El concejal por dos períodos consecutivos, Patricio Lynch, se ha convertido en un real fiscalizador dentro del concejo municipal penquista. Recientemente se enfrentó a la jefa comunal y camarada UDI por el resultado de una licitación y fue acusado de perjudicar a la gente de su partido. “No podía convertirme en cómplice de una actuación ilegal. Nosotros los concejales no podemos votar en términos de fidelidad o lealtad a personas, principios o ideas, sino que debemos hacerlo pensando en el bien común”, asegura.
“¡Te pasaste de la raya!”, “¡te pasaste de la raya!” le representó airado una y otra vez, iracundo, el concejal por Concepción de la UDI, Fernando González Sánchez. El aludido era su camarada de partido y compañero en el concejo municipal, Patricio Lynch Gaete. Ello ante una nueva acción de fiscalizador sin concesiones de este último, nada menos que en contra de la alcaldesa estrella de la UDI en la zona sur, Jacqueline van Rysselberghe. La desencajada reacción de González se produjo luego que Lynch hiciera público un informe de Contraloría -del 27 de noviembre- que cuestionaba la legalidad del contrato que el municipio penquista mantiene con la empresa de Ingeniería Amec Ltda. para la mantención del sistema de alumbrado público de Concepción, por un valor mensual de $13.312.521 millones más IVA.
La objeción del organismo fiscalizador se produjo después de que la alcaldía, con apoyo del concejo municipal, optara por elegir como oferta ganadora a la calificada en segundo lugar por la Comisión Evaluadora en la licitación pública.
En el primero quedó la propuesta de la Compañía General de Electricidad que, aunque más cara, ($13.868.383 más IVA mensual) reunía las mejores condiciones técnicas para adjudicarse la licitación.
La autoridad comunal esgrimió que la oferta de Amec era más barata y que se trataba de una compañía que, según sus antecedentes, prestaba un adecuado servicio en las municipalidades de Valparaíso y de Viña del Mar, ambas lideradas por alcaldes UDI.
Lynch, en contra de la voluntad de la mayoría del concejo, advirtió que optar por la segunda oferta no se ajustaba a derecho y que el municipio arriesgaba una demanda de la empresa que se dejaba fuera con la decisión.
Ante ello, una molesta alcaldesa sentenció a su camarada de partido: “Quisiera decirle a los señores concejales que yo saqué el 64% en la elección pasada. Mi intención es poder mantener esa votación, entonces difícilmente voy estar proponiendo un contrato que creemos no va a prestar el estándar necesario, prestar un buen servicio, en una cosa que es tan sensible a la comunidad como lo es el alumbrado público”. Además insistió en la legalidad de esta determinación que había sido previamente revisada por el equipo jurídico del municipio.
Pese a los reparos de Lynch que se tradujeron en un voto en contra, el concejo municipal aprobó la determinación de la jefa comunal por mayoría simple con la abstención de los concejales de la DC, Rodrigo Díaz y Álvaro Ortiz. El primero, aduciendo que venía llegando de vacaciones y no conocía el fondo de la materia y, el segundo, porque desconocía las bases y tenía “dudas” sobre el tema.
Siete meses más tarde la Contraloría dio la razón a Patricio Lynch y éste inmediatamente pidió la invalidación del contrato con Amec, vigente desde el 1 de abril pasado.
-¿Por qué recurrió a la Contraloría en contra de la decisión del concejo municipal liderado por la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe?
-Porque yo estudié la ley de Compras Públicas. Por eso le señalé a la alcaldesa apenas propuso elegir la segunda opción, que la asesoría jurídica al concejo en este caso era inadecuada. No soy abogado, pero como cualquier persona de sentido común puedo entender el articulado de la ley. Ante eso recurrí a la Contraloría que finalmente atendió mi argumento y concluyó que la alcaldesa no tenía esa competencia, porque la adjudicación no puede quedar al arbitrio de un jefe comunal. En consecuencia, pedí en forma inmediata en el concejo que se invalidara ese acto, porque no podía convertirme en cómplice de una actuación ilegal.
Patricio Lynch atribuyó el apoyo que dio la mayoría simple del concejo a que éstos desconocían el contenido de la ley y que sólo se quedaron con la argumentación dada por la autoridad. Sentenció que él siempre profundiza en las determinaciones que toma el municipio, especialmente, en temas que son complejos y que requieren informarse de mejor manera.
“Muchas veces he cuestionado licitaciones votando solo en contra de ellas cuando tengo dudas. Nosotros los concejales no podemos votar en términos de fidelidad o lealtad a personas, principios o ideas. Debemos votar pensando en el bienestar de la ciudad, en términos del cumplimiento de las normas y de las buenas prácticas. Yo respondo por mí, no puedo calificar al resto del concejo. Yo respondo ante mi conciencia y ante el Creador”.
-¿Es verdad que con este contrato se buscaba beneficiar a un militante de la UDI relacionado con la empresa Amec?
