
La nueva ley introduce concursos públicos para el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, fija precios máximos para sus servicios y establece estándares mínimos de atención, digitalización y fiscalización, con el objetivo de modernizar un sistema que millones de personas utilizan cada año.
Cada año, millones de personas en Chile realizan trámites fundamentales como compraventas, poderes, testamentos, contratos, escrituras o inscripciones. Todos ellos requieren de la participación de un notario, archivero o conservador, figuras esenciales del sistema registral del país.
La reciente reforma al sistema notarial y registral, que fue despachada por el Congreso tras años de tramitación legislativa, introdujo importantes cambios orientados a modernizar el servicio, facilitar su acceso y estandarizar su funcionamiento.
Ejes de transformación
La nueva ley contempla transformaciones en los siguientes ámbitos:
- Concursos públicos para los nombramientos
Desde ahora, los notarios, conservadores y archiveros serán designados mediante concursos públicos administrados por la Alta Dirección Pública, con decisión final del Ejecutivo. Además, se establece una regla de inhabilidad que impide postular a estos cargos a personas con parentesco cercano con autoridades como parlamentarios, ministros, subsecretarios o integrantes del Poder Judicial.
- Nuevas formas de fiscalización
La fiscalización del servicio ya no estará únicamente a cargo de los ministros de las Cortes de Apelaciones. Se suman los fiscales judiciales y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), este último con atribuciones para recibir y gestionar reclamos relacionados con calidad de atención, tiempos de respuesta y cobros.
- Requisitos mínimos para las notarías
Todas las notarías del país deberán cumplir con estándares mínimos de infraestructura, equipamiento, presencia digital y horarios de atención. Esta medida busca entregar condiciones más homogéneas a nivel nacional y mejorar la experiencia de las personas usuarias.
- Avance en digitalización
La reforma promueve la modernización digital del servicio notarial y registral, incluyendo acceso remoto y gratuito a registros, canales de reclamos en línea, sitios web informativos y plataformas para facilitar distintos trámites.
- Transparencia tarifaria
Se fijarán precios máximos para los servicios prestados por las notarías, determinados por un procedimiento técnico coordinado por los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía. Esto permitirá a las personas usuarias conocer de antemano el valor de los trámites que realizan.
- Límite de edad para ejercer
La ley también establece que quienes ejercen como notarios deberán jubilarse obligatoriamente a los 75 años, lo que define un límite claro para la permanencia en el cargo.
Con estos cambios, la reforma busca fortalecer el sistema registral y notarial en sus aspectos organizativos y funcionales, con foco en la calidad del servicio, la transparencia de los procesos y el uso de herramientas digitales que simplifiquen la vida de las personas.

