La iniciativa busca entregar herramientas a las familias y a los tribunales de familia para intervenir a tiempo ante situaciones que afecten el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué ocurre cuando un niño o adolescente incurre en conductas de riesgo y su entorno familiar no logra ejercer una supervisión adecuada? Esa es una de las situaciones que busca abordar el proyecto de ley de responsabilidad parental presentado por el Gobierno, que propone reforzar el rol de madres, padres y cuidadores en la formación y protección de menores de edad.

La iniciativa surge ante la preocupación por casos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por adolescentes, para plantear que la prevención y el acompañamiento familiar deben ser herramientas fundamentales para evitar que estas situaciones se agraven.

“El proyecto  incorpora herramientas para facilitar la reparación de víctimas cuando se produzcan daños provocados por menores de edad, buscando que las respuestas judiciales sean más oportunas y efectivas”.

El proyecto busca que el Estado pueda intervenir de manera temprana cuando existan dificultades en el ejercicio de los deberes parentales. Uno de los principales cambios que propone es la creación de un procedimiento especial en los tribunales de familia. Este mecanismo permitirá identificar casos en que exista una falta de guía, acompañamiento o supervisión, y determinar qué tipo de apoyo requiere cada grupo familiar.

La propuesta establece que la primera respuesta debe ser preventiva y colaborativa. Esto significa que se priorizarán medidas de orientación y acompañamiento antes que sanciones. Solo en aquellos casos donde exista un incumplimiento grave y persistente de las responsabilidades parentales podrán aplicarse medidas de mayor intensidad.

Además, la iniciativa incorpora herramientas para facilitar la reparación de víctimas cuando se produzcan daños provocados por menores de edad, buscando que las respuestas judiciales sean más oportunas y efectivas.

En concreto, el proyecto se basa en cinco ideas principales: detectar a tiempo situaciones de riesgo, fortalecer a las familias, crear una vía especializada en tribunales de familia, aplicar medidas proporcionales y promover una responsabilidad compartida entre familias, comunidad y Estado.

Así, expresan desde el gobierno,  la propuesta busca instalar un enfoque preventivo: intervenir antes de que los problemas crezcan, para reforzar el papel de la familia como primer espacio de cuidado y formación de niños, niñas y adolescentes.