La prevención, sin embargo, es un tema pendiente. En especial los recursos destinados al estudio de fenómenos telúricos y a la implementación de organismos que funcionen de forma cohesionada.
Cuando en el mundo se habla de Chile, es inevitable no pensar en un territorio “sísmico”. A sólo horas de la tragedia del 27/F muchos expertos se dieron cita aquí para estudiar y entender el fenómeno que -a dos años- todavía entrega enseñanzas.
Estar ubicados sobre una falla geológica es la razón de tanto movimiento telúrico, según han explicado ampliamente los expertos, puesto que la fricción de placas tectónicas –la Sudamericana y la de Nazca- liberan esa fuerza que mantiene en movimiento el territorio chileno desde Arica hasta la Península de Taitao, precisa el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile.
Por lo mismo, vale la pena preguntarse cómo las normas de construcción y edificación reconocen o reaccionan ante esta característica del territorio chileno. Según lo explica el académico e ingeniero civil, Tomás Guendelman, estamos en condiciones de resistir sismos severos aunque reconoce que es muy difícil decir que se pueden superar completamente, puesto que son muchos los factores involucrados.
Respecto de las consecuencias del 27/F, el profesional asegura que los daños de un número importante de los edificios se originaron en la incorrecta clasificación del uso del suelo, lo cual fue corregido con los Decretos Supremos números 60 y 61, recientemente oficializados.
“Una segunda fuente de problemas derivó del empleo de espesores de muros muy bajos (15 centímetros) y ausencia de confinamiento, hecho que no ocurría en los edificios de dos o tres décadas atrás, en los que era difícil hallar espesores inferiores a 20 centímetros en los muros, lo que también se corrigió con los decretos antes mencionados”, explica que el experto.
En este sentido, la normativa reaccionó positivamente para mejorar las condiciones en las que hoy se edifica lo que se traduce en una mayor calidad en las construcciones.
El ingeniero civil, Luis Mendieta H., de Tensar S.A., explica que las normativas vigentes están entre las más avanzadas y exigentes del mundo. El uso obligado de instrumentos como el acelerómetro, por ejemplo, permite obtener información de cómo se comporta una superficie cuando ocurre un movimiento telúrico, datos que junto con las consecuencias concretas de los terremotos, posibilitan medir la efectividad de las normas existentes.
El especialista agrega que las regulaciones previas al 27/F, contenían información obtenida de los registros de aceleración del sismo de San Antonio, en 1985, y estuvieron vigentes hasta el último terremoto.
“Tras el terremoto de 2010 se cambió la normativa (NCh433); se hizo más exigente y recoge la información aportada por el 27/F”, afirma Luis Mendieta, quien estima que la normativa chilena no tiene mucho que envidiarle a la de Japón, puesto que en ambos países el comportamiento de las edificaciones fue bastante positivo pese a las consecuencias de sus respectivos sismos. Más aún, agrega, si se compara con lo ocurrido en México en 1995, donde miles de personas perdieron la vida, se desplomaron 400 edificios y hubo que demoler otros 600.
Una gran diferencia con la nación nipona, sin embargo, dice el experto, tiene que ver con la cantidad de recursos que se destinan a la investigación y al desarrollo de sistemas de protección sísmica.
“Me refiero específicamente a los sistemas de aislación sísmica mediante la incorporación de apoyos de goma en la base de los edificios para minimizar los efectos de los temblores. En Chile ya hay algunos edificios en los que se ha incorporado esta técnica con estupendos resultados en 27/F”, puntualiza.