El presidente de 200 jueces se queja porque les endosan responsabilidades sin siquiera haber leído los fallos; precisa que los índices de prisión preventiva en el país son más altos que en Latinoamérica y que es hora de una reforma integral al Código Penal, tarea que le compete al Ejecutivo y Legislativo. En una suerte de mea culpa, admite, sin embargo, que no han logrado un mayor acercamiento con la comunidad en la comprensión de una labor donde no siempre dos más dos son cuatro. Aún así, prefiere el nuevo sistema de justicia que, como juez, le atribuye una tarea de “hetero componedor”.
De ascendencia asturiana pero angelino es este ministro integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción y presidente de la Asociación Regional de Magistrados de Concepción, Biobío y Arauco, quien dice sentir tanta vocación por su tarea de juez como un árbitro por el fútbol, aunque le duelan las críticas que hoy -y de todos lados- arrecian en contra del Poder Judicial del que forma parte hace 30 años. “No hay que olvidar que quienes administran justicia son seres humanos y por ende falibles”, dice tras un largo suspiro.
El deceso del abogado Jorge Caro, compañero de práctica y gran amigo suyo en vísperas del aniversario 163 del tribunal de alzada lo dejó triste. En realidad, bien entristecido reconoce estar este hombre de Derecho egresado de la Universidad Católica y profesor de Derecho Penal en la U. de Las Américas de 54 años, divorciado y padre de cinco varones. Con sus hijos mayores -Gerardo y Gonzalo- fiscal y médico, respectivamente, habla de la vida dice César Panés Ramírez y aunque le gusta el deporte, poco tiempo le queda para ello entre tantas resoluciones de la Primera Sala – “el motor de esta Corte”-, el gremio y la crianza de sus tres hijos menores: Benjamín, Vicente y Maximiliano, aunque no cambia pañales, dice.
Con 200 jueces afiliados, la asociación que dirige es la segunda regional más grande del país; realiza actividades de carácter académico y de perfeccionamiento en materias que ya conoce o nuevas en Derecho, pero no por ello -al final del día- deja de reflexionar en qué pudo haberse equivocado, admite este juez que inició su carrera como secretario del Tercer Juzgado de Los Ángeles, estuvo en Laja, Puerto Natales y Ancud antes de ser nombrado en el Primer Juzgado Civil de Concepción; de allí al Tribunal Oral en lo Penal de Concepción y en 1988, miembro integrante de la Corte.
“Me lo pregunto mucho y a veces uno queda con la sensación de no haber hecho la justicia que quería; uno queda con un sabor amargo en la boca. Por fortuna, no es la mayoría de las veces. En una visión retrospectiva, yo le podría decir que, honestamente, uno trata de hacer lo justo y lo legal; nos cuestionamos mucho los asuntos que resolvemos, no se trata de salir de aquí, cerrar la puerta y hasta el otro día. Todos tenemos conciencia y la conciencia significa “estar presente” en relación a algo. Los jueces tenemos corazón y cerebro”, asegura.
– ¿Y cuáles son las materias más complicadas? Cuando les toca fallar casos como el de Curicó, por ejemplo -pediatra que mató a sus tres hijos y después se suicidó- ¿qué pasa con ustedes?
-Hay casos que tienen complicaciones técnicas. Y otros -muchos- que no lo son tanto, pero tienen mucha implicancia sociológica y humana que, desde esa perspectiva son tan o más complicados que los otros. Pero uno es un “hetero componedor” y debe abstraerse de muchos sentimientos para tratar de dar a cada uno lo suyo, porque eso es, en definitiva, la justicia.
-¿Es difícil hacer justicia hoy?
-(Un gran suspiro antecede su respuesta). Sí, porque lo que buscan las personas es la justicia material al caso concreto y particular. Uno no puede abstraerse de la fría norma. No hay que olvidar que quienes administran justicia son seres humanos y por ende falibles.
-¿Y qué diría a las críticas de que los jueces no aplican “mano dura”? El hecho más reciente de insatisfacción pública es el fallo de los cinco imputados por el caso de la leche ADN, mal elaborada por el laboratorio Braun Medical, que provocó la muerte de 6 niños en 2007 y dejó a 60 personas con secuelas. El Tribunal de Juicio Oral de San Bernardo absolvió por cuasidelito de homicidio a cinco ejecutivos y sólo a tres consideró culpables por el delito de cuasidelito de atentado contra la salud pública y contrabando ¿Qué dice?
