Hace unos días, un conocido senador reconoció en una entrevista televisada que él ya no viajaba a la Región donde está su circunscripción, porque sus intervenciones políticas de los últimos dos años lo habían alejado de la postura del Gobierno, el que ya no apoyaba sus proyectos ni las iniciativas que él patrocinaba para la zona que representa.
Más allá de cuestionar el hecho de que supuestamente desde el Ejecutivo se estaría obstaculizando el trabajo de un parlamentario que no comulga con los ideales partidistas de la Coalición en el poder, llama la atención cómo un congresista se desentiende, sin ningún tipo de culpa, de los compromisos que adquirió con sus electores.
No existe una norma que regule el nivel de compromiso, trabajo y gestión que un parlamentario realiza en su circunscripción o distrito, y la evaluación de su labor sólo queda en manos de los ciudadanos, quienes en la siguiente elección le entregarán o no su apoyo, según cómo haya sido su desempeño.
De allí la importancia de que sean los propios votantes quienes exijan a los partidos políticos que los aspirantes al Parlamento tengan no sólo arraigo, sino que también un profundo conocimiento de las características, necesidades y potencialidades de las zonas que representarán, y que las definiciones no se hagan solamente por la lógica de los pactos o de las conveniencias de los partidos.
Como dato vale considerar que en la última elección parlamentaria, la mayoría de los congresistas elegidos vive en Santiago. Aún cuando tienen domicilio acreditado en sus respectivos distritos y circunscripciones, su residencia familiar está en la capital
Un 73% de los diputados y un 89% de los senadores en ejercicio representa a regiones. Pero un 48 % de los miembros de la Cámara y un 63% de los senadores vive en la Región Metropolitana, por lo que se desprende que muchos de ellos llegaron en calidad de “afuerinos” a sus zonas de representación. La reforma constitucional de 2005 eliminó para los senadores el requisito de residencia de dos años en la respectiva región contados hacia atrás desde el día de la elección, que contenía la Constitución que puso en vigencia el Gobierno Militar en 1980. Sin embargo, mantuvo esta obligación para los diputados.
A juzgar por los enroques y negociaciones vistos en las últimas semanas en las composiciones de las plantillas parlamentarias, se desprende que muchos de los futuros postulantes a la Cámara Baja no estarían cumpliendo con este imperativo. Quién vela por el respeto de la norma constitucional. Hasta el momento nadie. Y por eso se permite que la sola fijación de domicilio dé por entendido que el candidato a diputado estaría cumpliendo con la ley.
Vale cuestionarse entonces, cómo se pretende avanzar en la descentralización del país y en el desarrollo de las regiones, si varios de sus parlamentarios no tienen ni sintonía ni conocimiento de los intereses de las zonas por las que compiten. Aunque hay excepciones, la experiencia demuestra que ese desapego se nota y se refleja en terreno y en el Congreso.
En este año de elecciones, la pelota está en la cancha de los votantes para controlar y decidir quiénes nos representan en el Poder Legislativo.