, el daño a la calidad pedagógica y a la estabilidad del sistema puede volverse irreversible.
“Una política sin agenda clara es una política que no se evalúa. Al carecer de indicadores sobre qué define un “traspaso exitoso”, el debate se desplaza de lo técnico a lo electoral. Los alcaldes podrían utilizar esta incertidumbre como moneda de cambio, profundizando la fragmentación que la ley buscaba eliminar”.
En teoría de políticas públicas, la flexibilidad es una virtud, pero siempre que sea reglada y basada en datos. No obstante, el problema crítico de la gestión actual es la ausencia de un sustento técnico explícito que acompañe estos giros. Al anunciar una posible detención de los traspasos sin un proyecto de ley claro ni criterios objetivos de evaluación, el Ejecutivo incurre en una “incertidumbre regulatoria” que paraliza el sistema.
Los municipios en la antesala del traspaso se encuentran en un limbo: ¿qué alcaldía destinaría recursos a infraestructura o innovación pedagógica si desconoce las reglas que imperarán en el corto plazo? Esta falta de precisión desincentiva la gestión local, dejando a cientos de miles de estudiantes en terreno de nadie administrativamente hablando, donde las necesidades urgentes se postergan a la espera de una definición política que no llega.
La educación requiere estabilidad. Para un docente, la transición a un SLEP implica una transformación profunda de su entorno laboral e identidad profesional. Cuando el Estado emite señales contradictorias, el clima organizacional se quiebra. El estrés y la resistencia gremial son respuestas lógicas ante un empleador que no garantiza reglas claras. Más grave es el impacto en las familias. La migración al sector particular no es una opción accesible para la mayoría debido a barreras económicas y administrativas. Para estos niños y adolescentes, la incertidumbre gubernamental no se traduce en una “fuga” hacia otros colegios, sino en la condena a permanecer en un sistema en crisis.
Una política sin agenda clara es una política que no se evalúa. Al carecer de indicadores sobre qué define un “traspaso exitoso”, el debate se desplaza de lo técnico a lo electoral. Los alcaldes podrían utilizar esta incertidumbre como moneda de cambio, profundizando la fragmentación que la ley buscaba eliminar. Además, el desajuste financiero es inminente. La Ley de Presupuestos se planifica bajo supuestos de transferencia de personal y activos. Un cambio de timón sin previo aviso desarticula la planificación del Mineduc y de los municipios, generando ineficiencias en el gasto que terminan afectando la disponibilidad de recursos en el aula.
Para salvar el proceso, el Ejecutivo debe abandonar la comunicación reactiva y asumir un liderazgo técnico que trascienda la coyuntura. El éxito de esta reforma no reside en el cumplimiento ciego de un calendario, sino en la solidez institucional y la legitimidad social de su implementación. Una rectificación responsable requiere fundamentos sólidos y rigor técnico, consenso político-social, reconocimiento de la heterogeneidad territorial, certezas, acompañamiento y recursos reales.
La solidez de la educación pública no se construye con ambigüedad, sino con una hoja de ruta nítida que reemplace la duda por certezas institucionales.