-Le voy a hablar desde la perspectiva de dirigente gremial del que formo parte desde 1998. Las críticas son buenas bajo una condición: que sean fundadas. Muchas de las que hoy proliferan por la prensa son -a mi juicio- infundadas; están dadas por el minuto en que se conoce una determinada resolución, por el fragor mismo de los intervinientes en una contienda judicial. Como operadores del sistema judicial -y específicamente personas que adjudicamos Derecho- estamos sujetos al principio de legalidad, tenemos que ajustarnos a lo que dice la norma legal. Es cierto que uno tiene márgenes de interpretación, pero esos son propios de la labor de la justicia. La justicia está hecha por personas y uno tiene diversas perspectivas para enfocar una situación jurídica. Hay algunas situaciones que dejan poco margen de interpretación y otros que sí (discrecionalidad). Y desde esa perspectiva es válido que un tribunal tenga una opinión determinada en una cuestión específica y que otro tenga otra mirada de esa misma cuestión. Constitucionalmente y a nivel legal estamos regidos por el principio de la fundabilidad de las actuaciones procesales que redundan en la fundamentación que debemos darle a nuestras actuaciones y sentencias. Cuando yo escucho críticas -de primera mano o de primera línea sin siquiera haber leído los fundamentos de las resoluciones judiciales-me parece una situación injusta.
– ¿Al Poder Judicial le molestan la críticas?
-La crítica es bienvenida en la medida que sea bien fundada. Siempre en un juicio hay personas que manifiestan intereses contrapuestos: un demandante que quiere una cosa y el demandado que se defiende de determinada manera. En un proceso penal tenemos un ente persecutor -público o privado- que requiere una determinada cuestión o postulado y un imputado cuya defensa sostiene otro postulado diametralmente distinto. O sea, siempre va a haber alguien disconforme con la resolución judicial. Eso lo entendemos como también que hay muchas normas cuyo diseño no es el más adecuado. Y eso, en ocasiones lleva a emitir decisiones que podrían estimarse injustas. Todo eso lo aceptamos dentro de estos márgenes de fundabilidad, pero cuando escuchamos -y en esto le estoy hablando como dirigente gremial- críticas de autoridades que sin interiorizarse en los fundamentos de un fallo lo atacan, estimamos que no son razonables. No hay forma de hacerse cargo de ellas.
-¿No pueden ustedes retrucarlas?
-Tenemos prohibición; no podemos ni criticar ni alabar nuestras resoluciones. En este tema hay mucha desinformación también. Yo sé que en las escuelas de periodismo a ustedes les enseñan que no es noticia que un perro muerda a una persona, pero sí lo es que una persona muerda a un perro. Son múltiples las resoluciones que salen a diario de todos los tribunales del país que no son noticias, pero sólo ventilan algunas.
– Porque, precisamente constituye noticia quien quede en libertad tras cometer un asalto o un crimen que ha impactado a la comunidad…
-Los errores judiciales en nuestro país son mínimos comparados con el ejercicio jurisdiccional de Latinoamérica y del mundo. Lo digo con conocimiento porque he participado en bastantes cursos relativos a estas materias. A nosotros se nos critica por la típica “puerta giratoria” y resulta que porcentualmente, tenemos el mismo número de personas privadas de libertad durante la tramitación que Estados Unidos y más que cualquier país latinoamericano. Desde esa perspectiva, uno nota que es una crítica injustificada cuando se comenta en la prensa y en las cartas que se publican que hay una puerta giratoria, que los delincuentes entran y salen. Eso no es efectivo.
-A pesar de lo que dice, el fallo por el caso de la leche ADN, mereció fuertes críticas en las redes sociales: “clase alta (gerentes, gente pudiente) = soborno, coima, arresto domiciliario. Vale callampa la justicia chilena” ¿Les duelen opiniones como éstas o les son indiferentes?
-Bienvenida la crítica y en el plano personal, perfecto que nos critiquen. Incluso, eso legitima democráticamente nuestras decisiones, pero tiene que ser fundada. Los fallos, por disposición legal, tienen que ser fundados; luego, la crítica tiene que ser fundada.
-¿Le ha faltado al Poder Judicial un mayor acercamiento a la comunidad?
