El mes pasado, uno de los reportajes centrales de nuestra edición del sur destacaba la hermosa realidad del Teatro del Lago en Frutillar. Una tremenda infraestructura que nació de la idea de un grupo de personas vinculadas al arte y que fue posible gracias al respaldo del municipio local, de empresarios de la zona, pero sobre todo, por el compromiso de la comunidad de Frutillar que no ha dudado en cooperar con los recursos necesarios para levantar uno de los teatros más modernos, vistosos y completos que existen en el país.
Lamentablemente en Concepción hoy damos cuenta de una realidad absolutamente opuesta. El cierre del Centro de Danza Calaucán, una escuela formadora de talentos que por 24 años educó, acogió y perfeccionó las ganas y los dones de varias generaciones de jóvenes -un gran porcentaje proveniente de la educación municipalizada-, desde donde salieron destacados profesores y bailarines del país. La razón es simple: sus directoras no encontraron el apoyo privado, estatal ni municipal suficiente para conseguir los 3 millones de pesos mensuales que necesitaban para funcionar.
El cierre del Calaucán es como una cachetada proveniente de la esencia misma de la política cultural del gobierno que, supuestamente, apunta a llevar la cultura a todos los rincones del país y, más aún, a esas audiencias que escasamente tienen oportunidades de acceder a este tipo de expresiones. Ni sus instancias de financiamiento ni las leyes elaboradas durante los gobiernos concertacionistas pudieron remediar la grave situación de este centro penquista. Al contrario, se convirtieron en un descincentivo para sus gestoras que vieron como, sin mayores explicaciones, sus proyectos no encontraban el apoyo que sí tuvieron antaño. Desgraciadamente, su historia se repite en varios rincones del país, pues a pesar de las buenas intenciones, el trozo mayor de la torta del financiamiento se sigue quedando en Santiago.
El anuncio de que a partir de 2008 se regionalizarán distintas áreas de apoyo a la difusión y creación de proyectos culturales que serán decididas localmente, y la modificación de la Ley Valdés para incentivar a las empresas regionales a respaldar instancias culturales de las localidades donde están insertas debería cambiar las cosas. Siempre y cuando los criterios de selección se ciñan estrictamente a la evaluación de la calidad, pertinencia e importancia social de los proyectos y no giren en torno a amiguismos o a pagos de favores electorales. Sólo así se logrará que realmente la cultura llegue a todos y evitará que sólo sigan disfrutándola unos pocos.