En 2011 se hizo conocido por ser uno de los principales voceros del movimiento estudiantil que demandaba cambios estructurales en la educación. Hoy, como diputado por Revolución Democrática, ha sido testigo y protagonista del complejo momento que vive el país, marcado por ásperos desencuentros entre el Gobierno, la oposición y una cada vez más decepcionada ciudadanía. Conversamos con Giorgio Jackson sobre el proyecto de Carrera Docente, la Ley de Inclusión y el anuncio de gratuidad para universidades del Cruch en 2016.
Por Nicolás Sánchez. Fotografía: Viviana Peláez.
Son cerca de las 9 de la mañana, y el aire está irrespirable en calle Concha y Toro, ubicada en el centro antiguo de Santiago. La arteria, famosa por su urbanidad y arquitectura europea de principios del siglo XX, está infestada de gases lacrimógenos. Tras avanzar con dificultad algunos metros, se distingue que en calles adyacentes se vive “un duelo” entre carabineros y estudiantes del Liceo de Aplicaciones. Es una situación sorpresiva, pues no se sabía de ninguna manifestación programada para ese día.
-Una vez al mes se enfrentan. No necesariamente hay un contenido concreto, a estas alturas es casi un rito, responde el diputado Giorgio Jackson, quien tiene su oficina distrital a pocos metros de ahí.
La fachada del inmueble conserva la línea señorial del barrio, pero su interior es bastante sencillo. El parlamentario, por su parte, de jeans, polerón y mochila, mantiene casi el mismo aspecto que tenía hace unos cuatro años, cuando, como dirigente, fue uno de los líderes del poderoso movimiento estudiantil que buscó transformaciones estructurales en el sistema educacional chileno.
Kenneth Giorgio Jackson Drago nació en 1987, en Viña del Mar. A su corta edad, ha sido Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), voluntario por seis años de Un Techo para Chile, y uno de los fundadores del movimiento político Revolución Democrática. Ingeniero civil industrial con mención en tecnologías de la Información, el 17 de noviembre de 2013 fue elegido diputado por Santiago Centro, con el 48,17 % de los votos.
A casi dos años de ser electo, su figura política se proyecta bien entre los sondeos de opinión. En julio, la encuesta Cerc-Mori lo incluyó entre “los cinco políticos con más futuro” junto a los ex líderes estudiantiles y hoy también diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo.
Sin embargo, no ha sido un periodo fácil. Como parlamentario independiente, ha sido testigo y protagonista del complejo momento que vive el país, marcado por ásperos desencuentros entre el Gobierno, la oposición y una cada vez más decepcionada ciudadanía. A comienzos de agosto, y debido a su apoyo a la idea de legislar el proyecto de Carrera Docente, fue fuertemente increpado por profesores mientras participaba en un foro por la Asamblea Constituyente en la comuna de Lo Espejo.
Tras la partida del ministro Nicolás Eyzaguirre, la gestión de Adriana Delpiano en el Ministerio de Educación no ha estado exenta de problemas por los cambios en los criterios para el inicio de la gratuidad en 2016 y por la “subida” por algunas horas a la web del Ministerio de Educación de un polémico borrador con fórmulas y regulaciones relativas al tema. También ha sido resistida la creación del Consejo Asesor para la Reforma a la Educación Superior, instancia que, según explicó la ministra, busca generar una apertura al diálogo con todos los actores.
En este contexto, el pasado 8 de septiembre, la secretaria de Estado entregó un ambicioso calendario legislativo para educación, el cual proyecta la aprobación del proyecto de Carrera Docente en diciembre de 2015; durante ese mes, además, la Cámara de Diputados deberá revisar el proyecto de Nueva Educación Pública, que ingresará durante la última semana de septiembre, y el Senado comenzará a tramitar la reforma a la educación superior. De acuerdo con el itinerario, ambas iniciativas deberían estar despachadas a fines de julio de 2016.