-No, yo no tenía ningún conocimiento sobre quiénes estaban detrás. Mi motivación para actuar sólo obedeció a una cuestión de interés común. Para nosotros, en la UDI, la defensa del bien común, del sentido popular, es algo muy importante que está en el corazón del partido y, por supuesto, en el mío, por eso siempre estoy buscando que se cumpla ese objetivo y también busco que se sigan buenas prácticas, porque si permitimos que se desarrollen malas prácticas estamos creando un caldo de cultivo para la corrupción.
-¿Se permiten malas prácticas dentro de la Municipalidad de Concepción?
-Voy a responder con los hechos. La Contraloría determinó que el contrato por el cual la municipalidad adjudicó la mantención del alumbrado público a la Empresa Amec no se ajustaba a derecho y en consecuencia yo pedí que se invalidara.
-¿Quiénes debes responder por este error? ¿La alcaldesa, los concejales o los asesores jurídicos que respaldaron esa decisión?
-Creo que deben responder todas las instancias que tuvieron parte en esto, específicamente la municipalidad en su conjunto, la alcaldesa y el concejo municipal.
-¿De qué forma?
-Esos mecanismos los establece la ley. La parte afectada puede pedir la invalidación tal como dice el artículo 53 sobre invalidación: “La autoridad administrativa podrá de oficio o a petición de parte invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado siempre que lo haga dentro de los dos años contado desde la notificación o publicación del acto”. O sea está dentro de los plazos.
-¿La alcaldesa van Rysselberghe tiene alguna responsabilidad legal en esto?
-No sé, eso tiene que determinarse. Yo digo que este acto es ilegal, si ella tiene responsabilidades legales seguramente otros organismos serán los competentes para determinarlo.
-¿No evaluó la posibilidad de que con este acto, en plena campaña, podría haber dañado al candidato a diputado de su partido Enrique van Rysselberghe (finalmente electo con 44.348 votos) y a la imagen de su alcaldesa?
-Es verdad que fue en un período de elecciones y es verdad que el hermano de la alcaldesa era uno de los candidatos de la Alianza, pero también es cierto que aún con elecciones el país sigue caminando y por ende los municipios tienen que seguir cumpliendo sus funciones. Por ello, cuando conocí este informe que me advertía de un acto ilegal decidí hacerlo público de inmediato.
-Usted hizo pública esta información el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción a favor de la empresa Hera Bío Bío, por la disputa de un terreno que remató en 21 millones de pesos el marido de la alcaldesa ¿Simple coincidencia?
-Fue una coincidencia que dos aspectos legales surgieran en el mismo día, pero eso no implica que yo haya tenido la concertada opinión de destruir la imagen de la alcaldesa.
-¿Recibió un llamado de atención del presidente regional de la UDI, el diputado Jorge Ulloa?
– Es verdad que Jorge me llamó, pero lo hizo para saber qué había pasado, porque el presidente del partido tiene que estar informado de lo que está sucediendo. Yo le expliqué lo ocurrido y le dije, tal como alguna vez señaló el ex presidente Ricardo Lagos: ‘Dejemos que las instituciones funcionen’.
-Al terminar esa polémica sesión usted fue increpado por el concejal UDI Fernando González ¿Qué fue específicamente lo que él le cuestionó?
-Me cuestionaba que hubiese hecho público este informe de la Contraloría que, según él, perjudicaba a la alcaldesa. Supongo que me cuestionaba por no haberlo guardado o no haberlo hecho pedazos, lo que no tendría sentido porque no estamos barriendo hacia adentro. Nosotros estamos llamados a hacer un buen gobierno para proteger a la gente, y eso se hace de cara a las personas, transparentemente. Entonces, lo que dijo el concejal González, que tuvo la tribuna para hablar durante la sesión y no lo hizo, no es meritorio de seguir comentando. Sé que no era algo agradable, pero no quiero recordarlo, porque no vale la pena.
-¿La militancia UDI obliga a tener ese tipo de lealtades que le reclamaba el concejal González?
-No, porque si así fuera yo renunciaría en forma inmediata. Nadie puede amordazar las conciencias. Aquí uno tiene que hacer las cosas correctas. Uno tiene que apegarse a la ley. Si uno violenta la ley está creando condiciones para que puedan generarse elementos de corrupción.
-¿Eso estaría sucediendo dentro del municipio de Concepción?
-No lo sé. No puedo hacer una acusación de ese tipo. No me consta, yo solamente me remito a lo que tengo a mi vista y actúo conforme a la ley, como en este caso. Sí vuelvo a señalar que si se permiten malas prácticas se puede generar corrupción.
-¿Es cierto que usted arriesga una sanción dentro de su partido?
-De ninguna manera y si fuera así quiere decir que estoy mal ubicado.
-Esa sanción fue pedida por algunos de sus camaradas …
-No tengo información, sé que el tema preocupa porque no se puede desconocer que la alcaldesa en la última elección obtuvo una alta votación (64%) que refleja que la gente está conforme con ella. Pero eso no significa que pueda hacer cualquier cosa. Ella sólo puede actuar conforme a la ley.
-¿Cómo quedó su relación con la alcaldesa?