Sí, creo que haciendo un mea culpa, eso ha sido así. Se ha tratado de mejorar a través del departamento de comunicaciones de la Corte Suprema y a través de las vocerías en todas las cortes en el país, pero ha resultado insuficiente frente a esta ola de críticas. Creo que mucho de la sensación de descontento de la comunidad hacia el Poder Judicial deviene de su falta de conocimiento tanto de la legislación como de los procedimientos judiciales. Para nosotros rige el principio de publicidad, cualquier persona puede entrar a nuestras audiencias y verificar cómo se están realizando. La mayoría de las actuaciones no son secretas. Ni siquiera podríamos salir por el lado del secretismo u obscurantismo en que se toman las decisiones.
– ¿Nuestros jueces están siendo presionados para fallar en un sentido o en otro, como se critica en los casos Pitronello o de Fernando Karadima?
-No conozco los antecedentes del proceso del señor Pitronello; no puedo pronunciarme con responsabilidad sobre qué pruebas fueron o no ponderadas por los jueces del caso. Lo que puedo decir es que en nuestro sistema legal la calificación jurídica final queda en mano de los juzgadores. Por lo tanto, al tomar una decisión fundamentada están en el pleno ejercicio de su labor jurisdiccional de acuerdo con la Constitución y la ley.
Dentro de la legislación, aparte de las calificaciones que se pueden hacer de un determinado hecho, hay un sinnúmero de disposiciones legales -atenuantes o agravantes- que modifican la responsabilidad y eso puede llevar a determinar que una persona -que inicialmente fue imputada de un ilícito que a primera vista parecía tener una pena muy alta- podría llegar a ser aminorada por estas razones. Y al revés, en una parte primigenia podría partir con penas bajas, y llegar a tener penas más altas con el juego de las agravantes. Esa es la situación que sucede en el caso concreto. Quien no esté de acuerdo con una resolución judicial en un Estado Constitucional de Derecho puede recurrir a los tribunales superiores. Nuestra Constitución determina que existe un debido proceso y por esa garantía constitucional del debido proceso estamos imbuidos en un sistema de doble instancia; es el que permite que los tribunales superiores puedan revisar las (causas) de los tribunales inferiores. En el caso de Pitronello no está dicha la última palabra.
He escuchado críticas también respecto de cómo un tribunal con un juez (unipersonal) o con tres jueces (Tribunal Oral en lo Penal), tuvieron una opinión; la causa fue a la Corte y otros tres jueces tienen una opinión totalmente diversa. Esas son las reglas del juego. Y bienvenidas que sean así. Eso permite desarrollar y darle vida a la garantía constitucional del debido proceso; que las resoluciones puedan ser revisadas y haya otros criterios jurídicos. Esta no es una ciencia exacta desde la perspectiva que dos más dos son cuatro o que el agua moja. Son situaciones que entran en el ámbito de las Ciencias Sociales y por tanto no son ciencias exactas.
-¿Es lo que ha pasado -diría- con algunas resoluciones medioambientales del Poder Judicial? Mucha gente ha sentido renacer las esperanzas de justicia -como dicen en las redes sociales- pero a la vez, empresarios como Eike Batista declaran que “se está volviendo imposible invertir en Chile” a propósito del recurso que acogió la Corte Suprema por la termoeléctrica Castilla, en el norte.
-Ahí tiene usted la paradoja. Por un lado se critica y se dice que la justicia es para los ricos, para las personas pudientes y que las personas de más escasos recursos o no obtienen o les es muy difícil obtener justicia. Ahora es al revés. Hace poco, fallado en primera instancia, esta Corte acogió un recurso por la central Pirquenes (Laraquete). Eso le da vida a lo que yo estoy diciendo. Es esencialmente variable y todo depende del caso concreto que se juzgue.
– Y en el caso Karadima ¿fueron presionados ? La Iglesia Católica tiene mucho peso en nuestra sociedad y ese caso no se ventiló en tribunales sino hasta cuando se pronunció el Vaticano.
-Sobre eso le podría contestar desde ya que el juez que sienta que tiene un peso o una cadena que lo obliga a fallar de una determinada manera -blanco o negro- está negando por antonomasia su calidad misma de juez. El juez está por sobre las partes, es un alter. Y desde esa perspectiva no debiera sentirse presionado frente a ninguna institución por poderosa que ella sea porque estaría negando su condición misma de juez. En el caso de Karadima tengo entendido que el sobreseimiento se hizo porque operó la prescripción. Las leyes no las hacemos los jueces sino que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Aquí se aplicó la ley que dice que determinados delitos prescriben en determinado tiempo y el juez solamente declara la prescripción.