En entrevista exclusiva para Revista Nos, conversamos con el diputado Giorgio Jackson sobre los principales proyectos y temas de la reforma educacional.
-Respecto a la agenda legislativa en temas de educación, ¿no estará apurándose demasiado el Gobierno en proyectos que son de por sí muy complejos?
-”Creo que todo esto se ve apurado precisamente porque el año pasado nos demoramos casi un año en tramitar el proyecto de Ley de Inclusión. Lo sacamos a fines de enero, y creo que debido a la resistencia que hubo por parte de los sostenedores, por parte de muchos padres y apoderados de colegios particulares subvencionados, y también, obviamente, de la oposición por tener diferencias ideológicas importantes con la gratuidad, con el término del lucro y de la selección. Eso generó un desgaste y una pérdida de capital político para el Gobierno y el Ministerio de Educación. Los proyectos han venido con menos fuerza y también con errores del Gobierno de tipo comunicacionales, de proceso, de cómo articular con los actores sociales antes. Ahora nos vemos en el dilema todos quienes queremos hacer transformaciones en educación (piensa): o postergamos y dilatamos todos los proyectos, o tenemos que hacer un esfuerzo todos los actores sociales, también el Gobierno y los parlamentarios, para poder sacar esto adelante. Me refiero tanto a la Carrera Docente, para dignificar la labor que hacen los profesores; la educación pública, porque si no cambiamos su administración no tienen mucho sentido las otras cosas que hemos hecho porque se va a hundir y, en tercer lugar, la educación superior, que es una promesa importante. Esos temas me preocupan y me ocupan en materia educacional, pero también están otros que tienen que ver con, por ejemplo, la nueva Constitución, la probidad, la ley de partidos, la austeridad en la política, el vínculo entre dinero y política, y el tema de la delincuencia. Yo estoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana y me tiene muy preocupado que estemos cayendo en una especie de populismo penal: puede ser muy terrible para la sociedad chilena enfocar la delincuencia solamente como un tema policial y no como un tema social”.
-Julio fue especialmente duro, cuando en la Comisión de Educación se vivió una verdadera batalla por aprobar o rechazar la idea de legislar el proyecto de Carrera Docente, todo en medio de un paro de 52 días del Colegio de Profesores ¿por qué fue tan complicado el diálogo?
-”Creo que hubo desprolijidad y poco respeto a los acuerdos que se tenía con los profesores en las mesas previas. El proyecto ingresó con cosas nada que ver con lo que se había acordado con ellos, y tuvimos que arreglarlo en el camino. Pero en lo que ha habido más improvisación es en los anuncios con respecto a la transición hacia la gratuidad: tratar de hacer gratuidad a través de una Ley de Presupuesto me parece una locura. Al parecer eso ya está más o menos cerrado y hay que intentar minimizar los efectos para que no condicionen la reforma que viene a la educación superior haciendo que ésta sea laxa en cuanto a la regulación al sistema privado, porque si no vamos a empezar a entregarles recursos a instituciones que no están cumpliendo con un rol público (…) Acá se está haciendo al revés, están poniendo las lucas y después definiendo “ok, veamos los criterios para esta plata”.
-¿Y en los otros proyectos?
-”Con respecto a la desmunicipalización y a la reforma de educación superior, tengo dos aprensiones distintas: en la desmunicipalización es cuánto tiempo va a demorar, porque tenemos urgencia de fortalecer la educación pública, y si es que el proyecto va a ser para todo el país y no solamente proyectos pilotos. Obviamente que va a haber una gradualidad, como la Reforma Procesal Penal, pero que sea desmunicipalización entera, completa, y con fondos para la administración de la educación pública. Y por el lado de la educación superior, hay una disputa ideológica muy grande entre distintos sectores tanto al interior de la Nueva Mayoría como entre quienes estamos fuera, que queremos empujar una idea desmercantilizadora de la educación y no simplemente repartir recursos para alivianar la carga”.