-Ella está molesta con todo esto y yo también; no puedo estar contento. Sin embargo, pienso que uno tiene que pesar y ver qué es más importante: las dificultades, las molestias o estar de acuerdo con mi conciencia. Yo tengo que velar por las personas que me eligieron. Y escogí el camino difícil. Seguramente voy a tener más molestias, pero la gente puede estar tranquila conmigo porque yo voy a cumplir mi obligación.
“Necesitamos un concejo que actúe con independencia”
¿Buscaba Patricio Lynch mayor protagonismo dentro de su partido? ¿La arremetida de figuras jóvenes está preocupando a los viejos estandartes en la UDI?
“De ninguna manera”, se apura en contestar el académico y vicepresidente regional de la Unión Demócrata Independiente.”Yo he participado públicamente por muchos años, participé en el gobierno militar, en la cosa pública he estado permanentemente por décadas cumpliendo mis funciones con honradez, con honestidad y con apego a las leyes, sin faltar a mi conciencia y pongo a la gente por testigo”, remata.
Aunque no faltó a su conciencia, lo que le permite, dice él, estar tranquilo, se nota que Patricio Lynch está incómodo y dolido por el hecho de que se cuestionaran sus intenciones.
“Me duele que no se vaya al fondo del asunto. Me duele que importen más otro tipo de intereses, como pensar a quién se está perjudicando políticamente. El municipio tiene responsabilidades y una de ellas es que sus procesos sean transparentes y que todo el mundo pueda decir: mire, en este municipio se hacen las cosas correctamente”.
-¿Qué ha hecho Ud. como concejal para recuperar la deuda impaga de $500 millones que tiene el padre de la alcaldesa y ex diputado, Enrique van Rysselberghe, con el municipio penquista por el caso Arenas Bío Bío?
-Nosotros actuamos en términos de la información que nos proporcionan, los concejales le han pedido directamente a la asesoría jurídica del municipio que nos entregue el listado de causas que la municipalidad lleva y nosotros actuamos de acuerdo con eso.
-¿No les han entregado antecedentes sobre este caso?
-Por lo menos yo nunca los he visto. Aquí también hay un problema, porque los actos de fiscalización del concejo se hacen como cuerpo legal, por lo tanto, tienen que estar los votos disponibles. Desde que soy concejal nunca ha habido una auditoría económica al municipio y debería haber una. Pero para pedirla se necesitan los votos en el concejo. Hacia allá va mi reclamo y se los dije a los demás concejales: que no actuáramos en términos de lealtades personales, ideológicas o religiosas, sino en términos del bien común y de la propia conciencia. Si los concejales tuviéramos otra forma de actuar a lo mejor su pregunta tendría respuesta.
-¿Son más de 500 millones de pesos? ¿Qué le dice su conciencia? ¿Esto no amerita una actitud más diligente del concejo municipal de Concepción?
-Exactamente, yo estoy de acuerdo, pero como le repito, si no llega esa información qué podemos hacer. La última instancia que tienen es la acusación al alcalde de notable abandono de deberes, pero para eso se requiere un concejo que esté de acuerdo. Un concejo que actúe con independencia.
No disponer de antecedentes sobre las causas en las que el municipio está involucrado ha hecho que los concejales penquistas se hayan llevado más de una sorpresa a través de la prensa.
“De las demandas de los profesores nosotros no estábamos informados. Habíamos tenido al director del DAEM presente en las reuniones. Sin embargo, nunca nadie nos informó que había más de 50 demandas presentadas en contra del municipio”, agrega Patricio Lynch.
-De hecho la municipalidad debe pagar cerca de 400 millones de pesos a un grupo de profesores porque no se apeló a la resolución de primera instancia ¿Qué hará al respecto?
-Nosotros hemos pedido información sobre este tema, que por cierto todavía no se entrega. Pero si esto ocurrió porque los abogados municipales no cumplieron su función y hay que pagar esos dineros, alguien tiene que responder. Por lo tanto lo primero que debería haber es una investigación interna; segundo, yo creo que debería intervenir la contraloría o incluso el CDE porque son recursos de todos los chilenos que están comprometidos y que se pierden porque no hay una adecuada defensa jurídica.
-¿Qué opina de que en el caso “Hera Bío Bío” haya estado involucrado un profesional que prestó asesoría jurídica a la municipalidad?
-Apenas me consultaron sobre este caso yo dije que no defendía lo indefendible y que esperaba que los tribunales resolvieran en derecho. El tribunal falló y restableció el ordenamiento jurídico en términos de que la empresa Hera sigue siendo dueña de ese predio.
-¿Qué va ocurrir con su militancia en la UDI? Se acaba de enfrentar a una de sus figuras fuertes como es la alcaldesa van Rysselberghe.
-No lo sé, pero esa no es mi preocupación mayor, mi preocupación mayor es cómo seguir actuando y cómo hacerlo bien, cómo cumplir con la gente. Independientemente de los votos que uno saque, uno tiene un cargo y tiene que cumplir con las funciones de ese cargo.