¿Hay que aumentar el gasto público? La crisis económica ha logrado que esta pregunta -que ha sido el centro de los debates país durante años- tenga hoy un marcado protagonismo y sea origen de intensas discusiones entre quienes apoyan su incremento y quienes piden ser más cautelosos o, definitivamente, quieren recortarlo dada la contingencia económica mundial.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en su reciente visita a Chile, defendió la decisión del Gobierno de dedicar 2,5 % del PIB al gasto público, enfatizando que el país estaba siguiendo la ruta señalada por su institución para Latinoamérica, en torno a considerar el cuidado de la economía de la población más vulnerable como una manera de asegurar un desarrollo inclusivo y evitar lo que sucedió en la crisis de los años 80, cuando los países de la región demoraron 10 años en recuperar un crecimiento positivo, pero cerca de dos décadas en lograr ese mismo crecimiento en la parte social.
Lo que sucedió con el gasto en educación y salud en Chile son los mejores ejemplos para graficar esa situación, pues a pesar que desde los 90 se ha aumentado el gasto en estos sectores, todavía no se logra un nivel satisfactorio de inversión fiscal.
Si bien los especialistas en materia económica coinciden en que el incremento del gasto público no aumenta el crecimiento económico y que, por ejemplo en Chile, la reducción de la pobreza es atribuible al crecimiento y no al gasto fiscal, la pregunta pasa entonces por cómo ir en ayuda de la población más vulnerable en momentos de dificultades económicas y no repetir errores del pasado.
Lo correcto, sostienen los expertos, es identificar cuál es el gasto que tiene verdadera rentabilidad social. Aquí la focalización de los recursos en educación y generación de empleo es la que genera mayor consenso. En cambio, sostienen, se deben evitar todas aquellas inversiones innecesarias y limitar los gastos que pueden ser excesivos, por ejemplo, en la administración y funcionamiento de programas sociales o en los servicios públicos. Sólo de esa manera se podría asegurar ese desarrollo inclusivo del que habla la funcionaria de la CEPAL y, además, se resguardaría el bienestar de quienes tienen menos posibilidades de sortear los embates de la actual crisis económica.