-¿Fue un error de la Presidenta anunciar este proyecto el 21 de mayo, por los plazos que ella misma se impuso?
-”Creo que la forma fue un error, porque no lograron dimensionar desde La Moneda al momento de establecer el discurso, que el tono en el que se comunicó iba a ser una piedra en el camino en la discusión de la reforma a la educación superior. Porque se antepone la urgencia de la Ley de Presupuesto a lo importante que es discutir un sistema”.
-En un momento trascendió que el Gobierno había decidido reducir de un 60 a un 50 % los alumnos más vulnerables que recibirán gratuidad para incluir a universidades privadas que cumplieran ciertos requisitos, ¿estarías abierto a una fórmula de ese tipo?
-”No me gusta mucho esa fórmula. Yo creo que quiénes tomaron la decisión de anunciar eso no conocían muy bien cómo funciona el sistema de educación superior, porque las universidades del Cruch ya tienen una beca, como la Bicentenario, que es de las más completas, a pesar de que cubre sólo el arancel de referencia en general para los primeros cinco deciles -o incluso para los tres quintiles-. Lo que hace es que cubre, por lo general, esa brecha entre el arancel real y el de referencia. Entonces, casi ya existe una gratuidad para ellos”.
-Pero no es lo mismo que gratuidad, ¿o es muy parecido?
-”Es muy distinto a establecer un sistema de gratuidad completo, pero no es tan distinto a lo que se va a hacer, entendido como gratuidad para el próximo año. Hoy buena parte de los estudiantes del Cruch que forman parte, por ejemplo, de los cuatro o de los mismos cinco primeros deciles que están supuestamente incorporados en esta gratuidad, ya no pagan. Entonces, si es que uno piensa en la gratuidad, efectivamente no es simplemente dar una beca o como que no pague durante la universidad, sino que tiene que ver con el financiamiento de la educación; se va a hacer de otra manera, ya no va a ser con cargo a los estudiantes, sino mediante convenios de desempeño, planes de desarrollo, etc. Y eso no se cambia con la ley de presupuesto. El impacto real que tiene la medida de política pública que se va a implementar no es tanto como se anuncia. Por lo tanto, creo que fue un problema político mayor para un alcance tan bajo como el que puede tener esto en el próximo año. Lo que sí esperamos es que después de la reforma a la educación superior esto tenga un alcance hasta el ciento por ciento, obviamente con gradualidad, pero con un modelo de financiamiento distinto, que no sean becas, que no sea financiamiento a la demanda, sino que tenga un compromiso con las instituciones”.
-Si sólo se centra la gratuidad en los alumnos del Cruch se discriminaría a quienes estudian en los otros planteles de educación superior. Esto, porque algunos que tuvieron una educación de calidad y les dio el puntaje para entrar a la U. de Chile, la PUC o la UdeC estudiarían gratis, mientras que quiénes tuvieron una educación deficiente -por origen social, por ejemplo- tendrían que seguir endeudándose para estudiar en una privada ¿Cómo lo ves tú?
-Sí, es evidentemente una contradicción de nuestro sistema y de lo que nosotros hemos venido planteando. La discriminación que viene desde el año 81 entre universidades tradicionales y no tradicionales tiene que acabarse. Y no tiene que acabarse con la Ley de Presupuesto, sino con una ley que estructure cuál es el rol que cumple cada institución, y cuál es el compromiso público que cada una de ellas asume. Por un lado están las universidades que son del Estado, que por ley se constituyen como universidades, por lo tanto yo creo que ésas debiesen tener asegurado un presupuesto de funcionamiento, y están las universidades que se constituyen por derecho privado, que de alguna manera quieren comprometerse con un desarrollo país y, por lo tanto, también pueden acceder al financiamiento. Pero eso requiere un compromiso y una voluntad por parte de las instituciones, no es simplemente por aceptar un estudiante sin PSU, viéndolo como un nicho de mercado, que tú vas a tener que entregarle recursos; eso significaría ocupar a los estudiantes como fuente de ingresos. Si es que las universidades se comprometen y hacen manifiesto ese compromiso, por supuesto que tendríamos que entregarles financiamiento para que los estudiantes estudien gratuitamente, pero no al revés”.
