Dr. Ernesto Treviño, Director ejecutivo CELITED UC, profesor titular Educación UC y doctor en Educación de Harvard.
La violencia en las escuelas no tiene su fuente en los recintos educativos, sino en los hogares. Constitucionalmente, los padres de familia tienen en Chile el derecho preferente de decidir el tipo de educación que ofrecen a sus hijos, lo que incluye tanto el ámbito del hogar como el del sistema educativo. Sin embargo, el 66% de los hogares del país declara que usa la violencia psicológica o física como método educativo de sus hijos.
Así, se puede percibir que son las familias que tienen el derecho preferente y la responsabilidad de la educación de sus hijos, quienes están al debe en la tarea de socialización de los menores de edad. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes nace y se enseña en el hogar como un medio legítimo de solución de problemas y conflictos.
Dichas formas de crianza, posteriormente, se traspasan a las relaciones humanas en las escuelas, donde los estudiantes llegan con habilidades sociales descendidas y las escuelas responden con lineamientos de conducta principalmente punitivos, lo que impide la resolución pacífica de las diferencias y los conflictos.
La política pública para tratar el tema de las habilidades parentales para disminuir la violencia y también el trato de conflictos en las escuelas tiene predominantemente un tono remedial y punitivo. El Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Ley 21.430) tiene por objetivo garantizar el ejercicio de derechos de salud, educación y protección, entre otros. Para ello, plantea la corresponsabilidad, estableciendo el deber del Estado de apoyar a las familias en su rol protector que, en la actualidad, no cumplen a cabalidad.
Asimismo, existe una debilidad de política pública para apoyar el desarrollo de habilidades parentales, de forma tal que se pueda contener la violencia en contra de los NNA en los hogares. El sistema de salud, por su parte, es precario o inexistente respecto del tratamiento de trastornos psicológicos para la población en general, y para los niños en particular. Sin esos apoyos, difícilmente se podrá alterar el rumbo de la socialización infantil en Chile, ni promover la autonomía progresiva para que esos niños se desarrollen como adultos responsables y capaces de conducir sus proyectos de vida.
“La evidencia, además, ofrece una hoja de ruta clara: aproximadamente el 80% de los conflictos podría prevenirse usando estrategias de gestión de aula con enfoque formativo. Cerca del 15% de los casos podría atenderse a través de duplas psicosociales de las escuelas. Y solo el 5% de los casos requiere atención individualizada especializada”.
Desde la política educativa, el diagnóstico no es mejor. Esta se concentra en medidas remediales, desconectadas y no siempre basadas en evidencia.
En primer lugar, es indispensable comprender la magnitud del fenómeno. En el año 2025 se presentaron 22.680 denuncias a la Superintendencia de Educación, lo que equivale a que estos eventos afectaron a un 0,64% de los estudiantes del país (dado que la matrícula 2025 fue de 3.541.790).
Si bien se han aprobado recientemente normas relativas a la convivencia, faltan estrategias, recursos y programas educativos e intersectoriales que atiendan integralmente los casos de violencia que ocurren en las escuelas, desde la promoción y no la atención individual.
La evidencia, además, ofrece una hoja de ruta clara: aproximadamente el 80% de los conflictos podría prevenirse usando estrategias de gestión de aula con enfoque formativo. Cerca del 15% de los casos podría atenderse a través de duplas psicosociales de las escuelas. Y solo el 5% de los casos requiere atención individualizada especializada.
Finalmente, se requieren esfuerzos intersectoriales y mancomunados entre distintos sectores de política pública, actores públicos, privados, academia y sociedad civil, poniendo un énfasis principalmente promocional, que complementen las medidas correctivas actuales. Las escuelas no pueden solas con lo que las familias y el Estado no resuelven.
