En cuanto a delitos en general, la región se ubica octava a nivel país. El informe detalla datos por región y también entrega un informe comunal en el que destacan dos comunas: Concepción y Lebu. Esta última, con la mayor tasa ponderada de delitos en la región.
Por Elías Meza
En un 20% aumentaron los delitos relacionados con el crimen organizado en la región del Biobío, entre 2022 y 2023. Este es uno de los hallazgos de la más reciente versión del Indicador Nacional de Crimen Organizado, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián.
El documento recopila el total de delitos registrados por región y los separa según su naturaleza (de ahí el indicador de delitos por crimen organizado) y contexto poblacional. En cuanto al registro total de delitos entre 2022 y 2023, Biobío se encuentra en octava posición; y en la décima posición nacional si la cifra se adapta a su tamaño poblacional.
El informe entrega resultados centrados en la frecuencia y tasa ponderada por habitantes, además de considerar variables estructurales de las comunas. A nivel regional, los delitos más prevalentes son el tráfico de drogas y otros delitos organizados, ambos en expansión. Las dimensiones que registraron mayores variaciones entre 2022 y 2023 fueron: ciberdelincuencia (+200%), presencia de drogas (+23%) y violencia asociada al crimen organizado (+20%).
Pero el panorama cambia cuando se trata exclusivamente de crimen organizado. Si sumamos los años 2022 y 2023, Biobío se transforma en la tercera zona con más delitos de este tipo (10.782), solo por debajo de Valparaíso (15.997) y la Región Metropolitana (46.674).
El primer año Biobío sumó 4.903, mientras el segundo 5.879. Dicho aumento en los casos ingresados al Ministerio Público, que significó ese 20%, duplica el promedio nacional para los delitos de este tipo.
El informe que detalla las cifras fue bien recibido por las policías de la región. “Contar con este tipo de datos nos permite anticiparnos, focalizar esfuerzos y planificar mejor la labor policial. Valoramos que la academia se involucre en el diagnóstico de un fenómeno que afecta directamente a las comunidades”, declaró el general Renzo Miccono, jefe de la Octava Zona de Carabineros.
Por su parte, Claudia Chamorro, prefecta inspectora y jefa regional de la PDI, agregó que este indicador refuerza el trabajo que ya venimos desarrollando con nuestras unidades especializadas y el modelo territorial Cero. “Nos permite consolidar estrategias y continuar el trabajo coordinado con otras instituciones para enfrentar el crimen organizado”, indicó
Cifras en Concepción y Lebu
El Indicador Nacional de Crimen Organizado también considera el detalle por comuna para algunas ciudades de Chile, entre ellas Concepción, que registró 2.404 delitos vinculados con el crimen organizado durante el período analizado. Este resultado la posiciona como la 12ª comuna con mayor frecuencia ponderada a nivel nacional, con un porcentaje de 470,10%.
Los principales delitos identificados fueron tráfico de drogas, violencia organizada y ciberdelitos. “Concepción tiene un volumen alto de delitos asociados al crimen organizado, lo que responde a su condición de capital regional y centro comercial. Si se busca reducir el impacto regional, es estratégico focalizar recursos en esta comuna”, explicó la investigadora CESCRO USS, Camila Astraín.
Si bien presenta indicadores sociales por debajo del promedio nacional en pobreza y hacinamiento, Concepción enfrenta importantes desafíos estructurales en materia de seguridad: Entre 2022 y 2023, contó con un presupuesto municipal por habitante de $418, frente a los $723 del promedio nacional, y concentra un alto porcentaje de población extranjera, lo que plantea exigencias adicionales en integración y políticas públicas.
En contraste, Lebu lidera la tasa ponderada de delitos asociados al crimen organizado en la región, con 255 delitos por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el puesto 36 a nivel nacional.
La comuna, según el Censo 2024, posee poco más de 25.200 habitantes. El informe del CESCRO registró un total de 334 delitos y enfrenta condiciones adversas: altos índices de pobreza por ingresos, hacinamiento y un presupuesto local de solo $340 por habitante.