-Es homologable a lo que sucede ahora con la ley de Inclusión y la decisión de los colegios subvencionados a la gratuidad o a ser privados.
-”Claro, si es que una universidad quiere acceder a la gratuidad, que transparente los fondos, que tenga proceso de contratación académica transparente y no oscuro como muchas veces ocurre, que tengan cierta planta académica, que no prive a los estudiantes de la posibilidad de participar del consejo académico, del consejo superior, etc, para fomentar la participación y democratización que requieren las instituciones”.
–Pero hoy podrían haber “privadas” que cumpliesen con los requisitos que se exigirían: cuatro años de acreditación, que en su directorio no figuren sociedades comerciales, y que democraticen su institucionalidad. El rector de la Universidad de Humanismo Cristiano ha argumentado que cumplen más requisitos que ciertas universidades del Cruch…
-”Y en el caso que así sea, tienen que ser merecedoras del financiamiento para que los estudiantes puedan estudiar gratuitamente. Pero, repito, eso no debe hacerse a través de una Ley de Presupuesto, sino a través de una ley que ordene las cosas. Lo único que se podrá hacer por Ley de Presupuesto es transferirle una especie de beca a los estudiantes que vayan a algunas instituciones”.
Carrera Docente: énfasis en formación inicial
-Los profesores rechazan que, de forma adicional a la obtención del título profesional, deban certificarse para ejercer en el sistema público y que aumenten sus salarios por vía de evaluaciones y tramos. Se entiende que ya se eliminó la certificación tras el primer año de ejercicio bajo tutela de un mentor.
-”De partida, no compartía el enfoque inicial que le da el Gobierno a esta parte del proyecto, pero además la reflexión colectiva con profesores en distintas asambleas nos hacía poner el énfasis en la formación inicial. Y eso es lo que hicimos, le pusimos mucha más exigencia a este ítem, e hicimos que una vez con el título, dada la exigencia de formación inicial, ya no necesitaras certificarte, sino que el título fuera en sí mismo la garantía de que estás bien formado. Y posteriormente, en el desarrollo -dado que una cosa es la aplicación teórica, pero otra es la bajada práctica- es que creemos que haya una evaluación que permita reconocer el desempeño. Ésa evaluación que más que castigar -porque en ningún caso se intenta eso- reconoce que puede haber diferencias en los roles, en las instancias, en las etapas de vida de una carrera docente. Y por lo tanto, como así lo explica una carrera funcionaria en el sector público o en otros lados, uno va escalando, y tiene que haber criterios lo más objetivos posibles para eso. Uno son los años de experiencia, importante para ir asignando crecimiento y reconocimiento en la carrera, y parte menor dentro del sueldo de un profesor va a estar dado por el resultado de una evaluación. Y esta misma evaluación, lo que nosotros hemos cuidado y establecido, a diferencia del proyecto inicial, es que tenga menos repeticiones, que sea el menor agobio posible para los profesores; por lo tanto en materia de conocimientos específicos y pedagógicos, nosotros le cambiamos el carácter y pusimos además que, en el caso de ser aprobada, tú no tuvieras que darla nunca más. Y en la evaluación del portafolio, el otro instrumento, incorporamos que el reconocimiento al perfeccionamiento que pueda tener un docente -a través de magíster o posgrado, o también de las labores que desempeña afuera del aula-, fueran reconocidas”.
-Actualmente el máximo por sala es de 45 alumnos. Sin embargo, el proyecto de ley original no planteaba ninguna medida concreta en este ítem ¿cómo se podría solucionar este problema?
