El mismo día en que la Comisión de Expertos terminó de votar el anteproyecto de carta fundamental, tres diputados socialistas anunciaron una reforma constitucional para acortar de cinco a dos meses el plazo de trabajo para el Consejo Constitucional. Y no solo eso, pues la iniciativa propone también que a las opciones de A favor o En Contra del plebiscito de salida, se añada una tercera alternativa, que sería inclinarse por la propuesta que emanará del grupo de 24 expertos.
Sus argumentos para presentar este proyecto se basarían en lo que consideran un buen trabajo realizado por la comisión, “que ha mostrado una trasversalidad que va desde el Partido Comunista hasta los expertos del Partido Republicano”, según dijeron. También, sostuvieron que obedecía a la necesidad de terminar cuanto antes este segundo proceso constituyente y disminuir las incertezas que existían en el país. Otros han retrucado sus explicaciones, argumentando que lo que realmente buscan con esta reforma es contrarrestar la influencia de los republicanos en el órgano constituyente.
“El ánimo previo a la instalación del Consejo Constitucional es bueno y alentador, pero hay que cuidar las formas, los detalles y aquellas ‘ideas’ que pueden enredar el proceso, y hacer que la atención y el trabajo de los consejeros se desvíe hacia discusiones poco relevantes que ya en el pasado demostraron no solo no ser productivas, sino que ser destructivas para un espacio donde lo que se requiere es diálogo y la búsqueda de acuerdos”.
Estas modificaciones que se pretenden hacer vía proyecto de ley a las reglas consensuadas en el acuerdo que dio pie al segundo proceso constitucional -reducir el plazo del consejo y agregar una tercera alternativa al voto- recibieron inmediatos reparos de la misma líder del partido de los patrocinantes de la moción, así como de parlamentarios DC y, también, desde partidos de la oposición. Un adelanto que hace pensar que la iniciativa no tendría futuro en el Congreso.
Sin embargo, es una idea que provoca un ruido innecesario para un proceso que en su primera parte -trabajo de la Comisión de Expertos- no tuvo contratiempos, y que está pronto a iniciar su segunda fase. Una donde se verá la labor de los 51 consejeros constitucionales elegidos por la ciudadanía que, al menos en sus discursos públicos, han coincidido en que no se deben repetir errores del pasado, y que llegarán al consejo con una postura dialogante, respetuosa y sobre todo de solemnidad frente a la responsabilidad que significa escribir la constitución.
Dos consejeras electas por Biobío, Patricia Spoerer (Partido Republicano) y Paloma Zúñiga (Revolución Democrática), en sendas entrevistas publicadas en nuestra última edición, coincidieron en dichos objetivos y compromisos. A pesar de las diferencias que las ubican en extremos opuestos del espectro político, concordaron en su deseo de que este proceso sí tenga éxito, y que se logre una propuesta constitucional que convenza a los votantes.
El ánimo previo a la instalación del Consejo Constitucional es bueno y alentador, pero hay que cuidar las formas, los detalles y aquellas “ideas” que pueden enredar el proceso, y hacer que la atención y el trabajo de los consejeros se desvíe hacia discusiones poco relevantes que ya en el pasado demostraron no solo no ser productivas, sino que ser destructivas para un espacio donde lo que se requiere es diálogo y la búsqueda de acuerdos.
Hay que avanzar para cumplir esta etapa y dejar que la ciudadanía, con la propuesta de constitución en mano, decida su voto. Los prejuicios, las mentiras y las pretensiones de cambiar a última hora el rayado de cancha -cuyas intenciones no son del todo claras- crean discusiones estériles y desvían de lo importante, que es la culminación de este segundo proceso constituyente, al cabo del cual los electores decidirán, en conciencia, qué es lo que quieren para Chile.