-¿Usted estaba ejerciendo para el 73?
-Todavía no; estaba estudiando.
-¿No supo entonces si se ejercía o no presión a los jueces?
-No, no le podría contestar a eso porque no me consta.
-Pero jueces más antiguos que usted, como el ministro Martínez Gaensly, por ejemplo, las padeció en la tramitación de varias causas…
-Eso sí lo he escuchado: que hubo presiones. Todos deberíamos tener claro que en el gobierno militar la situación de la justicia no es la de hoy. Ahora rige -creo que a plenitud- un Estado de Derecho, democrático y dentro de esos paradigmas, de esos límites tenemos que mantenernos.
Un juez, un árbitro
– Hoy ¿qué está fallando entonces con el nuevo sistema de la Reforma Procesal Penal que fue concebida como una justicia garantista?
– A su pregunta de que los jueces son más o menos garantistas, puedo decir que en el juez per se, su función es de garantía. Sea en el ámbito que sea en que se desarrolle –civil, laboral, penal, tributario- el juez ejerce una función de garantía. Tiene que velar porque las garantías constitucionales y los derechos de nivel legal de las partes que intervienen en un juicio sean respetados. El juez -para hacerlo más coloquial- es como el árbitro en el fútbol. Tenemos un equipo por lado y lado y el árbitro media en el partido: cobra los foul, penales, sanciona los goles. Esa es una analogía para que se pueda entender la labor del juez. Como en todo sistema hay falencias y son perfectibles. Yo fui juez por bastantes años del sistema reformado como juez del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción; es un sistema mucho mejor que el que teníamos anteriormente y que le garantiza tanto a víctimas como a imputados el pleno respeto de sus derechos. Hay instituciones que son perfectibles, por supuesto que las hay. ¿Es labor de los jueces perfeccionarlas? No. Es labor del Poder Legislativo.
-¿Se crearon muchas expectativas que administrar justicia iba a ser más rápido, que los casos se iban a resolver pronto…?
-Yo creo que la perspectiva que se le hizo patente a la comunidad fue que -con el sistema de nueva justicia- se iba a terminar la delincuencia. Y eso no es efectivo. Delincuencia va a existir siempre; no hay país en que no exista y no se le puede pedir a un organismo como el Poder Judicial que tenga responsabilidad a priori en si va a existir más o menos delincuencia. Nuestra labor no es preventiva; crear más fuentes de trabajo, plazas públicas, más policías y labor policial no es tarea del Poder Judicial; es una tarea propia del ente administrador, ejecutivo. A nosotros se nos está atribuyendo responsabilidades que no nos competen desde una perspectiva constitucional ni de la perspectiva legal. Nosotros tenemos una función eminentemente represiva. Juzgamos hechos que ya ocurrieron en el tiempo y le damos la connotación o calificación jurídica que ello amerita. Esa es nuestra labor.
-¿Es preciso reformar ya nuestro Código Penal que castiga más severamente los delitos contra la propiedad privada y no los contra las personas?
Sí, nos estamos quedando con un Código Penal (1874) muy antiguo. Hay asuntos que se quedaron definitivamente en el pasado, que ya están desfasados, hay otras situaciones en que el código no ha avanzado como sí lo ha hecho la comunidad con el acceso a internet, por ejemplo. Sí, es hora de hacer una reforma integral al Código Penal.
-¿Quién tiene que tomar el toro por las astas?
-El Poder Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución de la República, ese tipo de legislación tiene que emanar por mensaje del Ejecutivo sin perder de vista la responsabilidad que en ello tiene el Poder Legislativo.
-¿No pueden tomar la iniciativa los supremos?
