La llamada Reforma Constitucional de Lagos, del 2005, tuvo debates interesantes en el Senado. Uno de ellos fue el periodo presidencial. Buena parte de los parlamentarios propugnaba volver a cuatro años, “como en la presidencia de Aylwin..”, como si tal ejemplo podía asimilar incluso el carisma de ese gobernante.
En sordina afirmaban que a Frei le habían “sobrado dos años”, mientras que otros, de perfil mas izquierdista, decían que “los primeros cuatro años de Lagos habían sido concertacionistas, pero que en los dos últimos, quizás se le vería sentado en el Directorio del Banco de Chile”.
La Alianza, por su parte, apoyaba rebajar a cuatro años el mandato, porque mientras más breve es el periodo, “menos mesiánico es el gobernante”, decían.
Lo anterior, aunque tiene tintes humorísticos, nos advierte que el alma nacional es monárquica por naturaleza. Las dinastías políticas, militares, judiciales, empresariales, entre otras, se han manifestado a lo largo de nuestra historia. Incluso, en algunos casos, se han ”apoderado” del sitio en cuestión (escuelas castrenses y policiales, Parlamento, tribunales, notarias y conservadores incluidos), aferrándose de tal forma, que el ingreso de otros está repleto de dificultades.
Este panorama ha provocado que cada mandato presidencial se transforme en Gobierno y no en una administración expresada en la condición de Mandatario (al que se le ”manda” a hacer..), que trasunta dicho cargo ejecutivo.
Los países de mayor desarrollo, sujetos a políticas de Estado y no a mesianismos circunstanciales, refiriéndose a un hecho de alta significación pública (promulgación de una ley, nombramiento en un cargo nacional), expresan: “El Gobierno de los EE.UU., bajo la administración Obama, promulga la ley…..aprobada por el Congreso de la Unión”. En Chile, en cambio, un anuncio de este tipo se personaliza a tal extremo que desaparece todo signo institucional, resaltando a el o la monarca como autor(a) único del asunto en cuestión: “La Presidenta Bachelet, en ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda, promulgó la ley….cuerpo normativo que comprometió en su campaña”. Parlamentarios y otros no existen. Pasa a ser una “ley de Bachelet” y no de la República.
Es cierto que hay un acto con algún principio democrático en la elección de buena parte de las autoridades, pero instalado(a) en el poder, surge el rey o la reina.
Sus paseos por el país son motivo de cortes de tránsito, motos veloces, autoridades locales nerviosas, de corbata, asustadas. Llega el Rey. Y lo que es más delicado, se ha perdido el único sustento que alienta el desarrollo: la Política de Estado, única forma institucional que permite sostener un contrato social, reconocido y aceptado por todos, con proyección conocida, formas de aplicación aceptadas y valores nacionales incorporados.
Aquel día en que se anuncie que el “Gobierno de Chile, bajo la administración…..promulgó la ley….”, se habrá dado un paso trascendente. Y si a ello agregamos eliminar la facultad presidencial para contratar directamente o a través de la Alta Dirección Pública a miles de “cupos políticos”, se terminará la democracia monárquica.