Dr. Jorge Maluenda Albornoz Académico, Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción.
En los últimos días hemos visto cómo el debate sobre la violencia escolar ha girado drásticamente desde la convivencia hacia el control y el castigo.
Pórticos detectores de metales en las entradas de los establecimientos, revisiones exhaustivas de mochilas y un debate político que propone la pérdida de derechos sociales (gratuidad universitaria y hasta alimentación) como castigo a la violencia han generado una discusión intensa sobre una problemática muy viva.
La administración vigente está cometiendo un error fundamental al confundir conflicto escolar con delito. Ello, pues, el problema no es que no exista violencia en las escuelas. Negarlo sería una ceguera irresponsable, pero el diagnóstico actual es profundamente errado, y las recetas aplicadas no solo son ineficaces, sino que agravan la fractura del sistema educativo.
“No existe evidencia vigente que demuestre que el control policial y la punición resuelvan el conflicto educativo. Por ejemplo, en la política de Tolerancia Cero en Estados Unidos, implementada en los años 90, el efecto fue inverso. Logró aumentar las tasas de deserción y la criminalización de minorías, sin reducir significativamente los tiroteos o la violencia interna”.
El primer gran error de la actual gestión es su incapacidad para distinguir matices. Se ha caído en un reduccionismo peligroso que mezcla, en un mismo saco, fenómenos de naturalezas completamente distintas: violencia entre pares, violencia social y delincuencia. Al agruparlos bajo la idea de “problemas de seguridad pública”, se renuncia a la mirada educativa de este problema. Cuando un conflicto de convivencia se aborda con el Código Penal en la mano, la escuela deja de ser una institución de aprendizaje para convertirse en una sucursal del sistema penitenciario. Y no, la violencia escolar no es una extensión de la delincuencia callejera; es, mayoritariamente, el síntoma de una comunidad que perdió su capacidad de diálogo y un sistema social que, por sus muchos conflictos y carencias, se hace incapaz de formar a las futuras generaciones. Peor aún, se ha propuesto utilizar la reducción de derechos sociales como medida correctiva, lo que es un disparo en el pie de la democracia. Si privamos de derechos a quienes más necesitan la red de protección del Estado, lo único que logramos es empujarlos hacia los márgenes de la sociedad, alimentando el ciclo de exclusión que genera la violencia original.
No existe evidencia vigente que demuestre que el control policial y la punición resuelvan el conflicto educativo. Por ejemplo, en la política de Tolerancia Cero en Estados Unidos, implementada en los años 90, el efecto fue inverso. Logró aumentar las tasas de deserción y la criminalización de minorías, sin reducir significativamente los tiroteos o la violencia interna.
Otro ejemplo es el Reino Unido, donde muchas escuelas británicas adoptaron políticas de disciplina dura (expulsiones, vigilancia estricta y presencia policial ocasional), pero obtuvieron como resultado mayor abandono de la escuela y aumento de la vinculación con conductas delictivas en dichos jóvenes, sin disminuirla.
En el contexto nacional (Aula Segura) la expulsión rápida ha mostrado que el conflicto simplemente se desplaza de un colegio a otro, radicalizando a los jóvenes y desarticulando las comunidades escolares. En este sentido, el control solo silencia el síntoma temporalmente, sin atender las causas.
Si queremos soluciones reales, debemos mirar hacia los modelos que han logrado transformar la convivencia mediante la educación y no la represión. Un ejemplo es el modelo neozelandés de justicia restaurativa, el cual en lugar de centrarse en “¿qué regla se rompió y qué castigo merece?”, se focaliza en “¿quién fue dañado y cómo podemos reparar el daño?”. Nueva Zelanda ha sido pionera en sustituir las expulsiones por “círculos de paz” y mediación. Esto obliga al infractor a hacerse responsable de sus actos frente a la comunidad, reconstruyendo el tejido social en lugar de romperlo.
Países como Finlandia o Noruega han apostado por el aprendizaje socioemocional. No ven el bienestar emocional como un “extra”, sino como el núcleo del currículo. Programas como el “KiVa” han reducido drásticamente el acoso escolar. ¿Su secreto? No se enfocan solo en el agresor y la víctima, sino en los “espectadores” (el grupo), enseñándoles a no validar la violencia y a actuar con empatía activa.
Lo que resuelve la violencia no son más cámaras de seguridad, sino más adultos significativos, es decir, capital humano dedicado al cuidado. Se requiere una reducción de la ratio alumno/docente y la incorporación de profesionales (psicología, trabajo social y mediadores culturales) para formar comunidad con los estudiantes. Un estudiante que se siente perteneciente y valorado por su institución es menos proclive a la violencia.
En síntesis, seguir escaneando a nuestros estudiantes como si fueran mercancía peligrosa es una confesión de fracaso pedagógico y, francamente, en mi opinión, una demostración de nuestra propia incapacidad para enfrentar la cuestión.
