Juan Eduardo Matamala
Director Académico IP-CFT Santo Tomás Concepción.
La Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP) ha experimentado importantes transformaciones en las últimas décadas. Hoy, los institutos profesionales y centros de formación técnica concentran cerca del 45% de la matrícula de pregrado y casi el 60% de las titulaciones. A ello se suma una creciente diversidad de estudiantes: solo entre 2024 y 2025, la matrícula de personas con discapacidad en educación superior aumentó un 10,3%.
Estos avances muestran un sistema que ha abierto progresivamente más oportunidades. Sin embargo, mientras las instituciones han debido adaptar infraestructura, tecnologías, procesos académicos y modelos de acompañamiento, los mecanismos de financiamiento no necesariamente han evolucionado al mismo ritmo.
“Los aranceles regulados no consideran actualmente un ponderador específico asociado a la discapacidad, mientras una inclusión efectiva puede requerir intérpretes de lengua de señas, tecnologías especializadas, adecuaciones de infraestructura, profesionales de apoyo o capacitación docente”.
Existen apoyos públicos a través de SENADIS y otros instrumentos estatales, pero están sujetos a postulaciones, requisitos y disponibilidad presupuestaria. No constituyen, por tanto, un financiamiento permanente asociado a cada estudiante que pueda requerir apoyos durante su formación.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: incluir no es solamente permitir el ingreso. La verdadera inclusión supone generar condiciones para que una persona pueda avanzar académicamente, desarrollar sus competencias, permanecer en la institución, titularse e incorporarse posteriormente al mundo laboral. La equidad debe observarse durante toda la trayectoria educativa.
Esto representa un desafío especialmente relevante para las instituciones adscritas a gratuidad. Los aranceles regulados no consideran actualmente un ponderador específico asociado a la discapacidad, mientras una inclusión efectiva puede requerir intérpretes de lengua de señas, tecnologías especializadas, adecuaciones de infraestructura, profesionales de apoyo o capacitación docente.
Por ello, parece necesario avanzar hacia mecanismos de financiamiento que reconozcan de mejor manera esta realidad, ya sea mediante aportes complementarios, ponderadores u otros instrumentos capaces de acompañar los ajustes razonables y apoyos que requieren las distintas trayectorias.
El desafío no es solo que más estudiantes puedan entrar a la educación superior, sino que puedan avanzar, titularse y transformar esa formación en oportunidades reales de desarrollo personal y laboral.
Porque la equidad no significa necesariamente entregar exactamente los mismos recursos a todos. Generar oportunidades equivalentes muchas veces exige reconocer que existen necesidades diferentes y, precisamente por ello, disponer también de apoyos diferenciados.
