La imagen de un niño desnudo en un espectáculo circense en Iloca, Séptima Región, originó una nueva discusión mediática en torno al trabajo infantil. No hubo autoridad consultada que no pusiera “el grito en el cielo” para exigir medidas de protección hacia aquel menor, lo que obviamente fue un sentimiento compartido entre todos quienes conocieron la noticia.
Pero lo que no se mencionó en este debate es qué se puede hacer también con los otros 240 mil niños, niñas y adolescentes chilenos entre 5 y 17 años que también desempeñan actividades remuneradas (cifras de la Primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente OIT y Ministerio del Trabajo, 2003). La legislación en el país es clara: ningún niño menor de 15 años puede trabajar. A pesar de ello, se siguen descubriendo situaciones que vulneran la normativa. Durante los primeros días de enero, una funcionaria de la Seremi de Salud de la Octava Región -que debía realizar una charla preventiva a las temporeras de un fundo de la provincia de Bío Bío- descubrió que en el lugar al menos el 30% de los trabajadores tenía entre 10 y 14 años. La mayoría de ellos trabajaba junto a sus padres. Curiosamente, éstos justificaban la situación, aduciendo que de esta manera los protegían de los “peligros o abusos” a los que se exponían mientras esperaban solos en casa.
Su argumento podría ser comprensible si no existieran estudios que aseguran que el trabajo infantil ocasiona graves consecuencias sociales, morales y físicas: profundiza la desigualdad, acelera los procesos de maduración, impide o limita el adecuado proceso educativo, produce pérdida de autoestima, expone a los menores a padecer enfermedades crónicas, provoca retraso en el crecimiento y agotamiento físico, entre otros. Considerando esta sólida lista de argumentos, vale la pena cuestionar ¿qué esperamos para denunciar con la misma fuerza que en el caso del menor del circo, lo que ocurre día a día con los niños que cuidan y lavan autos, con los que cantan en las “micros”, con los cargadores de la feria, con los que venden en el comercio ambulante, con los que en sus hogares desempeñan la mayoría de las labores domésticas…
En unas semanas se promulgará la ley que regula el trabajo de menores entre 15 y 18 años. La normativa no prohibe trabajar a los jóvenes de este rango etario, aunque sí condiciona, a través de una serie de obligaciones, su incorporación al mercado laboral para proteger su salud y asegurar la continuidad de sus estudios básicos y secundarios. Sin duda esta ley es un gran avance, pero para que se cumpla se necesita que además de los organismos fiscalizadores, la sociedad entera se comprometa a denunciar cualquier caso en que se vea a un niño trabajando en condiciones abusivas. Hay que considerar que un niño que trabaja y no estudia se convertirá en el futuro en un pobre que seguramente deberá usar mano de obra infantil para complementar los bajos ingresos de su familia… y así seguirá el círculo.