-De acuerdo con la ley, la Corte Suprema envía cada año una comunicación al Poder Ejecutivo señalando cuáles han sido aquellas leyes que han presentado dificultades en su interpretación y aplicación; la Corte Suprema le pide informes a las cortes de apelaciones y éstas a los tribunales de su jurisdicción. Lo hacemos todos los años; más aún, nosotros realizamos bastantes actividades de carácter académico dentro del Poder Judicial a través del Instituto de Estudios Judiciales, de la Academia Judicial y la labor que ejerce cada asociación de magistrados en los lugares donde están ubicadas. Lo hacemos público, enviamos las comunicaciones pertinentes y hacemos los análisis desde un punto de vista dogmático y académico de todas aquellas instituciones que pueden estar obsoletas y que ameriten una modificación. Sé que hay un grupo de profesores de Derecho Penal que elaboró un proyecto del nuevo código penal, pero ignoro en qué momento estará en el Ministerio de Justicia y otros entes del Ejecutivo.
-¿Y qué pasa cuando hay que sancionar delitos de índole informático, por ejemplo?
-No todos los delitos están en el Código Penal, pero hay legislación anexa y complementaria al Código que establece otros tipos de ilícitos. A través de esas legislaciones se han ido modificando o complementando o llenando vacíos, pero todavía quedan muchos. Y como contrapartida hay instituciones que están obsoletas. En el Código Penal se mantiene la piratería (piratas de mar), por ejemplo. Hace poco el Tribuna Oral en lo Penal de Concepción acusó un caso de piratería y hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, incluso. Así como esa institución hay varias otras: el atentado contra las buenas costumbres, el pudor. Estamos hablando de buenas costumbres de 1800 (siglo XIX) con una moralidad totalmente disímil a la que hay hoy día. En la academia se dice que el legislador debe ir a tono con la evolución social. Yo veo ahí que hay una falta de vinculación, no hay una sintonía en eso.
Carabineros acusa
-Un documento atribuido a Carabineros (El Mercurio) cuestiona la labor de fiscales y les atribuye “falencias” en las indagatorias. Apunta a fallos operativos y burocráticos de los persecutores cuando acusa que: “En oportunidades, se postergan o anticipan diligencias por existir situaciones particulares de los fiscales como feriados, permisos, comisiones de servicio, ocasionando un trastorno operacional en la investigación o que más bien se hacen a la medida”. ¿Qué opina?
– Ignoro la efectividad de este informe aunque sé que fue publicado en un medio. Si ello fuere efectivo, yo quiero dejar en claro que el Ministerio Público es un ente autónomo. Mucha gente cree que todo este aparataje que hay para la investigación de los delitos es parte del Poder Judicial. Antes de 2000 las investigaciones estaban a cargo de los jueces; ahora, es de los fiscales. El juez lo único que hace es testear toda la información que lleva a juicio el Ministerio Público; ponderar las pruebas y tomar la resolución del caso para calificar una determinada situación. El Ministerio Público y la Defensoría Penal postulan una determinada teoría del caso y en base a las pruebas el juez determina si está o no probado ese hecho y si ese hecho se encasilla o no en alguna norma legal. Esa es la labor del juez; nada tiene que ver con el tema persecutor. No nos toca a nosotros los jueces criticar la labor de los fiscales.
-¿Pero la gente engloba todo como la Justicia?
-Sí, y yo lo entiendo desde una vista macroscópica. Para mí en la Justicia estaría el Ministerio Público, los defensores, los auxiliares de la administración de justicia, los jueces, todos. Pero los jueces estamos en una labor específica como es la que nos asigna la Constitución y la ley que es totalmente distinta, en el caso penal, a la que tienen los fiscales y defensores. Nosotros somos hetero componedores de una situación procesal que es eminentemente contradictoria. Mucha gente no entiende y dice “pero si esto estaba clarísimo; apareció en la TV una persona que lo vio actuar…” pero ¿sabemos acaso si esa persona que lo vio fue a declarar ante el juez? a lo mejor declaró ante el fiscal y ¿si se negó a ir al juicio? ¿Cómo reciben los jueces la información? ¿Es la misma información que recibieron los periodistas que acudieron al lugar del robo ese día? Los jueces no tienen una bola mágica para saber cómo ocurrieron los hechos. Uno reconstruye hechos a partir de los elementos probatorios que le entregan las partes. En el fondo uno redefine una situación que ocurrió en el pasado, porque yo no estoy presente en el momento en que se comete el delito, el homicidio, el robo; hay determinados medios probatorios que me entregan la información de cómo habría ocurrido probablemente ese hecho. Y si yo me formo una convicción más allá de toda duda razonable en relación a un determinado hecho, lo doy por establecido.