Daniela Catalán, académica de la carrera de Ingeniería Comercial USS.En las últimas semanas ha cobrado fuerza una propuesta legislativa que busca eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos de arriendo, créditos hipotecarios, educación y salud.
La iniciativa, motivada por razones de justicia social, pretende aliviar la carga de quienes deben pagar en una unidad indexada a la inflación mientras sus ingresos permanecen en pesos sin reajuste automático. Sin embargo, eliminar la UF sin una base técnica sólida podría generar consecuencias no deseadas en el sistema financiero, afectando el crédito, la vivienda, las pensiones y la estabilidad económica.
Durante décadas, la UF ha permitido ofrecer créditos de largo plazo sin exponer a las instituciones financieras a la inflación. Sin este mecanismo, los bancos podrían responder elevando tasas de interés, acortando plazos de financiamiento o restringiendo productos como los créditos hipotecarios a 25 o 30 años. Esto encarecería el acceso a la vivienda, sobre todo para los sectores medios y jóvenes. Además, la UF actúa como una referencia transparente de la inflación. Su eliminación ocultaría estos ajustes en tasas nominales, dificultando la comparación entre productos financieros y reduciendo la claridad para los consumidores.
Tampoco debe ignorarse el alto costo de transición que implicaría renegociar miles de contratos vigentes, muchos a largo plazo, lo que generaría gastos administrativos, legales e incertidumbre respecto de su aplicación retroactiva.
Otro efecto relevante sería la pérdida de protección inflacionaria que otorgan productos como rentas vitalicias o instrumentos previsionales. Para muchos pensionados, la UF ha sido clave para preservar el poder adquisitivo frente al alza del costo de vida, y su desaparición podría traducirse en una pérdida real de bienestar. Además, sin una unidad de ajuste confiable, podría aumentar la volatilidad de precios o surgir mecanismos de indexación menos eficientes, complicando la planificación financiera de hogares y empresas.
Esto no significa que no se deban revisar ciertos usos de la UF, especialmente, en servicios esenciales como arriendos, educación y salud, donde los reajustes automáticos pueden ser regresivos. En vez de una eliminación total, parece más razonable avanzar hacia una solución mixta, que limite su uso en esos sectores y explore mecanismos alternativos de reajuste, como cláusulas anuales con umbrales mínimos de variación del IPC, lo que daría previsibilidad sin encarecer de inmediato los precios.
En resumen, cualquier reforma que busque limitar la UF debe considerar sus efectos sistémicos. La equidad no puede alcanzarse sacrificando la estabilidad financiera, el ahorro y el acceso al financiamiento. Chile necesita un sistema más justo, pero debe avanzar con responsabilidad técnica y visión de largo plazo.
