Cecilia Flores Eterovic Jefa Faro UDD, sede Concepción.
Cecilia Flores Eterovic
Jefa Faro UDD, sede Concepción.Desde el 2014 existe interés en construir un museo de la memoria y los derechos humanos en Concepción. Este año, el proyecto se actualizó y el Consejo Regional del Biobío aprobó un presupuesto de $5.562 millones para su construcción en un plazo de 22 meses.
Este museo será administrado por una corporación integrada por el Gobierno Regional, el ministerio de las Culturas y la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos. Los costos de operación se estiman en $477 millones anuales, dentro de los cuales se incluye el financiamiento de 16 funcionarios, considerando el director ejecutivo del museo, quien percibirá un sueldo mensual de $4,5 millones.
Según la noción liberal de la democracia representativa, las personas renuncian a imponer sus convicciones a otros, y consienten en lograr acuerdos de convivencia social, a cambio de vivir en un sistema que reconoce y protege las libertades y los derechos propios y ajenos. El ejercicio de la soberanía se materializa en el sufragio, y las autoridades democráticamente elegidas deben detentar el poder, siempre con pleno respeto por los derechos humanos.
No cabe duda que le compete al Estado y a la sociedad civil cumplir un rol formativo en la valorización de los estándares democráticos y del respeto por las instituciones y los derechos humanos. Sin embargo, por diversas razones resulta discutible que las autoridades regionales pretendan cumplir dicho propósito a través de esta iniciativa.
En primer lugar, desde un punto de vista del uso y focalización de los recursos públicos, si bien la última encuesta Casen arroja aparentemente resultados positivos a nivel nacional y regional, no debemos perder de vista que aún subsisten en la región del Biobío 126.392 personas que no cuentan con ingresos suficientes para financiar una canasta de necesidades básicas. Asimismo, el ingreso promedio de los hogares de la región, considerando ingreso del trabajo e ingreso autónomo, se mantiene estancado y a nivel nacional incluso ha disminuido, al contrario de lo que ha ocurrido con los subsidios monetarios entregados por el Estado a través de programas sociales, los que se han duplicado en los últimos cinco años.
Para superar estos niveles de ingresos es prioritario que la economía de la región crezca rápidamente y de manera permanente, permitiendo la expansión del empleo. Pero también es urgente que la autoridad regional, en su rol subsidiario, focalice prioritariamente los recursos disponibles en políticas públicas que faciliten la generación de ingresos propios y en iniciativas de inversión con rentabilidad social, permitiendo que los habitantes de la región alcancen condiciones mínimas de calidad de vida en el menor tiempo posible.
Considerando los recursos públicos que se destinarán a la construcción de ese museo, alternativamente estos permitirían construir, por ejemplo, un nuevo CESFAM, como el recientemente inaugurado en Chiguayante, que busca beneficiar a 15 mil personas, con un costo de más de $4.000 millones, o una nueva subcomisaria de Carabineros, como la que se inaugurará prontamente en el sector Los Cerros de Talcahuano, con un costo de $3.300 millones.
Ahora bien, en relación con las razones que justifican la construcción y mantención de un museo de esta naturaleza, según el Estudio Panel Ciudadano UDD, realizado en enero de este año, frente a la pregunta en qué debería estar enfocada la conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1973, un 63 % de los encuestados señaló que en tratar de reconciliar el país y mirar el futuro, y solo un 20% en recordar las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, frente a la pregunta si cree que recordar las violaciones a los derechos humanos dividirá o unirá más a los chilenos, un 63% de los encuestados estimó que los dividirá y un 37% que unirá a los chilenos.
Estas cifras demuestran que la mayoría de los encuestados prefería conmemorar los 50 años a través de instancias que buscan la reconciliación del país, mirando hacia el futuro, y no recordando las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante este periodo, atendido que ello dividiría más a los chilenos.
Por último, a nivel de debate público, se ha instalado por parte importante de la ciudadanía una percepción de desconfianza que ha venido socavando la estabilidad social, y se han desarrollado preocupantes rasgos de polarización e irracionalidad. En este contexto, es cuestionable que las autoridades regionales pongan sus esfuerzos y destinen una suma considerable de recursos públicos en construir y mantener un espacio que no contribuirá a alcanzar la tan anhelada paz social.
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