Con esa idea, el ex gobernador de Concepción asumió esta nueva tarea en el servicio público. La actual hoja de ruta de Bienes Nacionales, que incorporó la gestión como eje de su trabajo, le permitió dar un sentido regional al mandato que a esta secretaría de Estado hizo la Presidenta de la República para aportar a disminuir las desigualdades y para trabajar por el desarrollo inclusivo en el país.
No es un ministerio político. Tampoco es una cartera que haya estado directamente involucrada en las reformas estructurales que el actual Gobierno definió para Chile. Sin embargo, desde el año pasado, Bienes Nacionales ha mantenido una notoria presencia mediática a raíz de lo que sus autoridades catalogan como un giro en su histórica misión de “administrador de bienes fiscales”. Porque si bien el reconocimiento y la administración del patrimonio público son parte del trabajo permanente, a partir de marzo del 2014, esta secretaría de Estado recibió el mandato presidencial de contribuir, a partir de sus atribuciones, en el desarrollo inclusivo que el Ejecutivo propuso como paradigma de crecimiento para el país. Desde ese momento se comenzó a hablar de democratizar el acceso al territorio, de entregar respuestas oportunas a los beneficiarios, pero, sobre todo, de poner el territorio fiscal al servicio de la política pública y de compatibilizar el desarrollo económico con el desarrollo integral del territorio. Un desafío lleno de posibilidades si se considera que el 53 por ciento de la superficie del territorio nacional es fiscal, cifra que aumenta a un 90 por ciento en las regiones extremas. “Ese mandato que recibimos de la Presidenta de la República nos hizo tener la convicción de que Bienes Nacionales tenía que estar en la base de los grandes proyectos de la Región del Biobío”, explica el secretario regional ministerial de esta cartera, Eric Aedo Jeldres. Había, señala, proyectos de alta envergadura pública que necesitaban concretarse en la zona, pero pocos terrenos disponibles para hacerlo (en la Octava Región el 2,6 por ciento de la superficie es fiscal, cifra que se materializa en 3.285 inmuebles de administración de Bienes Nacionales). Por eso la solución pasó por modificar esa lógica de administración que, según manifiesta el seremi, había prevalecido hasta marzo de 2014, para avanzar en un trabajo cuyo eje fuera la gestión de esa propiedad fiscal. “Es decir, ser proactivos para buscar las maneras de poner esos bienes a disposición de las personas u organizaciones que los necesitaran”, precisa. Y así lo han hecho hasta hoy, en casos como el de las 14,8 hectáreas ubicadas en la costanera hacia Chiguayante, que Bienes Nacionales puso a disposición del Servicio de Salud Concepción para evaluar la factibilidad de construir allí un hospital de alta complejidad; las 3,4 hectáreas, entre la línea férrea y Costanera, en el mismo sector, que se entregaron al Ministerio del Deporte para materializar un centro de alto rendimiento para la Región, o el centro cultural que se construirá frente a la Plaza de Armas de Los Ángeles, en lo que fue el ex Liceo de Hombres, también de propiedad fiscal. “Antes, en casos como éstos, los servicios públicos o los municipios que querían desarrollar un proyecto de gran impacto tenían que comprar terrenos a privados o al propio Fisco”. En este cambio de rumbo en el quehacer de este Ministerio se priorizó el interés público a la hora de definir los destinos del patrimonio fiscal, pero también se trabajó en la búsqueda de fórmulas para hacer estos traspasos. El seremi Eric Aedo menciona, como ejemplo, la recuperación de colegios en desuso que habían sido traspasados a los municipios. “Nos encontramos con un catastro que nos decía que el Fisco en las últimas décadas había traspasado 266 establecimientos educacionales a diferentes municipios de la Región del Biobío. Al hacer un análisis de estas instalaciones concluimos que 57 de ellos ya no funcionaban como colegios, algunos con una ubicación estratégica, como el ex Liceo Balmaceda de Concepción o el mismo ex Liceo de Hombres angelino. En estos casos trabajamos buscando una fórmula que nos permitiese devolver al Fisco la propiedad de esos establecimientos para ponerlos a disposición de proyectos de relevancia y gran impronta social en la Región, como lo hicimos con el centro cultural en Los Ángeles, o el ex liceo Balmaceda, donde el municipio de Concepción pretende construir las nuevas dependencias del Cesfam O’Higgins. En definitiva buscamos darle un mayor valor público a nuestra gestión”. 
