Dice que es prioritario avanzar en el control de la contaminación atmosférica que afecta la calidad del aire de muchas ciudades del país, por distintas fuentes de polución.
Un estudio realizado por las universidades de Yale y Columbia entrega a Chile un buen Índice de Desempeño Ambiental que lo ubica en el lugar 13, entre 163 naciones consideradas en la investigación. Indicador que, según Jaime Dinamarca, Gerente de Medioambiente de la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción CPCC, es el reflejo de la determinación tomada por el Estado chileno en 1994, cuando estableció una institucionalidad ambiental que garantizara la sustentabilidad de su crecimiento económico. Eso se tradujo en que a partir de 1997 todos los proyectos de inversión relevantes fueran sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Con ello se avanzó hacia una mayor protección del medio ambiente, bajo la premisa que toda actividad humana genera algún tipo de impacto que debe ser considerado con las medidas de mitigación necesarias para hacer sustentable la actividad económica y productiva del país”, enfatiza. Dinamarca sostiene que la situación actual de las empresas en la Región del Bíobio, en su comportamiento ambiental, es buena. “Desde la entrada en vigencia del SEIA, mil 31 proyectos han sido calificados como favorables, permitiendo la materialización de inversiones por 114 mil millones de dólares que se sometieron a estrictas exigencias en materia de emisiones, efluentes y residuos”, aclara. Destaca como avances la construcción de rellenos sanitarios para el depósito de basuras y desechos como también la exis tencia de una red de modernas plantas de tratamiento de aguas servidas que nos colocan en el tema sanitario con niveles similares de tratamiento que tienen las naciones desarrolladas, con un rango del 93%.
Advierte que aunque en materia de biodiversidad y protección ambiental la Ley de Bases del Medio Ambiente estableció una institucionalidad que permite su protección y garantiza un medio ambiente libre de contaminación -a través del SEIA, las normas de calidad ambiental, los planes de manejo, las zonas de latencia y saturadas y planes de prevención y descontaminación-, aún existen falencias que deben resolverse con una participación decisiva de las autoridades respectivas y un compromiso mayor de la comunidad, porque a su parecer la legislación entrega las herramientas para protegerlo. En la Región las situaciones más críticas se dan en Chillán y Los Ángeles, con las declaraciones de zonas saturadas por el consumo de leña de mala calidad, y en comunas del Gran Concepción, con la existencia de zona latencia por distintas fuentes de polución que afectan la calidad del aire.
Dinamarca enfatiza que el desarrollo sustentable es un desafío político que requiere un ejercicio de equilibrio entre crecimiento y protección ambiental. Eso implica someter las actividades productivas a la evaluación de los organismos técnicos ambientales sobre la base de una legislación clara que evite decisiones arbitrarias. “Debemos contar con normas que establezcan parámetros medibles con instrumentos, por ejemplo, la cantidad de material particulado que pueden emitir las estufas a leña y no señalar que se prohíbe la emisión de humos visibles”. Añade que otra forma de defenderse de las arbitrariedades o subjetividades es disponer de un mecanismo de reclamación que permita solicitar a una instancia diferente la revisión de lo obrado por las autoridades, rol que, a su juicio, debe recaer en el Poder Judicial. Pero también indica que se debe actuar con mucha responsabilidad frente a iniciativas que vulneran la legislación o que no asumen los impactos negativos que generan en polución.