La seguridad social, campo del bienestar social, generalmente en manos del Estado, se refiere a la protección social y a la cobertura de necesidades básicas, siendo el sistema de pensiones una de sus piezas fundamentales.
El sistema de previsión social es un instrumento relativamente nuevo, cuyo origen se remonta a fines del siglo XIX, implantándose con fuerza luego de la II Guerra Mundial, tras el surgimiento de la Sociedad del Bienestar, entendiéndose hoy como un derecho social institucionalizado.
Chile fue el primer país latinoamericano en tener una política pública de previsión social, bajo un sistema de reparto (1924) que se mantuvo sin grandes cambios hasta 1980 cuando, producto de su inviabilidad económica, se migra hacia un sistema de capitalización individual, creándose las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
A casi 40 años de su puesta en marcha, la realidad de las pensiones ha puesto en tela de juicio al sistema en su conjunto, surgiendo voces que cuestionan la legitimidad del modelo y que, sin propuestas técnicamente factibles de por medio, propugnan su desaparición.
El descontento y la movilización ciudadana han obligado al Gobierno a intervenir, aunque también las AFP’s han acusado el golpe y desplegado esfuerzos, algo tardíos, para explicar mejor a sus afiliados las ventajas del sistema, un debate que se ha acrecentado dado el actual contexto pre-electoral.
Para el Ejecutivo esto se ha transformado en un dolor de cabeza, manifestándolo con erráticas señales. Primero, vino la promesa de campaña de una AFP Estatal, que no se cumplió; luego, la creación de una Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, cuyo informe final no fue del gusto del Gobierno y, finalmente, el impulso a una reforma del sistema previsional de las Fuerzas Armadas.
En lo concreto, se ha ingresado un proyecto de reforma a tramitación, que implica el incremento de un 50 % en la cotización individual del trabajador, que es aceptado por todos, pues no es ningún secreto que este mayor ahorro significará un aumento en las pensiones. Pero lo que no logra generar acuerdos es el destino de esos recursos, pues casi la mitad iría a financiar un ahorro colectivo, dejando de ser propiedad del trabajador y transformándose en un impuesto que tiene como base tributable el ingreso del trabajador asalariado, algo que algunos consideran un golpe a la clase media, quienes proporcionalmente pagarían más que la clase alta y recibirían menos beneficios.
Por otro lado, el 71 % de los cotizantes opina que este aporte adicional debería ir íntegramente a su cuenta individual. En definitiva, se trata de una iniciativa de gran envergadura que debe analizarse seriamente, considerando tiempos de discusión pertinentes, que excederían los plazos electorales.
Más allá de las presiones del momento, y lo que suceda en el futuro al respecto, es de esperar que el diálogo y la razón den lugar a los entendimientos necesarios que permitan construir un sistema previsional sustentable que dé acceso a pensiones más dignas y equitativas a todos nuestros conciudadanos.