Democratizar el acceso al territorio
La escasez de terrenos disponibles para construir proyectos de viviendas sociales fue un tema que motivó el trabajo conjunto entre el Minvu y Bienes Nacionales. Hasta el 2014, agrega Eric Aedo, Bienes Nacionales vendía los terrenos fiscales a agrupaciones o comités de allegados que querían concretar sus proyectos de vivienda sobre terrenos de su administración. Esto en algunos casos hacía absolutamente inviable esta posibilidad dado el alto valor de venta. Tal y como les sucedía a los integrantes del Comité de Allegados Talita Kum, de Punta de Parra, en la comuna de Tomé. “Llevaban 15 años tratando de postular a un proyecto habitacional en un terreno de 10 hectáreas que Bienes Nacionales les vendía en 268 millones de pesos. Lo que se hizo en este caso fue considerar que se trataba de una demanda de larga data sobre un terreno fiscal cuyo valor hacía imposible que las 100 familias de Talita Kum pudieran concretar su proyectos de vivienda”. La solución pasó por realizar una transferencia gratuita al Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, para ponerlo a disposición de ese centenar de familias. Lo mismo ocurrió con el comité El Porvenir de Chiguayante, constituido por 97 familias, que también podrá disponer de un terreno cedido por Bienes Nacionales. “Debemos tener una visión regional de cómo resolver los problemas que nos aquejan, sin temer a los cambios, y a partir de nuestras experiencias ver las maneras que tiene el Estado para adecuarse a las necesidades de la gente. Nosotros no podíamos seguir dilatando la espera de familias que por motivos económicos no tenían la posibilidad de pagar por un terreno de casi 300 millones pesos. Era necesario hacer un giro en la gestión, pero, más aún, era necesario tener voluntad política para hacer estos cambios”, sentencia Eric Aedo. Con esta lógica, añade, en esta seremi vimos que se abría una posibilidad que podía abarcar mucho más allá del tema de la vivienda, y que había necesidades en el ámbito de la salud, de la cultura, del deporte y de las salas cuna y jardines infantiles. “De hecho, hemos puesto a disposición de la Junji e Integra seis terrenos para la construcción de establecimientos en Los Ángeles, Chillán, Nacimiento, San Carlos y Tomé, que fueron comunas que habían levantado demandas para adquirir terrenos que estaban bajo nuestra administración”. También está la transferencia gratuita hecha a la Municipalidad de Los Ángeles y al Servicio de Salud Biobío que construirán un centro geriátrico en el terreno donde estuvieron ubicados los tribunales de justicia de esa ciudad, y la entrega de tres hectáreas para la construcción de un parque en el sector de Monte Cea, también en Los Ángeles. “Nuestra idea ha sido relevar la importancia que tiene democratizar el acceso al territorio. Pero sobre todo hemos demostrado que no estamos generando política pública en la periferia de la ciudad, sino que estamos propiciando proyectos de alto impacto para las personas en lugares de alta plusvalía, por lo tanto cotizados por el sector privado, y bien ubicados dentro de la ciudad”, enfatiza Eric Aedo.
La importancia del “título”
Actualmente en la Región del Biobío cerca de cinco mil familias están a la espera de regularizar su propiedad. La capacidad de respuesta de Bienes Nacionales no supera las 1.600 solicitudes anuales, con lo que queda una cifra de arrastre que se ve incrementada con las dos mil solicitudes que año a año ingresan a este organismo. 
Nuevamente la gestión fue una respuesta para este problema. Eric Aedo comenta que se gestionó una serie de convenios que les permitirán atraer recursos para paliar este problema de tanta relevancia para las familias. “Nos hemos encontrado con casos, como el de un grupo de vecinos de Los Álamos, en la provincia de Arauco, que viven en terrenos categorizados como áreas verdes, por lo que legalmente no son propietarios del lugar donde viven, aún cuando en su barrio se han ejecutado proyectos de alcantarillado, de agua potable, pavimentación y de casetas sanitarias. Sin embargo, no tienen ninguna seguridad jurídica sobre esos terrenos, y tampoco pueden celebrar contratos o recibir subsidios del Estado”. Y es que en Chile sólo se considera dueño de un sitio o de un terreno a quien tiene un título de propiedad inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, trámite que, como lo indican las cifras en Biobío, no pocas familias dejan de hacer. Para solucionar esas situaciones, Bienes Nacionales está trabajando para reducir los plazos tanto para la tramitación de los títulos de dominio como para la entrega de concesiones y transferencias de propiedad. A través del programa zona de rezago de Arauco, podrán regularizar de manera gratuita 1.200 títulos de dominio para igual número de familias de esa provincia. “Una cifra relevante si se considera que en los últimos 10 años el promedio de regularización ha sido de 300 títulos anuales”, enfatiza el seremi de la cartera. Esos beneficios, continúa, “abren una puerta hacia una mejor calidad de vida para esas familias y con eso avanzamos en forma concreta en la tarea a la que nos convocó la Presidenta de la República, que es derrotar las desigualdades y lograr un desarrollo más inclusivo”.
El papel de las organizaciones sociales
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales trabaja en distintos frentes con 650 organizaciones comunitarias de la Región del Biobío. Tradicionalmente, la labor de esta seremi había sido conocer sus demandas para gestionar la concesión de terrenos o de bienes fiscales. Hoy, asegura Eric Aedo, “la relación es mucho más cercana porque en ellas hemos encontrado una excelente fuente de información para conocer las necesidades de las personas, lo que nos permite ofrecer una respuesta rápida y oportuna a esas necesidades sobre bienes fiscales. Pero también nos posibilita, junto con entregar una propiedad, ofrecerles orientación para buscar recursos del Estado que les permitan materializar sus proyectos”.
El enfoque en el que está orientada la actual administración es priorizar aquellos proyectos que tienen mayor impacto para mejorar la calidad de vida de las personas, con una colaboración y acompañamiento que generan una relación más cercana con las organizaciones sociales. Una clara muestra de ello es el proyecto en el sector Sepúlveda Bustos, en Chillán, una iniciativa con una mirada integral que incorpora bienes y servicios públicos en un área céntrica de la ciudad que presenta varias carencias, pero que serán atendidas en un trabajo conjunto articulado por Bienes Nacionales, que hoy gestiona el patrimonio fiscal con la convicción de que es posible contribuir para que las desigualdades sean cada vez menos y se pueda avanzar en un desarrollo más inclusivo.