-”Este tema está en una mesa técnica con el Gobierno. Yo encuentro que hay varias soluciones posibles, desde cambiar la estructura de financiamiento para que la presión no esté en tener más alumnos como es hoy -si una escuela recibe más alumnos recibe más financiamiento, por lo tanto el incentivo es tener más-. Lo que hay que intentar es descomprimir ese incentivo para que las escuelas tengan los alumnos que permiten tener una buena educación. Lo ideal es menos de 30, pero con un tope de 35”.
-Otro temor es que el nuevo sistema de tramos origine “jubilaciones forzadas”. Por ejemplo, un director podría despedir a un profesor que haya llegado al nivel “experto”…
-”No, en el sector público los ‘profes’ gozan de las protecciones que brinda el Estatuto Docente. Ahora, según la Ley 20.501, existen algunas causales de bajo rendimiento para poder desvincular a un profesor, pero hay muy pocos casos en los que se ha aplicado, porque son bastante excepcionales. En el sector particular subvencionado se rigen bajo el Código del Trabajo, por lo tanto, cualquier profesor, aunque sea destacado o con la mejor evaluación, tiene una vulnerabilidad laboral del que este proyecto no se hace cargo, porque es un tema que tiene que ver con el contrato de trabajo, que es distinto; tiene que ver con el Código Laboral y no con el Estatuto Docente”.
“La Ley de Inclusión sí mejora a la educación pública”
-El 16 de enero de 2015 se aprobó el proyecto que pone fin al lucro, selección y copago en colegios subvencionados ¿No se debió comenzar por fortalecer la educación pública? Se ha señalado que se habría visto un avance más inmediato y se habría evitado un gran desgaste con la oposición…
-”Puede ser. Yo tengo mis aprensiones: de haber empezado por la educación pública, las críticas por parte de la oposición habrían sido de la misma intensidad pero con otro carácter. Por ejemplo, ‘se está discriminando a los estudiantes de los colegios particulares subvencionados al invertir en los colegios públicos, porque sus padres escogieron otra cosa’… que es lo que han dicho históricamente los sectores conservadores frente a la inversión en la educación pública. Entonces, si me preguntas, creo que la valla más grande a romper -en términos ideológicos- tenía que ver con que los colegios particulares subvencionados gozan de unas reglas del juego distintas, que afectan a la educación pública. Entonces, la Ley de Inclusión no se trataba, y no se trata, de los colegios particulares subvencionados, se trata del sistema, y que todos los establecimientos del sistema pasen a funcionar con las mismas reglas, que ninguno pueda seleccionar porque antes sólo los públicos no podían hacerlo; que ninguno cobre, antes sólo los públicos no podían cobrar, y que ninguno tuviera fines de lucro, antes sólo los públicos no tenían y algunas ONG. No tenía que ver con uno, sino con todos, porque cuando un colegio particular subvencionado selecciona, ése (alumno) que no selecciona se va al público, y el público tiene una concentración de estudiantes no seleccionados. Por ello, la Ley de Inclusión sí mejora a la educación pública”.
-¿Qué les dirías a los apoderados que tienen hijos en colegios subvencionados y que están asustados de que cierren o que pasen a ser un establecimiento particular imposible de pagar?
-”Que luchen para que los sostenedores de esos colegios no pongan por encima del proyecto educativo el interés del lucro. Al final, el problema no es de la reforma, es de aquellos sostenedores que lo que quieren es poner, por sobre la educación de los niños que van a esa comunidad, su interés de tener fines de lucro. Los sostenedores pueden generar un sueldo, pero es la avaricia muchas veces la que impide que esos estudiantes puedan seguir en un colegio particular subvencionado. Entonces, el problema, más que la reforma, es que esos padres y apoderados tengan que pedirle explicaciones a esos sostenedores”.