Abogado
Abordar el tema de la inmigración en Chile resulta una tarea compleja para cualquiera, sobre todo por la falta de información rigurosa y por la escasez de estudios científicos serios sobre el fenómeno. Particularmente, en lo que toca a sus consecuencias económicas y sociales.
Por otro lado, esta temática pone a prueba a nuestra sociedad y al Estado, en lo relacionado con el conjunto de normas jurídicas que nuestra República ha generado en el ámbito de los derechos humanos y que, ciertamente, deben ser respetadas por todos.
Según cifras del INE, en el año 2017 los habitantes de Chile alcanzaron la cifra de 17.574.003, de los cuales, 746.465 eran extranjeros. Con todo, en febrero de 2019, el mismo organismo estimó que el número de extranjeros residentes en nuestro país alcanzaba la cantidad de 1.251.225.
La cifra casi se duplicó, y no precisamente por la llegada de 500 mil nuevos residentes extranjeros en el último año, sino más bien por la falta de diligencia con la que el Estado ha operado en esto de contar a sus inmigrantes y de determinar su ubicación, cuestión que por lo menos se ha corregido.
Si recién sabemos cuántos inmigrantes han llegado y en qué zonas se han ubicado, es fácil advertir que no han existido políticas públicas focalizadas que aborden la situación de estos nuevos residentes y de la totalidad de los habitantes de cada localidad. Luego, el Estado ha venido actuando a tientas.
Muchos dirán que la situación de vulnerabilidad del inmigrante es la misma que tenía al ingresar a nuestro territorio, de modo que no es nuestro problema. Sin embargo, lo que esta afirmación no tiene en cuenta es que al entrar a nuestro país el inmigrante pasa a formar parte de nuestra sociedad y, por tanto, su problemática también pasa a ser nuestra.
A nuestro entender, creemos que el Estado debiera estudiar en forma urgente y seria las consecuencias económicas y sociales que el fenómeno está provocando. Y, por sobre todo, priorizar la destinación y aplicación de los recursos económicos a aquellas zonas del país en que los inmigrantes se han ido localizando, de modo que tanto nacionales como extranjeros reciban el mismo trato y estándar de calidad existente hasta antes de la llegada de los nuevos residentes.
Así se evitará que grupos tribales comiencen a hacer llamados al odio basados en la pérdida de bienestar, como ocurriera con la Marcha Anti Inmigración convocada la segunda semana de agosto que, para el bien de todos, fracasó gracias a nuestra legislación e institucionalidad.
Por lo pronto, cabe destacar el libro publicado hace algunos días por el CEP, titulado Inmigración en Chile: una mirada multidimensional (editado por Isabel Aninat y Rodrigo Vergara), que analiza fundadamente el fenómeno.
El desafío que tenemos es enorme. Sin embargo, esperamos confiados que nuestros gobernantes ajusten nuestra administración y recursos a esta nueva realidad, para seguir cantando con orgullo esa vieja canción que por ahora sin ironías nos dice: “…y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero”